El revuelo actual causado por un proyecto de ley para descriminalizar la posesión para uso personal de marijuana no debe de sorprender, pero aún voces conservadoras tendrían que admitir que la mano dura no nos ha llevado muy lejos en erradicar el uso de sustancias en Puerto Rico. Ya el gobierno federal de Washington ha comenzado a reenfocar la manera en que se instituyen las penas en los delitos relacionados al narcotráfico.
La sobrepoblación de reos en el sistema federal significa una crisis de sostenibilidad económica, ha admitido el propio Secretario de Justicia de los Estados Unidos, Eric Holder. Esta crisis es evidente en el centro de detención federal de Guaynabo, que en los últimos años se ha inundado de humanidad porque el gobierno estatal ha cedido en parte a las autoridades federales el procesamiento de los casos de narcotráfico, entre otros. En el sistema federal por lo menos la mitad de los reos está cumpliendo penas mandatorias por cargos relacionados al tráfico o tenencia de sustancias controladas. De acuerdo a un reportaje en la revista The Economist, actualmente hay una sobrepoblación de un 40 por ciento en las instalaciones penitenciales federales a través de la nación norteamericana. Desde la década de los 1940 hasta los 1980, la población penal federal se mantuvo más o menos estable, pero cuando comenzó la epidemia del crack en los Estados Unidos, el Congreso instituyó sentencias mandatorias para casos de narcóticos. Dice la revista que desde 1980 hasta el 2013, el número de reos federales se disparó de alrededor de 24,000 a la cantidad monstruosa de 219,000. El presupuesto del Buró Federal de Prisiones ha incrementado un 600 por ciento durante ese tiempo.
En un renombrado discurso el mes pasado ante la principal asociación de juristas norteamericana, Holder dijo básicamente que demasiada gente es encarcelada por un tiempo no justificado (o desproporcional) en el sistema federal. Anunció entonces una serie de medidas de reforma, entre las cuales está darle pronta libertad a un sinnúmero de reos de mayor edad. En el congreso norteamericano se ha presentado medidas que facilitarían que los jueces federales se desvíen de los mínimos mandatorios. También hay una legislación pendiente para rebajar las sentencias mandatorias por ofensas a las leyes federales de narcóticos. Hace poco más de un año en Puerto Rico entró en vigor un código penal cuya característica principal es precisamente la imposición de este tipo de sentencia. Fue necesario llegar al punto de la crisis fiscal para que las autoridades federales confrontasen su sistema irrazonable e inhumano. Leyes de conspiración federal han permitido que todos los actores dentro de una organización de narcotráfico reciban sentencias altas, incluyendo hasta el mozalbete que le pagan unos pocos dólares para que vele el punto de drogas
Puerto Rico tiene un sistema estatal carcelario sobrecargado. Aunque sea sólo en términos de dólares y centavos, hay que cuestionar la efectividad de un sistema social y de justicia que, al parecer, lo único que busca es encarcelar a los convictos por largos periodos de tiempo. Tomando en cuenta todos sus reos, estatales y federales, los Estados Unidos encarcela a más personas que ninguna nación en el mundo, incluyendo a China, que tiene más de cuatro veces su población. Moraleja para ellos tanto como nosotros: la “guerra contra las drogas” no es efectiva. No debemos de centrarnos solamente en los castigos porque la amenaza de encarcelación no ha sido suficientemente preventiva. ¿O es que queremos una sociedad en que todas las familias tengan a alguien preso o en probatoria por delitos de drogas?