San Juan- La senadora María de Lourdes Santiago presentó ayer una resolución para que la Asamblea Legislativa puertorriqueña exprese su rechazo al inicio de acciones bélicas de Estados Unidos contra Siria.
Santiago, portavoz en el Senado del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), manifestó que la amenaza de intervención militar de Washington es contraria al derecho internacional.
Por esta razón, expuso, ha sido además cuestionada por distintos sectores, incluyendo aliados tradicionales de la nación norteña.
Recordó que representantes de la comunidad árabe en Puerto Rico se han declarado públicamente a favor de una solución no bélica, tal como lo ha hecho el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, quien ha advertido de las terribles repercusiones que generaría un ataque de Estados Unidos contra el pueblo sirio.
La senadora Santiago señaló, además, que otras personalidades, como el Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel y el papa Francisco, han hecho un llamamiento a la búsqueda de una solución política y pacífica.
Indicó que cientos de miles de civiles inocentes serian víctimas de esa nueva acción prepotente de Estados Unidos, falsamente justificada por el alegado uso de armas químicas.
"Antes de que se hiciera el señalamiento sobre armas químicas, ya había cien mil muertos, dos millones de exiliados y cinco millones de desplazados al interior de Siria, y Estados Unidos no estimó pertinente hacer saber su indignación", dijo la también vicepresidenta del PIP.
La senadora independentista se mostró esperanzada de que la resolución condenatoria a la guerra promovida por el presidente Barack Obama sea considerada a la mayor brevedad.
"Para nosotros los puertorriqueños, una acción militar implica además poner en riesgo la vida de compatriotas nuestros que sirven en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos", argumentó sobre este territorio del Caribe bajo el dominio de Washington desde 1898, que hace 61 años lo convirtió en un Estado Libre Asociado (ELA).
Añadió que "sería imperdonable" el silencio de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico ante esa amenaza a familias puertorriqueñas.