Vivimos en un país en crisis económica. Eso lo sabemos desde el 2005/2006, tiempo desde el cual no tenemos crecimiento positivo de la economía. Tres gobiernos, el de Aníbal Acevedo Vilá, Luis Fortuño y ahora de Alejandro García Padilla, han padecido junto a nosotros el pueblo, de los efectos y embates de esta crisis económica.
Sobre los bonos emitidos no hay duda de que Puerto Rico siempre honra sus obligaciones. Ahí no está el problema. El problema versa que de enero 2013 para acá, el valor de los bonos a vender del gobierno de Puerto Rico, ha ido perdiendo su valor nominal y de clasificación en el mercado, lo cual impone severas obligaciones al gobierno en caso de que emita nuevas obligaciones. Es decir, prestar en este momento está difícil para el gobierno, pues por actos incomprensibles los bonos están perdiendo valor y costaría más garantizarlos, y por otro lado las agencias crediticias como Standard & Poor´s o Moody´s han consistentemente degradado el crédito del gobierno de Puerto Rico en su conjunto (gobierno central, municipal y corporaciones públicas) en los últimos meses.
El problema de los bonos tiene múltiples niveles, el que deseo explorar es el de la obligación constitucional. Reza la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico lo siguiente en el Capítulo VI, sección 8:
Sección 8. Prioridad de desembolsos cuando recursos no basten.
Cuando los recursos disponibles para un año económico no basten para las asignaciones aprobadas para ese año, se procederá en primer término, al pago de intereses y amortización de la deuda pública, y luego se harán los demás desembolsos de acuerdo con la norma de prioridades que se establezca por ley.
Lo interesante es que sí vivimos en un país endeudado con $70 mil millones de dólares obligados a terceros; con un déficit presupuestario de $1,100 millones de dineros que no entran al erario público; y peor aún sin crecimiento poblacional – es decir, no hay expectativa de que esto va a mejorar. Por ende, nuestra Constitución nos impone que ante la crisis le paguemos primero a los bonitas, sus intereses y su principal. En otras palabras, si la avenida Ponce de León no tiene luces por la noche, se debe a que el gobierno no tiene capacidad de pagarlas, pero si ha tenido capacidad de pagarle a los bonitas.
Por ende, es un momento de repensar nuestras obligaciones constitucionales y tal vez de pensar la situación de otra forma, porque sin lugar a dudas nuestro proceder colectivo nos ha llevado a esta situación. Me parece que deberíamos pensar en el impago a los acreedores, lo cual al día de hoy nunca ha pasado, por ende algún crédito tiene Puerto Rico a nivel del mercado de los EE.UU. No obstante el efecto de pagar ha sido que la calidad de todos y todas los que vivimos en esta isla, ha desmerecido: hospitales públicos con bacterias; vías rápidas-expresos cada vez más caros, y pobres servicios de transportación marítima a las islas municipio de Vieques y Culebra; la educación universitaria pública sin capacidad de absolver las necesidades de los más necesitados que acaban, sobre 150 mil alumnos, en el sistema privado universitario que es altamente costoso.
Pues bien, cambiemos la formula constitucional si no queremos recurrir a un impago. Pero si deseamos que los boricuas nos quedemos a vivir en esta isla, tal vez con bien poco, con reparar un hoyo en la carretera o mejorar el alumbrado nocturno, el país sería más bonito y apetecible. Pero no podemos continuar viviendo a expensas de unos bonistas que siempre están bien, independientemente que nosotros no lo estemos.