Haití muestra preocupación por fallo de tribunal dominicano

Justicia Social

Puerto Príncipe- El canciller haitiano, Pierre-Richard Caismir, expresó el 1 de octubre al embajador de Dominicana aquí, Rubén Silié, la preocupación por el fallo del Tribunal Constitucional de ese país que niega la nacionalidad a los hijos de inmigrantes indocumentados y en tránsito.

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Dicha instancia judicial emitió ese dictamen el pasado 26 de septiembre de manera retroactiva a 1929 y con el mayor impacto en descendientes de haitianos.

A los hijos nacidos en el país de padres extranjeros en tránsito no les corresponde la nacionalidad dominicana, dictó el máximo tribunal en un fallo que amplía el margen de aplicación de las leyes existentes.

Tampoco podrán solicitar el status de residente permanente aquellos nacidos cuyos progenitores sean extranjeros indocumentados que viven en Dominicana.

Casimir manifestó que la aplicación de esa medida privará a miles de dominicanos de ascendencia haitiana de su derecho a la nacionalidad.

Expresamos oficialmente nuestra preocupación a las autoridades dominicanas y a su embajador, estamos totalmente en desacuerdo con la decisión, comentó el canciller a un medio de prensa.

Por el momento, agregó, privilegiamos la vía diplomática, pero seguimos muy de cerca la situación y ajustaremos nuestra posición en función de su desarrollo.

El Tribunal Constitucional tomó dicha determinación ante la solicitud de amparo de una hija de inmigrantes haitianos nacida en la provincia de Monte Plata para demandar a la Junta Central Electoral (JCE) que le proporcionara documentación como dominicana.

La afectada ha vivido en dicho territorio sus 29 años de edad y tiene cuatro hijos, quienes tampoco podrán optar por su nacionalización.

Si bien nació en suelo nacional, la recurrente es hija de ciudadanos extranjeros en tránsito, lo cual la priva del derecho al otorgamiento de la nacionalidad dominicana, dictaminó el Tribunal Constitucional.

Al mismo tiempo, ordenó a la JCE auditar los libros de nacimientos del Registro Civil desde el 21 de junio de 1929 con el fin de ajustarlos a los criterios establecidos en el fallo.