El rechazo de diversos sectores al fallo del Tribunal Constitucional del 26 de septiembre en perjuicio de inmigrantes acaparó la atención noticiosa de esta semana en República Dominicana.
Esa instancia determinó negar la nacionalidad a los hijos de inmigrantes indocumentados y en tránsito, una sentencia retroactiva a 1929 y con el mayor impacto en descendientes de haitianos.
A los hijos nacidos en el país de padres extranjeros en tránsito no les corresponde la nacionalidad dominicana, señaló el dictamen que amplía el margen de aplicación de las leyes existentes. Tampoco podrán solicitar el status de residente permanente aquellos nacidos cuyos progenitores sean extranjeros indocumentados que viven en Dominicana.
Según criterio de organizaciones no gubernamentales dedicadas al desarrollo de la infancia, expuesto en un comunicado, tal fallo atenta de forma clara contra los derechos humanos fundamentales.
Ayer, los respectivos presidentes del Senado de Dominicana y Haití, Reinaldo Pared y Simon Dieuseul Desras, abordaron en esta capital la situación creada y decidieron mantener un diálogo permanente al respecto.
Para el titular de la Cámara alta de la vecina nación, la medida podría afectar a 400 mil personas de origen haitiano, y los congresistas de ambos países pueden desempeñar un importante papel para encontrar una solución al problema.
Aunque el fallo es judicial, su aplicación podría ser política, consideró Desras, quien viajó acompañado por otros tres legisladores.
Por otra parte, la Fiscalía de Polonia solicitó de manera formal a las autoridades dominicanas el expediente de dos religiosos católicos de ese país relacionados aquí con acusaciones de pedofilia.
De acuerdo con el procurador adjunto Bolívar Sánchez, encargado de la investigación contra el ex nuncio Joséf Wesolowski y el cura Wojciech Gil, los documentos serán enviados debidamente legalizados vía diplomática.
Solicitamos la remisión de copia certificada de todo material probatorio que confirme la comisión de delito por Wesolowski y Gil, particularmente testimonios de perjudicados y testigos, subraya el pedido.
También la víspera, la magistrada dominicana Miriam Germán, de la Suprema Corte de Justicia, expuso las violaciones legales del caso de cinco antiterroristas cubanos condenados en Estados Unidos para quienes pidió solidaridad firme y constante.
El 12 de septiembre de 1998, día del apresamiento de Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Fernando González, Antonio Guerrero y René González, se abren las puertas de un largo infierno que aún no cesa, manifestó.