San Juan- La senadora Rossana López afirmó ayer que el juez federal Juan Pérez se arroga atribuciones constitucionales reservadas al gobernador de Puerto Rico al frenar el nombramiento del procurador del Veterano.
"La decisión del juez federal Pérez Giménez provoca preguntarnos a quién el pueblo eligió para gobernarnor", planteó la legisladora del oficialista Partido Popular Democrático (PPD).
López consideró que la orden del juez federal redunda en una confrontativa usurpación de poderes constitucionales y una violación de los derechos civiles de todos los puertorriqueños que votan cada cuatro años.
"Rechazo enérgicamente que un juez federal o estatal ordene al gobernador de Puerto Rico cambiar una decisión que, por poder constitucional, le corresponde", afirmó.
El juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico ordenó al gobernante puertorriqueño, Alejandro García, retirar el nombramiento del coronel Héctor López como procurador del Veterano para mantener en el cargo a Agustín Montañez, quien había sido removido como parte de una reestructuración.
Montañez, nombrado por la administración del gobernador anexionista Luis Fortuño, recurrió al tribunal federal en San Juan bajo el pretexto de que se trata de un despido por discriminación ideológica, razón por la que reclamó 10 millones de dólares en una demanda al gobernador García y a otros funcionarios.
En el anterior cuatrienio la senadora López fue expulsada de la Procuraduría de las Personas Mayores por el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP), aunque su término estaba vigente.
El ministro de Justicia de Puerto Rico, Luis Sánchez, confirmó que el gobierno puertorriqueño acatará la orden porque al momento no se puede recurrir, sino en otra etapa de los procedimientos, cuando debe hacerse en el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Boston, en Estados Unidos.
López añadió que en el pleno ejercicio de los poderes que garantiza la Constitución se aprobó una legislación para reorganizar agencias públicas, por lo que "es altamente cuestionable que el tribunal federal vaya por encima de nuestras decisiones de política pública ampliamente reconocidas".
A esta isla del Caribe, bajo el dominio colonial de Estados Unidos desde 1898, se le permitió desde 1952 reorganizar su gobierno interno bajo el Estado Libre Asociado, pero las autoridades federales mantienen un riguroso control en diversos ámbitos.
A juicio de la senadora López, la decisión del juez federal además de lesionar al poder Ejecutivo usurpa funciones de la rama Legislativa puertorriqueña.
"Es altamente sospechoso que un juez federal, de forma ilegal, sobrepasando sus facultades y prerrogativas judiciales, tome una determinación contraria a una ley que fue aprobada en Cámara y Senado dentro del debido proceso y firmada por el gobernador de Puerto Rico", insistió.