Los pueblos indígenas de Costa Rica enfrentan histórica y constantemente la violación de sus derechos, mientras que las políticas públicas para este sector, aunque bien intencionadas, son insuficientes en el mejor de los casos.
Esos son algunos de los hallazgos de la misión internacional sobre derechos indígenas, encabezada por el activista argentino y Premio Nobel de la Paz (1980) Adolfo Pérez Esquivel, luego de una visita de cinco días a esta nación centroamericana realizada en agosto.
De acuerdo con el informe preliminar de la Misión Internacional de Observación de la Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (MIODHPI), existen “procesos de creciente organización y movilización de los pueblos indígenas, desde distintas formas de expresión, que coinciden en su profundo respeto por la Madre Naturaleza, el reclamo de sus autonomías y otros derechos vinculados al ejercicio de su propia cultura”.
“Existen mecanismos abiertos [de diálogo] entre los pueblos indígenas y las autoridades estatales; sin embargo, es necesario que sean reforzados con acciones concretas que generen la confianza indispensable entre las partes”, agrega el informe.
En una nota de prensa publicada el 2 de octubre, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, reconoció el esfuerzo que se lleva a cabo en Costa Rica para mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas a través de la Mesa de Diálogo entre el Gobierno y los Pueblos Indígenas de la Zona Sur del país, lanzada en la localidad de Buenos Aires, provincia de Puntarenas, en enero de este añ
Ban se reunió el 27 de setiembre con la presidenta costarricense Laura Chinchilla y le expresó su satisfacción con la iniciativa, enfocándose “en la inclusión de los territorios indígenas en los procesos de planificación nacional, la dotación de seguridad territorial a las comunidades indígenas, la promoción de la legislación que proteja los derechos de estas poblaciones”, según la nota de prensa.
También citada en el comunicado, la representante de las Naciones Unidas en Costa Rica, Yoriko Yasukawa, explicó que los procesos de diálogo para garantizar los derechos de los pueblos indígenas son una prioridad para la entidad, marco en el que el caso costarricense es “un ejemplo positivo para otros países”.
Yasukawa manifestó que, como parte del diálogo, ambos sectores están revisando una iniciativa legislativa clave, el Proyecto de Ley de Autonomía Indígena.
Poca fe en aprobación de proyecto de ley
Pero Sergio Rojas, líder del pueblo Bri-bri, piensa de manera diferente, y, tal como lo declaró a Noticias Aliadas, considera que la Mesa de Diálogo es un mecanismo de control político de las acciones de los pueblos que demandan autonomía.
Señaló como ejemplo el hecho de que el proyecto de ley ha permanecido estancado en la Asamblea Legislativa durante 19 años.
Como parte de los cientos de líderes indígenas que se reunieron con la misión internacional en Salitre, comunidad ubicada a unos 200 km al sureste de San José, la capital, Rojas dijo que la autonomía fue el tema central mencionado al grupo de trabajo dirigido por Pérez Esquivel.
El punto más importante, explicó Rojas, es “la autonomía propia de los pueblos indígenas —que incluye gobierno propio, educación, políticas propias, economía propia, toma de decisiones propias, respeto a nuestra identidad, nuestra cultura (…) El derecho a nuestra tierra, realmente, en manos nuestras, y un gobierno propio”.
Rojas se refirió a las adquisiciones ilegales por colonos no indígenas de tierras pertenecientes a comunidades locales.
En relación con el proyecto de ley, Rojas dijo a la misión internacional que “en el pasado creímos que era la salvación de los pueblos indígenas, lo consideramos como un proyecto de vida de los pueblos indígenas, y todavía lo consideramos así, pero después de todos estos años (…) el gobierno no tiene voluntad para aprobarlo. Le pusimos un ultimátum al gobierno, que lo aprobara o lo rechazara, como fuera (…) y el gobierno tampoco lo ha querido hacer”.
“Cuando exigimos eso, nos sacaron de la Asamblea Legislativa”, afirmó Rojas, recordando el incidente ocurrido el 9 de agosto del 2011, cuando una delegación de pueblos indígenas llegó a la sede parlamentaria en San José, para convencer a los legisladores sobre la aprobación de la ley, pero personal de seguridad los expulsó del lugar.
“A partir de ese momento, los pueblos indígenas decidimos ejercer nuestra autonomía (…) y lo hemos venido haciendo, y eso ha obligado al gobierno a tener que aceptar, en Buenos Aires, una mesa de diálogo para discutir los temas”, agregó.
Ejercer la autonomía incluye la recuperación de las tierras apropiadas ilegalmente por colonos no indígenas, explicó.
En referencia a la Mesa de Diálogo, Rojas señaló que las autoridades aseguran que “hay una buena voluntad, que nos quieren mucho, y que están ayudando y que están trabajando. En las reuniones se dice todo eso, en los papeles se dice todo, pero en la práctica es otra cosa. Entonces, por eso, no creemos”.
De acuerdo con Rojas, Salitre es un hito en la lucha de las comunidades “por el tema de recuperación de derechos, especialmente la tierra”.
Pueblos indígenas invisibles
En la víspera de la partida de la misión, Pérez Esquivel dijo durante una conferencia de prensa sobre los hallazgos preliminares, que tal como ocurre con otros países, los pueblos indígenas en Costa Rica son invisibles cuando se trata de sus derechos.
“Hasta hace muy poco tiempo estaban totalmente invisibilizados”, indicó. “Podríamos hablar de aquí, de Costa Rica, pero podríamos hablar de muchos países del continente. Uno nota que los pueblos indígenas, cuando reclaman, de víctimas pasan a ser victimarios, de dueños del territorio pasan a ser invasores”.
Para Pérez Esquivel, “tiene que haber un cambio de pensamiento, también de políticas”.
Los pueblos indígenas costarricenses son una minoría. Aproximadamente 64,500, menos del 2% de los 4.6 millones de habitantes del país.
Los ocho pueblos —Bri-bri, Brunka, Cabécar, Chorotega, Guaymí, Huétar, Maleku y Teribe— viven en 24 territorios ubicados principalmente en las partes norte, este y sur con algunos de los más altos niveles de pobreza del país.