Es de conocimiento público los últimos acontecimientos habidos entre funcionarios del Departamento de Educación y los padres que componen el Comité Timón del pleito de clase Rosa Lydia Vélez v. DE[1]. A mi parecer, las acusaciones realizadas por la Secretaria Asociada de Educación Especial desvían la atención de los medios y el pueblo de la controversia real. Los padres están muy lejos de poder beneficiarse económicamente de los fondos asignados al programa; en todo caso, quien puede lucrarse son las corporaciones que hacen negocios contractuales con el DE. Aquí la controversia real es el caso incumplimiento a los derechos y procedimientos establecidos por las leyes federales y estatales que regulan el programa.
Estos padres solo exigen el cumplimiento de los derechos que cobijan a sus hijos para que tengan un adecuado acceso a la educación. Pero si se es un padre responsable, que se educa, se apodera y exige sus derechos y los de sus hijos, entonces se convierte en un padre problemático para el sistema. Estamos hablando de un programa que está altamente regulado, pero el DE[2] no ha sido capaz de organizarse de forma tal que pueda ofrecer el servicio educativo y/o relacionado en los términos y condiciones establecidas. De hecho, ni la propia unidad[3] creada en virtud de la Sentencia por Estipulación del referido pleito cumple con su propósito adecuadamente.
En este momento histórico de la controversia, me resulta meritorio compartir lo previamente reseñado por el Dr. Manuel Muñiz Fernández[4], quien se ha dado la tarea de analizar y publicar los acontecimientos habidos a lo largo de los 32 años de vida del pleito en el foro judicial estatal. Desde el 2005 el DE pagar $2,000 diarios en multas por incumplimiento a las estipulaciones contendías en la sentencia previamente mencionada. Al 2012 había acumulado más de 3 millones de dólares por concepto de tales sanciones. Conforme señaló el propio Juez a cargo del caso para el 2009-2010, el nivel de incumplimiento de servicios mínimos es crítico a pesar de que el presupuesto destinado a la Secretaría Asociada de Educación Especial (SAEE) aumenta consistentemente.
Para monitorear el cumplimiento del DE a las estipulaciones, el Tribunal nombró una monitora, quien señaló en su informe correspondiente al año 2009-2010 que la agencia es incapaz de general suficiente información fidedigna sobre la operación del Programa de Educación Especial. De 87 estipulaciones, 60 requerían corroboración, y 39 de esas reflejaban un nivel de cumplimiento bajo lo aceptable. Denunció a su vez, que el DE todavía tiene que desarrollar una cultura de evaluación más amplia para lograr maximizar la calidad y la efectividad de los procesos, incluyendo la confiabilidad y validez de los datos. El DE mostró oposición al informe de quien fue la monitora, cuestionó su labor y ejerció presiones que resultaron en su renuncia en noviembre de 2011, no sin antes recalcar que pareciera que los niños de educación especial están condenados a continuar recibiendo servicios mediocres y defectuosos.
En torno a las multas que paga diariamente el DE, el Tribunal expresó mediante Resolución de febrero de 2010 que no es un monto sustancial para persuadir a la agencia al cumplimiento. [$2,000 diarios / 103,000 estudiantes registrados al 2010 = $0.02 por estudiante = $730,000 anual = .02% del presupuesto anual asignado a la SAEE] A junio-julio/2013 habían registrados unos 141,300 estudiantes aproximadamente, pero la multa sigue siendo la misma, por lo que el DE paga un promedio de $0.01 por estudiante. Evidentemente, es una multa insignificante y nada persuasiva, por lo que quien fue el Juez que lideró el caso para el 2010 propuso un esquema gradual conforme el cumplimiento del DE a las estipulaciones, desde unos $.75 hasta unos $.25 diarios por estudiante. Tomando en consideración el nivel de cumplimiento actual y el promedio de estudiantes registrados, la multa diaria podría aumentar a $105,975 (esto si calculo $.75 x 141,300). No obstante, desde el 2010 el DE radicó un recurso solicitando el relevo de las multas y devolución de los casi 3 millones pagados.
Como podemos ver, el tracto judicial nos muestra una realidad alarmante que nos termina afectando a todos como sociedad. Si el tiempo y las energías que se invierten en asuntos irrelevantes y ataques personales se destinaran a la solución y transformación de las controversias dilucidadas en el Tribunal, en el ofrecimiento óptimo de servicios al estudiantado, entonces avanzamos y evolucionamos.
[1] No entraré en detalles sobre los hechos ocurridos por ser ya un asunto altamente cubierto por la prensa del país durante la pasada semana.
[2] Por conducto de la Secretaria Asociada de Educación Especial, a quien responde el Centro de Servicios de Educación Especial.
[3] Unidad Secretarial de Querellas y Remedio Provisional.
[4] En su artículo El Derecho a la Educación de Menores con Discapacidad en Puerto Rico: 2006 – 2012; publicado en la Revista de Derechos Humanos y Transformación de Conflictos, Volumen IV, 2012.