La Sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, núm. 168-13 del 23 de septiembre del 2013 (“Sentencia”) determinó que conforme al Art. 11.1 de la Constitución del 1966, todos los descendientes de haitianos, nacidos en la República Dominicana, serán considerados personas “en tránsito”, por lo que no estos no podrán optar por la nacionalidad de ese país. La notoria Sentencia ha sido criticada severamente por varias organizaciones y juristas internacionalmente, ya que es patentemente discriminatoria y en contravención de principios de Derecho constitucional y del Derecho Internacional.
Cabe mencionar que la susodicha Sentencia fue aplicada retroactivamente hasta el año 1929. El efecto, según se ha dado a conocer a los medios, más de 400 mil personas serán afectadas directamente por esto; se encuentran en un estatus de limbo, no son dominicanos pero tampoco son nacionales haitianos.
No obstante, por ser esta la opinión de un Tribunal, conforme a los principios fundamentales del Derecho Constitucional Dominicano, la legislatura puede aprobar leyes posteriormente, que en un ejercicio de la soberanía del pueblo, revoquen los efectos de esta Sentencia. Después de todo, 3 de cada 4 dominicano conoce íntimamente o es pariente de algún descendiente de haitiano, que está afectado por esta lamentable situación.
Hay que mencionar que esta sentencia ha tenido un efecto determinante en las relaciones dominico-haitianas, al punto que Haití retiró su embajador del vecino país. Además, varias organizaciones internacionales relacionadas con Derechos humanos han expresado que la Sentencia será sometida ante la consideración de tribunales internacionales. Una estrategia legal inteligente, pero que toma tiempo y miles de dólares en gastos legales, como suele ocurrir en este tipo de litigación. La solución más sensata e inmediata, en mi opinión, es que la legislatura dominicana apruebe legislación que deje sin efecto la Sentencia.
Es parte del proceso democrático, que los Tribunales interpreten casos y controversias a la luz de la Constitución, mediante el proceso de revisión judicial. No obstante, esas opiniones no tienen validez si posteriormente existiere alguna legislación, que reafirmare la indudable intención del pueblo. En ese sentido, es importante tener presentes, que los jueces están obligados a emitir su opinión en cuanto a los hechos particulares del caso y sobre toda la evidencia admisible que desfiló, durante el proceso judicial.
Igualmente debemos tener presentes que el efecto de esta Sentencia es sobre cientos de miles de personas, por lo que es la total y absoluta inherencia de la legislatura dominicana tomar acciones sobre el asunto. Lamentablemente, y para asombro de todos, la legislatura dominicana está en vías de aprobar una ley que reafirme lo establecido en la Sentencia, según ha saido a resulcir en la prensa dominicana.
Por esa razón, está en las manos del pueblo dominicano, expresarle a sus legisladores que su voluntad es otra. Por ser tantas personas afectadas, el gobierno de Haití ha expresado a los medios que son más de 400 mil personas, estamos hablando de estadísticamente, que 3 de cada 4 dominicanos están relacionados de una forma u otra con una de estas personas. Ahora son los dominicanos los que toca demostrarle al mundo su desprecio por la Sentencia y su pasión por la democracia e igualdad.