Una de las principales casas corredoras de valores en Puerto Rico, supuestamente ha llevado al gobierno de la isla a perder grandes cantidades de dinero en inversiones que dejaron de ser rentables. Por otro lado, para muchos inversionistas locales, que pusieron su dinero a través de varias casas de corredores de valores, han visto también como su dinero se desapareció. En promedio se estima que entre gobierno y particulares, Puerto Rico ha perdido sobre seis mil millones de dólares en fondos de inversión.
Ante esta situación, hemos visto en los distintos medios periodísticos, como se anuncian los bufetes extranjeros, asociados o no con locales, promoviendo reuniones de orientación. Esto ha provocado que distintos sectores, dentro del Colegio de Abogados de Puerto Rico, como a su vez dentro de ciertos sectores académicos se expresen de forma negativa a este tipo de práctica, de abogados y abogadas “paracaidistas”. La principal razón de la oposición es que dichos abogados y abogadas no están admitidos al ejercicio de la profesión en Puerto Rico, siendo una falsa representación tanto ofrecer el servicio, como un delito adicional los bufetes locales que se asocian con ellos, pues están promoviendo algo ilegal.
Me ha sorprendido a sobremanera la reacción de algunos profesores de derecho, como también de algunos sectores del Colegio de Abogados ante esta situación. Desde el año 1994, los EE.UU, el poder metropolitano en el caso de Puerto Rico es signatario de la Organización Mundial del Comercio, y en particular del Acuerdo General de Comercio y Servicios (GATS por sus siglas en inglés). Ante esto, dicho tratado provee para que se promueva el movimiento de profesiones liberales en todos los países firmantes, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos.
Aunque Puerto Rico es la misma frontera de los EE.UU, los abogados y abogadas de otras jurisdicciones dentro de los EE.UU tendrían el derecho a venir a Puerto Rico a orientar , asesorar pero no a representar o comparecer ante las cortes de Puerto Rico. Salvo este último detalle, derecho de comparecencia, el resto está permitido por dicha convención internacional.
Así las cosas, tanto los abogados y abogadas del Colegio de Abogados, como los profesores de derecho involucrados en el debate, están actuando en contravención de dicha convención internacional. Se trata de una medida proteccionista no permitida.