Perelló no cree en la posesión sencilla de la Marihuana

Justicia Social


alt

Jaime Perelló, el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, reaccionó en el día de ayer de forma fría y desabrida ante la postura del senado de Puerto Rico de avalar un proyecto de ley que inicia un proceso de despenalización del uso para propósitos personales de la sustancia controlada llamada marihuana. 

El proyecto de ley del senado, de la autoría del senador puertorriqueño Miguel Pereira, fue en principio avalado por dicho cuerpo legislativo. En el último día de sesión del histórico año 2013 (año de los yorubas, sin lugar a duda, en las cábalas africanas), donde se aprobaron tantos proyectos de trascendencia social y democrática en Puerto Rico, Perelló decidió no presentar dicho proyecto y posponer su discusión para el enero del 2014.

Durante el año 2014, en Puerto Rico se presentó legislación y fue aprobada para la defensa del medio ambiente, la regulación de los derechos de equidad de las poblaciones LGTTB, y se iniciaron procesos para reconocerle y darle más derechos a la comunidad de inmigrante irregulares en Puerto Rico.  Fue un año donde se legisló en pro de más derechos democráticos.  Ante este cuadro, es que se debe situar el proyecto en torno a la despenalización de la marihuana, aprobado parcialmente en el Senado de Puerto Rico, y no considerado por la Cámara de Representantes.

Según Perelló el proyecto sigue vivo, aunque “no había ambiente para presentarlo en el fin de la sesión de la Cámara de Representantes”.  Ante esto, no se percibe que pueda existir momento para presentarlo en una Asamblea Extraordinaria de la legislatura. Esto requeriría que el gobernador, Alejandro García Padilla, reclamara la urgencia de aprobar esta legislación, y todo indica que para dicha acción hay muy poco interés.

Ya veremos lo que pasa en el 2014.  Por lo pronto, la simple posesión de la marihuana (menos de 14 gramos, lo que regula la propuesta de ley como una falta administrativa) para uso personal, constituye hoy un delito grave con una pena de cinco años de cárcel.  Cada año nos cuesta $40 mil USD por confinado preso en Puerto Rico.  Así las cosas, debemos de esperar.