Durante los años 2009 al 2011, José Figueroa Sancha, es sub-director de la oficina del Buro de Investigaciones Federales en Puerto Rico (FBI) fue el jefe de la policía de Puerto Rico. El llamado superintendente, tiene entre otras funciones respetar la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y las leyes del país.
Durante dichos dos años, entre otras cosas, Figueroa Sancha promovió una cultura de odio ante la violencia y asesinatos en el país, en la cual él intervenía y solía decir “que la criminalidad va a bajar luego de que se hayan matado entre ellos”. Es terrible ese sentido de arrogancia de que había que justificar la muerte, y sobre todo que luego que desapareciera toda una generación de jóvenes boricuas, la situación se compondría.
En paralelo a esto, y bajo su dirección, Figueroa Sancha autorizó o sancionó el uso de la fuerza indiscriminada contrala población civil en Puerto Rico. En particular durante los años 2010 y 2011, y en el conflicto huelgario de la Universidad de Puerto Rico, éste permitió que los policías de distintas unidades especializadas agredieran a los estudiantes y público en general como una forma de aplacar el conflicto. En todos los distintos motines o eventos de violencia, salvo en una ocasión, nunca se le radicaron cargos criminales a los jóvenes. Esto incluye el 20 de mayo de 2010, cuando los estudiantes entraron a un hotel de la capital y fueron agredidos por la policía de forma vil e impune. También incluye el 30 de junio de 2010, cuando la policía de Puerto Rico la embistió contra la población civil que se encontraba frente al capitolio de Puerto Rico. En estos dos ejemplos, la policía agredió, y nunca arrestó a nadie de los agredidos. Más aún nadie investigó si en su momento la policía actuó fuera de control o no.
En septiembre del 2011, el Departamento de Justicia Federal a través de su oficina de Derechos Civiles, emitió un informe contundente contra la policía de Puerto Rico por sistemáticamente violentar los derechos constitucionales y humanos de la población puertorriqueña. A raíz de dicho informe, el gobierno de Puerto Rico fue demandado por el gobierno de los EE.UU, y de facto nos han impuesto, como forma de resolver dichas violaciones, a un asesor técnico o sindico, José Mattos, para que supervise a esta agencia. Los sucesos que investigaron los federales para concluir con la necesidad de imponer algún tipo de sindicatura en la policía, versan sobre la muerte de Miguel Cáceres en el año 2007; brutalidad policiaca contra la comunidad dominicana; y brutalidad policiaca ejercida contra los estudiantes de la UPR durante el 2010 y el 2011. Estos dos años, sin lugar a duda son responsabilidad de Figueroa Sancha. En el caso de Cáceres, como de los dominicanos, varios policías fueron enjuiciados y algunos de ellos hoy extinguen tiempo en la cárcel.
Ahora bien, ¿qué hacemos con José Figueroa Sancha? Él es la persona responsable de que la policía haya sido investigada por los sucesos del 2010 y 2011. Todo funcionario público, sobre todo los jefes de agencias de gobierno, deben hacer valer la ley los derechos constitucionales de la población. ¿No debería él ser evaluado por sus actuaciones u omisiones en el cumplimiento deber?
A la llegada de James Tuller como nuevo jefe de la policía, bien valiera la pena crear una nueva conciencia de que los derechos del pueblo se respetan. Una forma de hacerlo es llevar a Figueroa Sancha a un proceso de fiscalización por sus actuaciones pasadas.