El pasado viernes la legislatura de Puerto Rico finalmente aprobó, por ambos cuerpos legislativos (Senado y Cámara de Representantes) el proyecto de la ley que incrementa las penas para la posesión de forma ilegal de un arma como a su vez para el uso de dicha de fuego, como a su vez para el uso de dicha arma de forma ilegal.
Ahora bien, ¿cuál es la implicación de esta legislación? De ordinario, la misma está pensada a los “malhechores” los cuales cometen actos delictivos portando armas de fuego ilegales. Ante esto, el estado quiere regular dicha actividad ilegal de forma simple: se incrementan las penas, por ende baja la actividad ilegal. Esto, tanto en teoría de la criminología contemporánea (sea la vertiente cultural, administrativa o crítica) o desde la mirada de las estadísticas puras y duras, es un soberano disparate. No hay correlación entre el incremento de penas y reducción de una actividad tan común en las prácticas ilícitas, como lo es uso y manejo de armas ilegales.
De otra parte, se encuentra la compra de balas para ser utilizadas en dichas armas ilegales, lo cual es completamente legal en Puerto Rico. La compra de balas legales para ser utilizadas de forma ilegal, no es parte directa de esta legislación. No obstante, y de forma indirecta, al regularse un arma ilegal, se criminaliza la posesión de dicha arma con carga de municiones.
Dicho lo anterior, tanto la posesión de armas ilegales como de municiones para uso ilegal, son asuntos que fácilmente podrían ser controlados por el gobierno de los EE.UU. En particular, porque Puerto Rico no produce armas de fuego ni municiones. En ambos casos las importa, lo cual constituye una violación a la cláusula de comercio de la constitución de los EE.UU, y crea de esta forma la jurisdicción federal, aunque no sea de forma exclusiva.
Es por esto que argumento que intentando resolver un problema real del país, acabamos trabajando para el “amo”, y de esta forma asumiendo soluciones que muy bien deberían ser resueltas por los propios federales. En el caso de Puerto Rico, podríamos desarrollar una legislación menos punitiva, y que resolviera de otra forma los problemas sociales y de criminalidad que aquejan a Puerto Rico .Más respuestas punitivas no son la solución. Sobre todo que la teoría del riesgo en la criminología contemporánea nos indica que más punitiva la pena no hace que el delincuente actúe delictivamente o no. Lo que reduce el riesgo, es la persuasión y búsqueda de otras soluciones de índole educativa y ético-moral. Mientras esto no pase, estamos reproduciendo una lógica punitiva, con efecto inmediato en la población pobre y marginada del país. Y más aun reproduciendo por otras vías la lógica colonialista de dominación y subordinación.