Privatización ¿Estrategia o ideología?

Según el pensamiento demócrata-liberal respecto a proveer los servicios públicos fundamentales, la ciudadanía requiere de un agente que le represente, pues la mayoría de los ciudadanos carecen del conocimiento técnico, los recursos económicos y físicos y la macrorganización que se requiere para garantizar el bien público. El sector privado empresarial no puede asumir esa responsabilidad pues, por su afán de lucro, intentará maximizar sus ganancias a expensas de la ciudadanía. El resultado será bajo rendimiento económico, pésima calidad e irresponsabilidad ecológica. El gobierno, sin embargo, no está sujeto a estas limitaciones, por lo que puede y debe asumir la responsabilidad, sin evasiones ni excusas.

Esa lógica parece contundente, pero hay muchas instancias en que la realidad la contraviene. Que hay empresas privadas ineficaces, rapaces e inescrupulosas es innegable. Pero la generalización es inapropiada. Compárense las empresas privadas y públicas contra cualesquiera criterios de efectividad y eficacia –calidad del recurso humano; capacidad gerencial; uso y controles de los recursos físicos y financieros; calidad de productos y servicios; empatía, cordialidad y trato al cliente– y la empresa privada saldrá en la delantera las más de las veces. Inclusive con respecto a la responsabilidad hacia el medioambiente, hallamos en el sector público las mayores transgresiones y crítica insensibilidad ecológica.

El peligro de que el afán de lucro empresarial se interponga contra el bien colectivo existe y no debe ignorarse. Pero el gobierno tiene su propia lista de limitaciones que tampoco deben desdeñarse: visión de corto plazo, falta de voluntad política para afrontar problemas controvertibles que puedan significar pérdida de votos, susceptibilidad ante presiones de grupos de interés organizados y el vicio del patronazgo como instrumento de premiación política o compra de lealtades. Y el afán de lucro, ¿no está presente también en el sector público? Tanto lo está, que uno de los más graves problemas gubernamentales en Puerto Rico es el de la corrupción.

Fundamentándose en lo dicho respecto al gobierno, los ideólogos del neoliberalismo postulan la privatización como panacea a los problemas de ineficiencia gubernamental. Pero ellos también exponen explicaciones que evaden la complejidad de la realidad social. Porque, ¿en qué lugar del mundo es que la actividad empresarial, dejada a su libre albedrío, redundará mágicamente en máximo beneficio social? ¿No fue al amparo de ese capitalismo de laissez-faire que se explotaba inmisericordemente a los obreros, inclusive niños y ancianos, para engordar los bolsillos de los nuevos barones industriales del siglo XIX y parte del XX? ¿No fue la mano invisible del capitalismo de Adams Smith la que forzó a los trabajadores, mantenidos al nivel de la subsistencia con míseros salarios y condiciones laborales infrahumanas, a organizarse en sindicatos para arrancarle a los dueños del capital mínimos beneficios y garantías?

Así pues, ¿dónde reside la razón? Ni en uno u otro extremo. La privatización da buenos resultados cuando existe considerable competencia entre las empresas o, en su defecto, regulación pública efectiva. Por otro lado, la corporación pública rinde resultados excelentes cuando los administradores públicos se escogen conforme a méritos gerenciales y principios de probidad, y los empleados se orientan conforme a estándares de calidad, no al juego de la política partidista.

Aquí yace nuestro problema: los pro y contras respecto a la privatización se están estableciendo sobre argumentos ideológicos que, en ánimos de lograr consistencia lógica interna, desplazan la realidad. Convendría que nos liberáramos de esa trampa. La privatización debe verse únicamente como instrumento, que bajo ciertas condiciones resulta útil y bajo otras, no. La solución es conceptualizar la privatización como estrategia, no como ideología.