El gatito Lucky fue agredido por un policía, en un cuartel de la ciudad de Bayamón. Así las cosas, el gatito luego de ser pateado, fue tirado en un centro comercial. Indignados los compañeros de trabajo del susodicho policía, lo denunciaron y rescataron al gatito.
Este evento sucedió, mientras en la ciudad de Carolina, el jefe de seguridad de dicho municipio, fue acusado por una colega de su oficina, de haberla agredido sexualmente en contra de su voluntad. Así las cosas, el reglamento de personal de dicho municipio impide suspender a alguien de su empleo y sueldo, mientras no haya sido culpable en un tribunal de ley. Por ende, la mujer que acusa, se siente que el peso de la ley ha protegido al alegado acusado, sin importar sus derechos como víctima.
Mientras en Barrio Obrero, un vecindario de sectores populares, parcialmente puertorriqueño y parcialmente dominicano, un policía municipal asesinó a un hombre de nacionalidad dominicana en circunstancias extrañas. Alegadamente, el hombre se puso bravo, y el policía le disparó, luego lo esposó y aguardó a que llegara la ambulancia. El hombre murió esposado. A este sargento de la policía municipal de San Juan, se le separó de su puesto, mientras se conduce la investigación.
Creo que tenemos las lógicas equivocadas. A los seres humanos víctimas de agresiones, a sus respectivos agresores les hemos conferido todas las garantías de la ley para conducir una investigación profunda. En el caso del gatito, con mucho respeto al pequeño animal, la lógica que se impuso fue la de acusar y no preguntar. Y yo me cuestiono, ¿Cómo eran las relaciones interpersonales entre los miembros de dicho cuartel y el policía ahora acusado y separado de la fuerza policiaca?
En fin, que el estado de derecho debe ser para cuidad y proteger de forma prioritaria a los seres humanos. Luego, y digo luego, hay que proteger a los animales.