La visita de los dignatarios federales de EE. UU. es como todo lo que viene de Washington: un mar de contradicciones. No existe un libro, ni protocolo, ni decisión judicial que nos indique como se implanta la Cláusula IV, sección 3, de la Constitución Federal. Esta es la llamada “Cláusula Territorial”, la cual constitucionalmente hablando indica que es el Congreso el que administra el territorio.
Pero como todas las cosas en la administración del presidente Barak Obama, la sorpresa y las reacciones inesperadas son las que determinan el curso a seguir. Ahora nos llegaron estos dos “obispos” al son de la plena, música popular de Puerto Rico, y vienen a investigar cómo utilizamos los fondos federales en la Isla. La pregunta básica de derecho constitucional en cualquier facultad de derecho sería: ¿serán del Congreso? Algo así al ritmo del trío Matamoros y el “son de la Habana”. Pues no son de la Habana, son del Departamento del Tesoro.
Nadie se lo cuestiona y nadie sabe, pero lo cierto es que en ausencia de protocolo claro en la relación territorial-colonial de Puerto Rico y los EE. UU., cualquiera parece que puede tomar la iniciativa. Si mañana vienen otros funcionarios de Parques Nacionales del gobierno de los EE. UU. y nos vienen a visitar formalmente, nosotros también les abrimos los libros de nuestras finanzas y les servimos café.
En fin, que esta visita podría cumplir una función política a través de la indefinible Comisión de Estatus del presidente Obama. Se podría utilizar esta visita para sugerir cómo modificar, alterar, definir con claridad la relación política entre los EE. UU. y Puerto Rico. Lo cierto es que luego de dos o tres decisiones del Tribunal Supremo Federal, si recibimos fondos federales, tenemos que cumplir con unas normas, pero nadie aún sabe por qué. Ni cómo. Ni cuánto.
Un desastre. Como la canción de la Sonora Ponceña: “hay fuego en el 23”.