Santo Domingo- La sentencia del Tribunal Constitucional de República Dominicana que niega la nacionalidad a los hijos de inmigrantes indocumentados y en tránsito constituyo ayer una gran atrocidad, consideró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En un balance de la situación de 2013 en este país caribeño, la entidad afirmó que las consecuencias fatales de ese fallo para la integridad personal y el desarrollo social de los afectados son incalculables.
Tal dictamen, agregó, con el mayor impacto en descendientes de haitianos, viola la Constitución y desconoce o borra de un plumazo la vigencia del derecho de suelo desde 1929 hasta 2010.
Según la Comisión, Dominicana continuó con las repatriaciones forzadas e ilegales, y en la zona fronteriza con Haití han ocurrido actos de violencia contra habitantes del vecino país.
Por otra parte, se criticó que los servicios básicos como agua, energía eléctrica y transporte se deterioraron, y el costo de la vida alcanza niveles muy elevados.
También, la represión a las protestas sociales estuvo a la orden del día, y se dieron casos de asesinatos de jóvenes que reclamaban en las calles mejorías para sus comunidades.
Para la Comisión, la justicia dominicana mostró una actitud de complicidad hacia exfuncionarios públicos, entre ellos el expresidente Leonel Fernández, señalados como responsables de graves actos de corrupción.
Subrayó que 2013 estuvo marcado por la violencia, la inseguridad y la desconfianza colectiva, y los asaltos y asesinatos tocaron a todos los sectores y capas sociales, desde simples ciudadanos hasta militares de alto rango.
Ante los hechos delincuenciales, planteó, el Gobierno responde a través de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas con una política de mano dura, mientras que se olvida de las raíces del problema.
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