Puerto Rico tiene varios problemas económicos complejos. Uno de ellos, el más significativo, es la perdida poblacional y el envejecimiento de la población que yace en la isla, donde la edad promedio hoy es 36 años.
Por lo tanto, con menos población cotizando, entre otras cosas, para los planes de retiro que administra el gobierno de la isla, y a una población envejeciendo rápidamente, es muy difícil alcanzar un balance perfecto. El país tiene más compromisos futuros, en el área de sistemas de retiro, que posibilidad de seguir aportando con nueva sangre, al programa existente.
Esta paradoja es la que afecta al sistema de retiro de los maestro de Puerto Rico- Se trata del sistema público para los maestros y directores dentro del Departamento de Educación. En adición a este problema en este organismo gubernamental llamado popularmente “el Retiro”, se encuentra la presión que ejercen algunas agencias privadas acreditadoras de la salud económica del gobierno de Puerto Rico, y de indicar si éste puede emitir bonos para la venta, de forma tal que recaude ingresos adicionales. En este cuadro es donde nos encontramos hoy.
El gobernador, Alejandro García Padilla, a la luz de lo anterior en el día de ayer anunció un paquete de medidas para reformular el problema de la crisis actuarial (oferta de pensiones versus la capacidad de generar ingresos para satisfacer las obligaciones). Entre otras medidas, yace en bajar el pago de pensión a los maestros, por debajo del garantizado hoy en el 75%, y subir la contribución de los maestros en un 1.8%. En ambos renglones los maestros y maestras de Puerto Rico pierden capacidad de ingresos futuros.
La situación está tensa por las razones antes esbozadas, y también por la inhabilidad del gobierno de garantizar sus obligaciones tanto para el magisterio como para los bonistas.
¿Qué hacemos? Lamentablemente la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone que los bonistas cobran antes que cualquier otra responsabilidad del gobierno de Puerto Rico. Por tanto, mientras ellos tengan que cobrar primero, el plan de retiro no es prioridad, constitucionalmente hablando. No podríamos entonces invertir el orden. Tal vez es un momento de solicitar enmendar la constitución del país.