Hoy la legislatura de Puerto Rico comienza a ventilar, sin el apoyo y aval de los líderes del magisterio el país, una reforma al Sistema de Retiro de los Maestros. Se trata de uno de los tres sistemas de retiro que administra el gobierno de Puerto Rico, y es el único que aún no ha sido reestructurado. La consecuencia de su no reestructuración, es la posibilidad de que el gobierno se declare insolvente para cumplir con sus deberes con los sobre 35 mil maestros jubilados y los sobre 40 mil maestros que actualmente están cotizando para este sistema.
La propuesta del Gobierno radica en limitar la edad de trabajo y jubilación de los maestros y maestras a los 55 años, limitar la pensión a un poco más de $1500 mensuales por pago de pensión, e incrementar la aportación de los maestros de 9% a 10% de su salario mensual. Los maestros y maestras no contribuyen al plan de retiro del gobierno federal, llamado el seguro social. Entonces, para los maestros y maestras, cualquier reducción en sus ingresos prospectivos al cumplimiento de su jornada laboral en la educación, 30 años después, constituye un punto de inseguridad que les afectaría su calidad de vida.
¿Por qué hay que restructurar el Sistema de Retiro de los Maestros? Realmente hablando no se trata de la incapacidad del gobierno de no poder pagar; tampoco se trata de que no han contribuido los maestros y maestras a su futuro como jubilados. Lo que realmente está en juego, es que bajo los beneficios post-retiro que el gobierno continuamente le ofrece a los maestros y maestras, se incurren en nuevas obligaciones por parte del estado, lo cual con los fondos existente no pueden cubrir. Como se trata de gestos político humanistas que realizan el gobierno de un cuatrienio particular, esto obliga al próximo Gobierno y la liquidez se comienza a perder.
El efecto de la falta de liquides del gobierno, tiene mucho que ver con otro asunto que son las obligaciones del estado ante sus acreedores. Los llamados bonitas, que se trata de prestamistas globales que le han dado dinero al gobierno para que opere en sus gestiones anuales. Estos bajo la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Artículo 6/8, sección 8, deben cobrar en todo momento, de forma prioritaria. Aquí yace la solución a la crisis de los maestros, en cambiar la constitución del país.
Pues propongamos que lejos de seguir "piqueteando" en las esquinas, los maestros y maestras convoquen a una referéndum que enmiende la referida cláusula constitucional y que esto nos permita mejorar la calidad de todos y todas en el país. En otras palabras, que el pueblo, hombre y mujer, que contribuyó al mejoramiento del país, siempre cobre primero que el que prestó dinero para especular. Adelante con la Enmienda 6/8.