A pesar de las luchas sociales en contra de la desigualdad de género, aún queda mucho por trabajar en el Caribe. Tomando como muestra a Puerto Rico, recientemente salió a la luz el caso del alcalde de Cidra, Ángel “Wiso” Malavé, quien enfrentó 11 cargos y encontrado culpable en nueve de estos por actos lascivos. En el Código Penal de Puerto Rico de 2004,se acusó a Malavé de la violación del artículo 144B, que consiste en que “Toda persona que, sin intentar consumar el delito de agresión sexual descrito en el Artículo 130, someta a otra persona a un acto que tienda a despertar, excitar o satisfacer la pasión o deseos sexuales del imputado, en cualquiera de las circunstancias que se exponen a continuación, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años […]. Si la víctima fue compelida al acto mediante el empleo de fuerza, violencia, amenaza de grave o inmediato daño corporal, o intimidación, o el uso de medios hipnóticos, narcóticos, deprimentes o estimulantes o sustancias o medios similares.”
La condena que recibió Malavé fue de nueve años y siete meses; solo el primer año es de arresto domiciliario. Las reacciones fueron diversas: por un lado, que todo fue un montaje para sacarlo de su cargo. Por otro lado, que esta condena no fue suficiente. Dentro de esta historia, una que pudiera ser cotidiana, cabe destacar que a pesar de las leyes laborales que protegen a los empleados en casos como estos de acoso, el miedo fue más fuerte y estas mujeres callaron por miedo a perder sus empleos. Esto cae dentro de la categoría de intimidación.
Casos como este dan a entender que como sociedad hay que seguir trabajando en los asuntos de igualdad de género en donde la mujer sea respetada y no vista como meramente un objeto sexual. Para evitar casos como este se debería hacer un enfoque en la educación y prevención, pero también que la ley sea justa y los castigos vayan acorde con los hechos, sin distinción de persona.