El próximo 7 de enero inicia un importante diálogo entre las delegaciones de los gobiernos de la República Dominicana y la República de Haití. Se trata de una cumbre bilateral entre los países para discutir, entre otros asuntos, temas de migración, comercio, recursos naturales y seguridad.
No obstante, el principal tema será cómo resolver la controversia que ha creado, para ambos países y también para la comunidad internacional, la decisión de la Corte Constitucional de República Dominicana, eliminando derechos migratorios a toda persona de origen haitiano que desde el 1929 haya vivido de forma indocumentada en Dominicana. La reunión tendrá lugar en
la ciudad de Ouanaminthe, en el lado de la frontera de Haití.
Estos países comparten un pasado complejo. Es importante destacar que desde el 1822 hasta el 1844, la República Dominicana fue ocupada por Haití. Luego de ese período de ocupación, la relación ha sido históricamente muy tensa.
En la década de 1930, el entonces dictador dominicano, Rafael Leónidas Trujillo, ordenó el exterminio de sobre 30 mil haitianos residentes en Dominicana. Estos duros procesos en la convivencia de estos países que comparten la isla de La Española son los que han generado en parte una memoria colectiva que no es muy solidaria ni amistosa.
Lo que hay que destacar es que la razón que motivó esta cumbre bilateral fue la gestión del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en la anterior cumbre de Petrocaribe y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, celebrada en Caracas en diciembre pasado. A la cumbre bilateral se suman observadores del gobierno venezolano, de la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Comunidad del Caribe.
Indudablemente, la República Dominicana vio una salida de escape, jurídicamente hablando y legítima, a la iniciativa del gobierno de Venezuela. Para todo país soberano, las decisiones de su propias instituciones legales hay que saberlas cumplir. Pero también para incumplirlas o dejarlas inoperantes, hay que establecer mecanismos apropiados: un acuerdo internacional bilateral permite una salida digna para el gobierno de Dominicana, el cual técnicamente no puede apelar la decisión constitucional. Sí puede crear nueva legislación, pero ese no es el caso aún.
Para los que somos caribeñistas y hemos seguido la trayectoria de Venezuela, esta gesta en pro del diálogo constituye una sabia decisión. Ya veremos qué pasa el próximo 7 de enero.
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