Los maestros y las maestras de Puerto Rico están en pie de lucha. En particular, en contra del gobierno central, dirigido por el gobernador, Alejandro García Padilla, quien enmendó la ley de retiro por vía de la Ley 160 de 2013. Entonces, el magisterio se encuentra pregonando que se irá a la huelga este próximo 9 de enero, cuando reinician las clases en el sistema escolar público.
Ciertamente, el gobernador ha defendido su reforma, y de forma elegante y cortés, cada vez que hay una protesta de los docentes, los invita a conversar y explicarles el impacto de la legislación.
Ahora bien, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, ha tomado un rol un tanto protagónico al invitar en dos ocasiones a los maestros y las maestras a conversar. Estos han aceptado que dichas reuniones se han llevado a cabo y lo justifican en la medida que explican que están buscando apoyo en donde sea con tal de lograr que no se implante la Ley 160. Pero nos preguntamos, ¿cuál es la jurisdicción de la alcaldesa en este asunto? Realmente hablando, ninguna. A parte de cierto apoyo moral, no es para nada parte de su competencia actual en el mundo de la política. La única posibilidad para justificar esta intervención versa sobre la posibilidad que la alcaldesa desee correr para el puesto de gobernadora en el 2016 o 2020.
Por otro lado, el arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, nuevamente se vuelve a inmiscuir en los asuntos políticos del País y, sobre todo, en un conflicto obrero-patronal. Ya desde hace más de una década, y de forma selectiva, el Arzobispo participa en problemas nacionales y da su opinión. Pero ahora con los maestros y las maestras, ha intervenido en directo, ha solicitado reunirse con ellos, y ha propuesto ofrecer algún tipo de proceso de mediación en el conflicto. Es curioso, pero aun cuando es un asunto clásico de separación de Iglesia y Estado, el Arzobispo persiste en inmiscuirse.
Nos parece que el problema que confrontan hoy los docentes de Puerto Rico merece algún tipo de solución política. Para el gobierno de turno, iniciar el 2014 con este malestar social, no es una situación cómoda. Especialmente que su proyecto de país, según impulsado hasta noviembre de 2013 durante su primer año de incumbencia, adviene a un final abrupto si se confronta con una huelga a inicios del 2014, lo cual podría crear una fractura interna en las filas del poder.
Al final de la jornada, la Ley 160 se puede quedar, los maestros pueden ganar o perder, pero lo más importante es ver cómo queda la psiquis general. Si el País decide que los gobernantes de turno no son los que son, la presente crisis laboral habrá de definir el futuro del presente gobierno.
No podemos subestimar los procesos sociales. Hay que estar atentos, pues en los próximos días se habrá de definir el futuro del proceso electoral de 2016.