Ayer se anunció que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), por vía del proyecto de ley del Senado número 857, intenta facilitar que $2,700 millones de dólares que existen en las arcas de la banca privada y le pertenecen a entidades del gobierno central, municipal y corporaciones públicas, se transfieran al banco del Gobierno. Esta medida consolida lo que ha constituido la tendencia en los pasados meses por parte del presidente interino del BGF, José Pagán, de ir transfiriendo dichos fondos públicos al banco central del Gobierno.
No obstante, dicho proyecto de ley lo que intenta hacer es convertir la tendencia en una obligación, no solo para el banco sino para todas las dependencias del Gobierno. El BGF fue creado en el 1942, en el inicio de los procesos legales y constitucionales en torno al desarrollo de un Puerto Rico un poco más autónomo en torno a su relación colonial con los EE. UU. Es el banco del Gobierno de Puerto Rico para impulsar el desarrollo socioeconómico de la Isla. Tiene activos por encima de los $13,400 millones de dólares, lo cual lo ponen por encima de cada uno de los bancos privados y cooperativas del País de forma independiente. Apenas cuenta con 404 empleados, los cuales son más que necesarios para su función social primordial: ser agente fiscal del Gobierno de Puerto Rico y garantizar que existan los fondos para implantar las políticas públicas de desarrollo socioeconómico.
La medida que impulsa el proyecto del Senado 857 es posiblemente el primer paso para constituir un Banco de Reserva Nacional de Puerto Rico. Qué nadie se asuste, pero darle atributos de poder centralizado de los fondos del Gobierno constituye de facto un paso hacia un banco nacional. El modelo lo es el propio Banco de la Reserva Federal que cumple similares funciones, entre otras, administrar los dineros del gobierno federal y disponer sobre su uso eficiente. Esta medida es consistente con la emergencia de bancos de reserva a nivel de los estados de la federación de los EE. UU. que buscan maximizar la capacidad financiera de los propios estados.
Ahora bien, si la banca de Puerto Rico se ve afectada por la pérdida de $2,700 millones, que serán transferidos una vez se apruebe la ley en o antes del 30 de junio al BGF, entonces el problema real es con la banca privada y no con el Gobierno. Es decir, se trata realmente de una banca dependiente del gobierno, desde una lógica de estado benefactor, la cual se posiciona al mismo nivel de las personas que viven de programas de asistencia económica, como lo sería la tarjeta del PAN (Programa de Asistencia Nutricional, conocido popularmente como los cupones para la compra de comida).
Son tiempos difíciles para todos y todas en Puerto Rico. Si vamos a sufrir todos y todas en medio de esta crisis, que seamos de verdad todos y todas. La banca privada también tiene que vivir este momento. Por lo pronto, de aprobarse esta ley, el Gobierno de Puerto Rico estaría dando un paso afirmativo e interesante en torno a la construcción de “otro país”.
Crédito foto: Tracy O, www.flickr.com