La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, acaba de anunciar medidas de estado de excepción para controlar el desorden, la violencia y evitar asesinatos durante la jornada de las fiestas de San Sebastián, las cuales se celebran en el casco del Viejo San Juan, del 16 al 19 de enero. Cerca del 15% de la población de Puerto Rico, o 500 mil personas, participaron en las edición del 2013. En esta edición se desconoce cuántas personas asistirán.
Desde hace un año, cuando por primera vez vi a la alcaldesa Carmen Yulín en acción en las fiestas, en un momento en particular que cerca de 3 mil personas intentábamos infructuosamente tomar un bus desde San Juan hasta Santurce, pensé que el problema de las fiestas era uno de gobernabilidad. Es decir, usted no puede convocar 500 mil personas a participar en estas fiestas, si por lo menos no puede garantizarle 25 mil letrinas, es decir el 5% de facilidades de baños a esa cantidad de personas. Más aun, usted no tiene la capacidad de transportar gratuitamente a tanta gente, salvo que los recursos económicos del estado dispongan de la necesidad. Pero peor aún, si el fin prioritario es que las cerveceras y las casas del ron se hagan un “billete” durante esta jornada, la pregunta es si el gobierno, en este caso el municipal, debe subsidiar la situación.
La seguridad antes que el festejo se impuso como la solución a todos los problemas antes descritos. Investigaba yo sobre como corre el Carnaval de Rio de Janeiro o la Parada Puertorriqueña de Nueva York, eventos que movilizan en un día a varios millones de personas. Es curioso, pero en Rio de Janeiro el evento es semi privado, y la gente no está en la calle, en muchos sectores sino en gradas para las cuales han comprado su acceso. Mientras la Parada Puertorriqueña en Nueva York, corre por su libre albedrio, custodiada por la policía de la ciudad y la propia gente.
La alcaldesa Carmen Yulín Cruz, nos adelantó que la seguridad será el motivo de las fiestas este año. Para este evento, calcó los planes de seguridad que se utilizan en las jornadas deportivas inter-universitarias, las llamadas Justas. Entre otras medidas, estableció que solo habrán 10 puntos de entrada, que no habrá otro transporte que no sea el público del estado, se le cobrará un dólar a la persona por su transporte, y que la policía no dejara entrar bebidas, aunque la gente las podrá comprar adentro del perímetro.
Es curioso, pero ni los abogados por los derechos humanos ni el propio Colegio de Abogados de Puerto Rico han reaccionado ni a favor ni en contra de la alcaldesa. Lo que ésta impuso fue de facto un estado de excepción el cual limita serios derechos constitucionales del pueblo. Más aún le da un manto sin igual al estado de intervenir con una población flotante, de más o menos 100 mil personas, que habrán de ir y de forma voluntaria abrirán sus carteras y se dejaran tocar para ser inspeccionados.
Este es el sueño de todo estado represor: que la población voluntariamente participe en su represión. Esperamos que nos sea así el sueño de la alcaldesa Carmen Yulín Cruz. Esta, al ritmo del son guajira de Ismael Miranda, Galera 3, “están dando palos, puños y pescozones”, nos dice que la violencia y el desorden es la norma en las fiestas. Discrepamos, la norma es la convivencia pacífica de sobre 500 mil personas en cuatro días de fiesta. Tanta represión no nos hace bien como pueblo.