No es posible que el principal evento público de Puerto Rico se haya organizado hoy bajo las lógicas del estado de excepción, de facto y/o de jure, cuando se suspenden los derechos constitucionales de la población. El objeto de esta pérdida de derechos constitucionales son las fiestas que se celebran en la Calle San Sebastián del Viejo San Juan. La alcaldesa Carmen Yulín Cruz, en una medida insólita que ni el derrotado alcalde de San Juan en las elecciones del año 2012, Jorge Santini, hubiese soñado hacer, ha impuesto un estado de excepción para la ciudad. La alcaldesa Cruz impuso medidas que solo comparan a estados fascistas, o sociedades que han sufrido un golpe de estado o un severo ataque terrorista. La alcaldesa acordonó y limitó el acceso a toda la ciudad, en la cual viven varios miles de personas cuyo acceso a su hogar hoy se ve cuestionado por el propio estado.
La razón que aduce la alcaldesa Cruz fue la muerte de un joven en las fiestas del año 2013. Reconociendo que fue un acto lamentable, no solo el peso de la ley ha caído sobre el responsable, pero lejos de establecer un pánico moral y respuestas histéricas, habría que poner en contexto dicha muerte. En 44 años que se han celebrado las fiestas, nunca antes había nadie sido asesinado. Un muerto no justifica que la alcaldesa desee criminalizar toda la población que participa en dicha actividad. En particular que anualmente asiste un porciento significativo de la población a las fiestas. A manera de ejemplo en la edición 2013, participaron cerca de 500 mil personas, lo cual constituye aproximadamente un 15% de la población.
La respuesta de la alcaldesa constituye un claro menosprecio e incorrecta apreciación del poder soberano del estado. En particular, que es importante destacar que ante la ola de criminalidad, la última respuesta adecuada que debe tomar el estado es restringir todos los derechos de la población. En la medida que la alcaldesa Cruz, impone puntos de acceso, puntos de control, e intervención en la privacidad de la población que plantea asistir, lo que hace de facto es reconocer la incapacidad del propio estado, del soberano, de proteger a su población. Como no puede protegerla adecuadamente, los convierte a todos y todas, en presuntos sospechosos.
Ahora bien, en la relación de estado y ciudadanía, entran en este proceso otras contradicciones. En particular, la falta de interés de los sectores de izquierda o progresistas en cuestionar a la alcaldesa Cruz. Con sagradas excepciones, han sido contados con las manos los abogados y abogadas de los llamados sectores progresistas que dijeron presente para impugnar al Municipio de San Juan. Aquí yace un serio problema: se limitan derechos de la población, y hay pocos interesaos en vindicarlos.
Lo que sí es bien sorpresivo, que siendo la alcaldesa Cruz del ala soberanista y de izquierdas del oficialista Partido Popular Democrático, hoy en el poder político en la isla de Puerto Rico, haya sido la organización de defensa de los derechos civiles de origen de los EE.UU, la American Civil Liberties Union (ACLU) la que haya respondido llevando un pleito de impugnación de naturaleza constitucional. Es decir, y simbólicamente hablando, nuestros derechos hoy los deniegan las propias entidades puertorriqueñas, mientras una organización proveniente del propio poder metropolitano es la que nos reivindica nuestros derechos.
En fin, que hoy el oficialista Partido Popular Democrático, confronta crisis política en varios frentes. En parte porque se viven momentos difíciles en el país, pero también por pobres decisiones tomadas.
De Carmen Yulín prevalecer hoy en los tribunales, las fiestas deberían ser un éxito. Pero de no prevalecer, y que el Tribunal ordene el derribo de los muros, vayas y verjas, entonces constituiría una profunda derrota política para la alcaldesa, por falta de criterios adecuados; pero también se sumaría la misma a una mirada derrotista y no exitosa que comienza a afectar la figura política del gobernador, Alejandro García Padilla. Una solución saludable, de victoria para todas las partes interesadas, es que la Alcaldesa, voluntariamente elimine las medidas draconianas impuestas. Ya veremos qué pasa hoy.