La conversación en torno a los puntos de cateo para accesar las Fiestas de San Sebastián no es cualquier conversación. Se trata de un asunto de suma importancia para la vida política de todos y todas en Puerto Rico. Los accesos a la vía pública deben seguir siendo libres. Que las Justas Intercolegiales de Puerto Rico, desde la experiencia de Ponce hayan establecido la pauta, no quiere decir que sea correcto. La victoria del caso legal, llevado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), constituye una victoria para todos en Puerto Rico. Ahora bien, esta victoria es una de reclamar derechos del ciudadano común ante el estado y también ante los ciudadanos privados y particulares.
Tal vez muchos no se recordarán, pero en la década de 1970, muchos en Puerto Rico lucharon por el acceso a las playas en la Isla para que el mismo se mantuviera público. Así las cosas, el debate era, y sigue siendo, de “playas para todos”. Hoy la situación en torno a las Fiestas de San Sebastián cobra igual interés. Los accesos deben ser para todos y todas.
A la luz de lo anterior, lo que sí impera en la lógica de la alcaldesa Carmen Yulín Cruz, era un intento de iniciar privatizar las fiestas. Bajo los eufemismos de pases rápidos de entrar, por $25, la alcaldesa intentaba convertirnos a todos y todas en consumidores del espacio público. Algo así como pagar peaje. Nada que ver.
Nos parece que la victoria legal hay que traducirla en una derrota contra la alcaldesa Cruz y cualquier persona que en la lógica de nuestros gobernantes apoyen los procesos de privatización sobre momentos o bienes de interés público. Celebremos pues la victoria del caso que llevara la ACLU. Es una victoria de pueblo. Ahora, a celebrar en las fiestas.