Anoche llegó a un fin el juicio por la matanza a tiros de Carmen Paredes. Un jurado arribó a la conclusión de que su esposo, Pablo Casellas, un corredor de seguros, la mató a tiros el 14 de julio de 2012. Sus abogados comentaban antes del juicio que la publicidad producida por el incidente haría casi imposible encontrar jurados imparciales. Hubo comentaristas que dijeron que la prensa le “violó” la presunción de inocencia.
Eso último es un disparate. Si bien el incidente recibió gran publicidad y que el corredor de seguros fue objeto de un escrutinio público intenso desde el principio, la presunción de inocencia donde solo existe es en un tribunal de justicia. Una cosa es el proceso judicial y otra la cobertura mediática, no importa cuán amarillista (y la hubo amarillista). La prensa se encarga de informar lo que sucede en el país.
De interés especial entre el público fue el hecho de que su padre, un prominente juez federal, y uno de sus abogados había entrado a la escena del crimen mientras las autoridades la inspeccionaban. Que las autoridades lo hayan permitido dice muy poco de los procesos de investigación policíacos actuales.
El padre, don Salvador Casellas es un hombre completamente decente y honorable, y estoy convencido de que no entró a la casa con malas intenciones. La culpa, al no guardar el perímetro del crimen, fue de las autoridades, que por poco dañan la escena delictiva: la casa del mismo corredor de seguros en donde Paredes yacía muerta en una silla. Se alegó que aparentemente la habían sorprendido mientras leía el periódico. Entre el público había un temor de que podría afectar el proceso el privilegio que gozan las clases más altas en nuestra sociedad. Ha habido casos célebres recientes que alimentan la suspicacia del público, como el de un niño que murió violentamente en casa de otra prominente familia. Ese crimen, en donde definitivamente se dañó la escena, permanece impune.
Pablo Casellas contaba con un Who’s Who de abogados criminalistas en Puerto Rico, incluyendo a Harry Padilla, probablemente el criminalista más conocido en la Isla. El que tiene dinero para pagarle a una batería de cuatro juristas puede zafarse de culpabilidad, se decía entre el público. Lo que ocurrió anoche ayuda a devolverle la fe del pueblo sobre su sistema de justicia.
Pendiente queda una impugnación de un testimonio de una patóloga, quienes alegan los abogados del acusado excedió el ámbito de su pericia al testificar que hubo un tiro de remate (en la frente) y que la persona que mató a Paredes era diestro en el uso de armas de fuego. Pablo Casellas es un aficionado del tiro al blanco. El planteamiento quedará pendiente ante un tribunal de apelaciones. Quién sabe si entremos a otra etapa del caso, igual de ardua, porque los abogados han anunciado que acudirán al Tribunal Supremo de Puerto Rico si es necesario. El planteamiento, que primero lo atenderá un tribunal de apelaciones intemedio, es que al permitir que entrase en evidencia el testimonio de la patóloga se violó el derecho constitucional a un juicio e imparcial.
Además de asesinato Pablo Casellas fue convicto por el delito de destruir evidencia y violar la Ley de Armas. El veredicto, más allá de la duda razonable, fue de 11 a uno. La emitió un jurado de hombres y mujeres comunes. Si alguien insiste que no se reporten los pormenores de un crimen, tal vez estarían más a gusto en un sistema totalitario.
Mientras tanto. Pablo Casellas ingresó a la penitenciaría inmediatamente después de anunciarse el veredicto. Se enfrenta a penas de más de 100 años en prisión.
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