En la llamada Declaración de la Habana 2014 de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (Celac) de los 82 puntos que consta dicho documento, hay dos que merecen ser analizados para explicar el sentido, o visión de la justicia de dicha organización. En particular, en relación a la postura adoptada por los países miembros en torno al narcotráfico y la llamada “guerra contra las drogas, de una parte; y de otra parte, en lo referente a cooperar con las políticas de criminalización y vigilancia que provienen de los países del “norte”. En este sentido, y de forma más directa, se trata de las directrices que vienen de los EE.UU., y las cuales los países miembros de la Celac, deberían acoger.
En cuanto al manejo del narcotráfico y la drogadicción, el párrafo 37 de la declaración, es el único que hace referencia directa al tema. Lejos de haber dictado una política contundente sobre el tema, dicho párrafo solo esboza unas líneas generales las cuales se traducen de forma débil aunque clara: no se trata un tema de prioridad. Dice el párrafo en cuestión:
37. Nos comprometemos, de conformidad con nuestras capacidades y legislaciones internas, a apoyar la investigación científica sobre la drogadicción en los países de CELAC, en aras de avanzar en el desarrollo de tratamientos, incluidas vacunas y antídotos.
En otras palabras, la Celac optó por una solución medicalizada al tema del narcotráfico, y no asumió una política de línea dura, militarización, criminalización y encarcelamiento masivo de las poblaciones vulnerables y en riesgo ante la industria de la ilegalidad de las drogas. Esto mueve a la Celac a una posición muy distinta a la que se genera bajo la Organización de las Naciones Unidas, y también a lo que genera la política interna y externa del gobierno de los EE.UU. Esto denota un nivel de independencia política y jurídica.
Por otro lado, la Celac se distancia de la postura, fundamentalmente proveniente de los EE.UU., la Comunidad Europea y los organismos internacionales, como la Interpol, de asumir de forma no crítica las directrices de persecución sobre ciudadanos o países de la región. El párrafo 41, de forma amplia establece un distanciamiento y la voluntad de no cooperar con los estados del norte, lo cual constituye un interesante movimiento. Muy prematuro saber si es de adelanto, atraso o diferencia, pero sin lugar a dudas es un paso interesante. Dice el párrafo en cuestión:
41. Reiteramos nuestro rechazo a las listas y certificaciones unilaterales por parte de países desarrollados que afectan a países de la América Latina y el Caribe, en particular las referidas a terrorismo, narcotráfico, trata de personas y otras de similar carácter, y ratificamos el Comunicado Especial aprobado por las CELAC el pasado 5 de junio, que rechaza la inclusión de Cuba en la denominada Lista de Estados que promueven el terrorismo Internacional del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Aunque el párrafo 41 habla por un lado de las listas de criminalización de la población que se originan en el norte, y luego cambia a las que criminalizan a Cuba, lo que está en juego es asumir una postura regional en la Celac, de no participar en la lógica policíaca que generan los países del norte en general, y los EE.UU. en particular. Esto suena muy radical, pues pone en juego procesos conjuntos de cooperación entre los países, todos, de este hemisferio.
No obstante, tanto el párrafo 37 como el 41, habrá que verlos en la práctica. Suficiente decir que para lo que ha pasado hasta el día de hoy en la región, ambos dan una dirección que es muy radical, la cual rompe con el pasado. Ya veremos qué pasa a partir de la Declaración de la Habana 2014.