Una especie de histeria colectiva se esparce en estos días entre las huestes colonialistas de Puerto Rico. El detonante es la participación de varios patriotas puertorriqueños en la Segunda Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). El miedo se desata ante la posibilidad real de que América Latina clame con una sola voz por la descolonización de la Isla. Casi nada. La menor de las Antillas mayores, y sus tantos otros millones de hijos en la diáspora, son ahora un tema relevante en la agenda diplomática mundial. Los artículos 38, 39 y 40 de la Declaración de La Habana de 2014, conciernen a Puerto Rico directamente. No es de extrañar que cunda el pánico. "Esto nunca había ocurrido en nuestra historia”, apuntó con acierto, el líder independentista Rubén Berríos Martínez. Ahora comienza un proceso de presión en un foro político distinto al Congreso de Estados Unidos o las Naciones Unidas. Naturalmente, este cambio en las reglas del juego no es del agrado de los amigos del status quo. Preguntan, con cierto encono, de donde surge la legitimidad representativa de los actores políticos que acudieron a esa reunión. Qué les da derecho a acudir a esa Cumbre a reivindicar el derecho a la libertad bajo el pendón nacional. No se trata de una pregunta ociosa. Después de todo, la independencia es votada en contra por la inmensa mayoría de los boricuas. Pero este dato, no es más que otra evidencia del delito cometido. Porque el colonialismo, es precisamente eso, un crimen contra la humanidad. Sin embargo, parece prudente explicar que justifica la reciente entrada de nuevas piezas en este tablero del poder internacional. La primera razón es económica.
El líder autonomista Aníbal Acevedo Vilá resumió de manera elocuente la situación: “Existen 70,000 millones de razones para tratar ahora el tema del status”. Se refiere al tamaño de la deuda externa de la Isla. Su pago está constitucionalmente garantizado por encima de las partidas operacionales gubernamentales. La situación solamente se puede comparar con la de dos trenes que discurren a toda velocidad en sentido opuestos por una misma vía. El colapso del modelo económico colonial es evidente por doquier. De hecho, es la culminación de un proceso de decadencia que se inició con la Crisis del Petróleo de 1973. La ejecución de medidas inmediatas para reactivar la economía ha sido inútil. Las opciones fiscales y contributivas ensayadas, amenazan la paz social. Mientras tanto, no se vislumbran proyectos de producción que puedan ponerse en marcha rápidamente. Así las cosas, el gasto público se ha demostrado rebelde y parece indomable. Peor aún, ante el inminente desplome de los bonos gubernamentales, algunos burócratas se han aumentado el sueldo. Ante la tempestad, algunos desechan el decoro, si es cuestión de salvarse ellos. Mal signo ese. No es posible ya una restructuración incruenta del presupuesto. No hay iniciativas de capital privado que permitan paliar el problema. La realidad es que la falta de poderes del país, anula todo un repertorio de estrategias para asegurar un desarrollo económico sostenible. Eso nos lleva a la segunda razón. Esta es de orden político, pero se bifurca en dos senderos.
Es preciso referirse al más transitado, como la cuestión del “vasallaje por consentimiento”. Hasta hace poco, la estructura ideológica que sustentaba el colonialismo puertorriqueño se basaba en la excepcionalidad del régimen. Somos una nación sometida a la soberanía de otra por nuestro propio gusto. El rechazo al actual régimen político en la primera pregunta del Plebiscito de 2012 destruyó ostensiblemente ese paradigma. Esto reabre el espinoso camino de determinar quiénes son los interlocutores genuinos de esta nación antillana. El hecho de que nuestro pequeño país nunca haya gozado de libertad, ha servido para procrear una extraña fauna política. Las especies más raras siempre han habitado en las relaciones con la metrópolis. Con la restauración de Monarquía, mediante la Constitución de 1876, el gobierno español estableció la práctica de nombrar diputados "cuneros” para representar a la Isla en las Cortes. Estos eran, en la mayoría de los casos, españoles como Don Benito Pérez Galdós, que no conocía al país, pero supuestamente representaba a esta provincia por el distrito de Guayama. De estirpe superior se pueden medir la gestión de Eugenio María de Hostos, cuando en 1869 viajó a Nueva York a apoyar a Ramón Emeterio Betances y José Francisco Basora, en su campaña a favor de la independencia de Cuba y Puerto Rico. Este ciclo quedó sellado amargamente en 1899, cuando en compañía de Henna y Zeno Gandía, Hostos se entrevista con el presidente MacKinley. Queda entonces convencido de la vocación imperial estadounidense. Otro tanto le ocurriría a Pedro Albízu Campos, Presidente del Partido Nacionalista, en sus inmensas peregrinaciones por América Latina tres décadas después.
Las andanzas de estos adalides eran remuneradas con la persecución y el desprecio. Muy distinto de los mercenarios contratados actualmente por el Gobierno de Puerto Rico como cabilderos en Washington. La nueva empresa de cabildeo bajo contrato de la Administración García Padilla, Smith Dawson & Andrews (SDA) podrá facturar hasta $525 por hora cuando se encargue de los asuntos de la Isla, según el contrato suscrito con la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA). En situación parecida queda la empresa Prime Policy Group de Charlie Black. En medio de la presente crisis, Puerto Rico les paga $91,000 mensuales por sus gestiones ante el Congreso y el Poder Ejecutivo federal. No que antes fuera distinto. La Administración Fortuño Burset, al terminar el cuatrienio, destinó cerca de $3 millones anuales a gestiones de cabildeo en la capital federal. Estos eran dedicados en parte a impulsar la aprobación del H.R. 2499, proyecto de ley que proponía la celebración de un plebiscito con opciones de estatus refrendadas por Estados Unidos. Los agraciados en esa ocasión fueron las firmas DLA Piper, Oliver Group, Bryan Cove LLP, Covington & Burling y New World Group.
Aunque se indica que las labores de los nuevos cabilderos se centrarán principalmente en proyectos de desarrollo económico, es imposible creer que no vayan a ocuparse de asuntos de estatus. El resultado de la segunda pregunta del Plebiscito de 2012 no les deja otra opción a los colonialistas. El porcentaje a favor de la estadidad se queda en sólo 45%, cuando se suman los votos en blanco solicitados por el ahora gobernador. Pero los Estados Unidos han preferido sorber la ficción jurídica de un triunfo de la estadidad por un 61%. Este acto de malabarismo estadístico, desencaja todavía más el andamiaje colonial. Mientras tanto, una nueva estirpe de cuneros se ha inyectado en el debate. Los congresistas Serrano, Gutiérrez, Velázquez y Labrador reclaman un decir en los asuntos del país. Derecho tienen. Representan a miles de boricuas que salieron de su patria ahogados por la precaria situación económica colonial. Pero son agentes legales de la misma nación que sojuzga a sus compueblanos. En este contexto, las gestiones de Fernando Martín y Juan Dalmau del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) cobran una dimensión gigantesca. Son los dignos émulos de una antigua tradición patriótica. Una que antes había sido legitimada en el crisol del tiempo. Si no fuera por otra razón, bastaría decir que por que la emprendieron con la misma generosidad, de la de los próceres que les precedieron.