Deponentes ante una comisión del Senado de Puerto Rico estuvieron de acuerdo de que se desligue a la Isla de las leyes federales de cabotaje, que establecen que toda la carga desde Estados Unidos continental hacia la Isla se transporte en barcos de construcción y de bandera norteamericana. La marina mercante norteamericana es la más cara del mundo, y el que Puerto Rico tenga que depender de ella encarece sustancialmente el transporte maritimo y el costo de mercancía y de material prima que se vende en Puerto Rico.
El abogado Rafael Cox Alomar, quién fue candidato para comisionado residente por el oficialista Partido Popular Democrático, sostuvo hoy en su ponencia ante la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social, que esta es una coyuntura histórica para intentar excluir total o parcialmente a Puerto Rico de las leyes de cabotaje norteamericanas. Lo que lo hace de este momento el propicio es que el Gobierno de Puerto Rico acaba de sufrir un golpe serio en la clasificación de la mayor parte de sus bonos debido a su mal estado económico. Cox Alomar hizo un llamado para que se reuna el liderato puertorriqueño para acudir al Congreso norteamericano con propuestas para hacer de su economía una más competitiva. Se ha criticado a Puerto Rico por tener una gran dependencia en ayudas federales y a su Gobierno por ser inmanejable e ineficiente. El martes la agencia crediticia Standard & Poor’s anunció que estaba bajando de clasificación a “chatarra” o “junk bonds” a la mayor parte de los bonos emitidos por el Gobierno de Puerto Rico. Puerto Rico es un territorio no incorporado de los Estados Unidos, un estatus que cada vez más se describe como colonial.
La resolución la sometió la presidenta de la comisión, la senadora Rossana López León, con el propósito de que se prepare un estudio abarcador en reacción a un informe de una agencia federal, el General Accountability Office (GAO), que prácticamente avala a que la situación actual de transporte marítimo entre los Estados Unidos y Puerto Rico permanezca en su actual estado. Puerto Rico es el cliente número 12 de los productos de los Estados Unidos e importa 90 por ciento de sus comestibles del continente norteamericano. López León dijo hoy que todos los informes sometidos a la comisión abogan en pro de un cambio, con excepción de uno, que fue asignado a una firma de economistas por las cuatro compañías principales que controlan el tráfico maritimo entre Puerto Rico y el continente. Salió a relucir en una demanda civil contra las compañías en el Tribunal de Estados Unidos en el Distrito de Puerto Rico que las cuatro compañías se pusieron de acuerdo para fijar precios para la transportación marítima entre EEUU y Puerto Rico. También, varios funcionarios de las compañías enfrentan cargos federales por su práctica de fijar precios. La oficina de López León informó que ya ha habido convicciones en procesos penales contra funcionarios de las compañías.
Se busca que el informe que salga de las vistas se le entregue a la Casa Blanca, al Congreso norteamericano y la misma GAO, entre otros entes. “Todos los caminos conducen hacia el Congreso”, dijo Cox Alomar, explicando que era mejor pedirle al Congreso que modificase la aplicabilidad de la Ley Jones a Puerto Rico que pedirle a las agencias federales pertinentes una exención, ya que estas son muy reacias a otorgarlas. Se desprendió de las vistas que esto típicamente se ha hecho en momentos de desastres naturales. Cox Alomar sostuvo que se vería favorablemente que Puerto Rico acuda al Congreso con el argumento de que su economía va a ser más competitiva y menos dependiente si no está bajo el yugo de la llamada Ley Jones, que impone la actual condición marítima entre Puerto Rico y los Estados Unidos.
Los deponentes, incluyendo a José González Freyre, presidente de Pan American Grain, una compañia puertorriqueña importadora y elaboradora, atacaron al motivo de seguridad nacional, que utiliza la Ley Jones para justificar la actual situación de transporte maritimo en la Isla, porque las naves de la marina mercante estadounidense, usualmente embarcaciones de décadas de uso, no están en condiciones para propósitos de guerra. González Freyre destacó que la diferencia en los costos de flete suelen ser el doble en los barcos de bandera norteamericana que los de otras banderas. Sentenció que los capitanes de embarcaciones norteamericanas operan muchas veces bajo la premisa de que el comerciante de territorio norteamericano no tiene otra opción excepto usar un barco de bandera norteamericana y, por ende, ofrecen peor servicio. En una u otra manera, la Ley Jones también afecta a los estados de Hawaii y Alaska, así como de otros territorios ultramarinos de EEUU.