Nadie dice la verdad de lo que sucede hoy en Venezuela. Lo más que podemos creer es a ciertos hechos, de entendido objetivo, que podemos dar por válidos y ciertos. Ante esto, es bien poco lo que podemos pregonar como “mi verdad” ante “tu verdad”. Es bien poco. Entonces, qué nos queda, luchar por lo que nos parece como válido: los principios y las formas y las maneras de entender la política, que asume en distintos momentos distintas expresiones. En otras palabras, el último capítulo de la lucha social en Venezuela se encuentra al punto donde la expresión de la lucha de clases ha llegado a su máximo esplendor, donde las manifestaciones políticas están plagadas de violencia, desinformación y, más que nada, de formas autoritarias de poder. Esto, venga de ambos sectores y de donde venga.
No obstante, Venezuela tiene una Constitución, la cual desde 1999, ha regulado el orden social. Es una Constitución por la cual todos los sectores de la presente crisis se han dejado llevar. Fue aprobada por más del 70 por ciento de los electores que votaron en su referendo. Establece un Gobierno federal, con estados y municipios como formas horizontales del poder. En el día de hoy, por ejemplo, el Gobierno federal es gobernado por Nicolás Maduro, del partido oficialista fundado por Hugo Chávez, y la oposición se concentra en distintos partidos, controlando varios estados, como varias alcaldías. Dicho lo anterior, el primer deber de todos y todas es defender la Constitución y lo que dice la misma.
Ante esto, ayer se reunía, como parte de los procedimientos ordinarios de la nación bolivariana, el consejo federal del Gobierno, el cual agrupa a la presidencia y los gobernadores de los estados. Henrique Capriles, contendiente derrotado a candidato presidencial en el 2013, por Nicolás Maduro, es el gobernador del estado de Miranda. Llevaba unos días indicando que habría de comparecer a la reunión, pero a último momento decidió no comparecer “no podemos lavarle la cara a un gobierno moribundo”. ¿En serio?
Es un hecho cierto que en las pasadas dos semanas ha habido disturbios sociales, en su mayoría iniciados por la llamada oposición en Venezuela. Es un hecho cierto, que relacionado a estos disturbios han muerto sobre 12 personas. Es un hecho cierto que no se trata de la primera vez que la oposición toma control de las calles para protestar. Es un hecho cierto que todos los gobernantes, incluyendo Capriles, vienen obligados a defender la Constitución. Esto incluye comparecer a las reuniones que constitucionalmente son mandatorias.
Entonces, en los pasados 16 años, el chavismo se impuso cinco veces en las elecciones presidenciales, cuatro con Chávez y una con Maduro. Por otro lado, ganaron todos los referendos políticos, seis en total, salvo uno que perdieron. Entonces, ¿de qué gobierno moribundo habla Capriles?
Me parece que ha llegado el momento de que todos, incluyendo Capriles, que violentan la Constitución de Venezuela, respondan a la ley según corresponda. Más aún, si no pueden apoyar, entonces no pueden participar.
La lucha de clases en Venezuela, como ha pasado desde el 1998, cuando Hugo Chávez fue electo por primera vez al poder, no ha cesado. La llegada al poder de los negros, pobres, desclasados en la clasista Venezuela, no habrá de ser permitido jamás por personas como Henrique Capriles. Este, y las múltiples formas de oposición, habrán de entonar distintos cánticos de objeción a distintos niveles.
Pues, siendo lucha de clases, sea dentro de la Constitución o fuera de ella, la defensa de un proceso que hasta hoy ha probado ser democrático a través de las urnas tendrá que ser defendido. A fin de cuentas esto pasa en la tierra del libertador, Simón Bolívar.
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