El próximo 15 de abril, todos los que vivimos y generamos ingresos en Puerto Rico, venimos obligados por ley a rendir nuestra planilla de contribuciones y al pago que corresponda por nuestros ingresos tributables. Es una norma legal, pero también moral, pues el gobierno depende de nuestros pagos para poder realizar su obra. Se trata de un imperativo de ciudadano y ciudadana, que en parte surge de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1952.
No obstante, ya en la década de 1970, el líder histórico del Unión Independiente de Empleados de Riego (UTIER), Luis Lausell, quien a su vez fuera candidato a gobernador por el extinto Partido Socialista Puertorriqueño (PSP), en las elecciones de 1980, había iniciado un movimiento del no pago de las contribuciones. Las acciones de Luis Lausell culminaron con su encarcelación por evasión contributiva, todo indica que en la soledad, sobre todo ante la desaparición del PSP en el 1982.
Hoy la destacada economista crítica, y excandidata a la presidencia de la Universidad de Puerto Rico, Dra. Martha Quiñones, nos invita a ponderar sobre este tema, en las redes sociales, cuando comenta que se podría iniciar un movimiento para el uso selectivo de los pagos que realicen los contribuyentes al estado el 15 de abril. En otras palabras, nos podríamos convertir en “objetores por conciencia” del uso de nuestros dineros al momento de pagar contribuciones. La práctica se conoce a nivel mundial como “resistencia fiscal”, “desobediencia fiscal” o “objeción fiscal”.
Entonces, como ciudadanos y ciudadanas responsables y sujetos de la ley, no podemos invitar a nuestros lectores a no pagar sus contribuciones. Lo que si podemos es invitarlos a problematizar sus pagos. Es decir, hay varias cosas que se pueden hacer, entre otras: exponer en una carta de protesta, que usted solo desea que su dinero se utilice para beneficios sociales y no para el pago de la deuda a los bonistas o acreedores del gobierno.
Esto sería muy revolucionario en el caso de Puerto Rico hoy. Sería el inicio de un diálogo de abajo para arriba en nuestra sociedad que fuerce a este gobierno a democratizar el diálogo en torno a la deuda pública. Sobre todo, esto en el contexto que en medio de una crisis, declarado en rango especulativo o chatarra la capacidad financiera del gobierno de Puerto Rico y varias de sus agencias públicas, hoy se discute la emisión de nueva deuda valorada en $3,500 millones de dólares. ¿Quién y cuándo se va a pagar esto, si ya nuestra deuda pública asciende a $72 mil millones de dólares y es impagable?
Comencemos pues en la senda de Luis Lausell hace más de 30 años, pero matizada ahora por la voz de la economista Dra. Martha Quiñones. Entonces, veamos si podemos desarrollar un proyecto de justicia económica para nosotros y nuestra descendencia.