No sé si se lo han preguntado, ¿pero los aparatos del Estado utilizan bien su juicio al someter cargos, sean administrativos o judiciales, contra supuestos violadores de la ley aun si estos “casos” son flojos? Par de incidentes me causan duda sobre si se utilizan estos procesos justificadamente. La noticia de última hora que leímos y/o escuchamos los puertorriqueños es que la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) le ha sometido cargos administrativos al exsecretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, por alegadamente ejercer presiones indebidas sobre oficiales de la policía cuando estos intervenían con un exsocio de este por violaciones a las leyes de tránsito, incluyendo conducir un vehículo en estado de embriaguez.
A raíz de este incidente, un escándalo mediático, Sánchez Betances renunció a su puesto. Los hechos que la prensa dio a conocer son los siguientes: ambos salían en carros separados de una fiesta cuando al exsocio del exsecretario lo detuvo la policía al sorprenderlo con un teléfono móvil al oído mientras conducía. Resulta que este también tenía un nivel de alcohol inapropiado en su sistema. Se reportó que Sánchez Betances acompañó a su amigo a la estación policíaca. Lo que le dijo el entonces Secretario de Justicia a la policía no está claro, pero si es cierto que intervino inapropiadamente para que no se radicaran cargos a su amigo, su gesto fue en vano. El abogado se declaró culpable. Ahora resulta que a Sánchez Betances le han radicado cargos ante la agencia de ética que podría significar en multas de hasta $20,000.
De la noche a la mañana, la licenciada Zulma Rosario Vega, directora de la OEG, se ha convertido en figura conocida: sus fotos en los diarios, su voz a través de las vía radiales. En un programa radial de gran audiencia su tono era de “nosotros no comemos cuentos”. Me vino a la mente el proceso judicial que tuvo que pasar otro exsecretario de Justicia, Antonio Sagardía, por alegadas violaciones de ética. En su caso, se nombró un fiscal especial y se le acusó en los tribunales de justicia. Resultado: no hubo causa probable en ninguno de los cargos.
En resumen, Sagardía tuvo que someterse a un proceso que duró más de un año por algo que a lo sumo conllevaba unos reembolsos a la agencia rectora de la justicia. La cara detrás de los cargos y de referir el asunto a la Oficina del Fiscal Especial es la de Guillermo Somoza, quien entró en funciones como Secretario de Justicia una vez Sagardía renunció al puesto. Se gastaron miles de dólares en un proceso que no correspondía. El nombre de Somoza entrará a los anales como uno de los secretarios de Justicia más ineficaces en la historia de la Isla. Su departamento se distinguió por no actuar con celeridad en sus investigaciones y de someter acusaciones sin méritos a personas que no eran del agrado del Gobierno de turno. La de Sagardía fue su gesto de despedida, su gran regalo para la posteridad.
Me pregunto si verdaderamente se justifican los cargos contra Sánchez Betances, un abogado de trayectoria distinguida. Sagardía es uno de los mejores criminalistas de Puerto Rico. Los esfuerzos de estos dos jurisconsultos en servir a Puerto Rico quedaron en entredicho. En esta Isla, parece que es deber someter a cualquiera a los procesos de disciplina aun cuando la probabilidad de que el Estado prevalezca es reducido, por no mencionar el despilfarro incurrido de dinero y tiempo. Lo importante es retratarse en los medios y dar entrevistas con un tono de “no como cuentos”. La razonabilidad queda en un distante segundo plano.