Se ha presentado la legislación en el Senado de Puerto Rico para bajar las cantidades que se desembolsan por concepto de bonos de Navidad a los empleados del Gobierno, incluyendo los municipales y de las corporaciones públicas. La fórmula propuesta por el Senador Aníbal José Torres, portavoz de la mayoría de ese cuerpo legislativo, en términos reales uniformaría los bonos de navidad gubernamentales a $1,000 por empleado anualmente. Decir que las finanzas del gobierno central y de las corporaciones están en precario es tener mucho tacto.
Entiendo por qué los gremios se oponen. Estos existen para buscar el máximo posible de beneficios para su matrícula. Pero por otro lado, la crisis económica en que vivimos desde hace siete años ha traído despidos de empleados públicos. No es sorpresa que se proponga ahora una baja en un beneficio negociado (en el caso de las corporaciones públicas). Ante la depresión económica, y de la necesidad del Gobierno de seguir tomando prestado para pagar deuda pública, tenemos que concluir que la vaca ya no da leche. Este dinero ni siquiera se usará para alentar la producción.
La situación es complicada. Comprendo que se esté proponiendo un ajuste en los bonos de Navidad que reciben los empleados gubernamentales. La pregunta es si la rebaja de por sí va a ayudar realmente a calibrar los gastos del gobierno si no hay un esfuerzo por mejorar la operación de estas instrumentalidades para hacerlas más costo-efectivas. Si no se cambia la manera en que operan estas agencias y corporaciones para hacerlas más eficientes, la rebaja en el bono de Navidad no necesariamente representará un gran alivio económico. Estamos en un verdadero hoyo para que gobiernos como los que hemos tenido en Puerto Rico opten por recortar beneficios. Después de todo, ¿a qué Gobierno puertorriqueño no le ha gustado dar beneficios, aunque no haya dinero para pagarlos? Bendito, si estamos hablando de políticos.
El concepto de bono de Navidad comenzó en 1969 bajo el Gobierno de Luis A. Ferré como una expresión de justicia social. Ahora estamos en un momento en que hay que buscar alternativas para que al Gobierno le rinda el dinero. Los que producen cinismo en la población sobre la medida son los varios contratos que otorga el Gobierno, muchas veces por cantidades objetables a empresas o individuos privados, y las liquidaciones o bonos jugosos a funcionarios ejecutivos. Este derroche hay que atenderlo con premura. No puede ser que los recortes de beneficios siempre los reciban los empleados públicos asalariados.
También, pienso que los líderes del país han estado por demasiado tiempo utilizando un lenguaje de relaciones públicas en vez de alertar a los puertorriqueños que tenemos que hacer grandes sacrificios. Hoy nos levantamos con unos portavoces del gobierno tildando la última emisión de bonos de ser un gran triunfo para Puerto Rico, como si el hecho de que se vendiesen los bonos fuese a transformar la situación económica en el país. Logramos salir de la situación económica fatal en que vivía la Isla en la primera mitad del siglo pasado. Pero, tuvimos líderes entonces, especialmente Luis Muñoz Marín, que transmitieron en el Pueblo un sentido de urgencia. Por algo se refirió al primer triunfo (uno parcial) del Partido Popular Democrático como el “llamado del 40”. Si nuestros líderes comienzan a hablar con más urgencia y menos relaciones públicas, quizás estemos todos dispuestos a hacer patria cediendo beneficios. Pero lo que emana de las bocas de lideratos de los dos partidos principales no es urgencia. Es como si no nos estuviésemos hundiendo. Aló, ¿alguien está escuchando?