Hay un anuncio que dice: Mueblería la Subasta. Estoy con un pana, cojonudo, hombre de pena e insolencia. Escaso de corporiedad, asiduo a la cerveza bush. Amigo de la broma fácil, callejera y sin sustancia. Busco un par de cervezas y no hay la que yo bebo.  Le pregunto al que atienda el local, que por qué no hay Medallas?  Me dice: eso es lo que hay. Pero me lo dice con un tono sublime, casi como si fuera Leopardi (poeta italiano). Le digo, con cara de guitarreño sin cultura, quién se encarga de comprar los caldos?  El medio día del local es una cultura de vividores, sanguijuelas, hombres con conciencia de renacuajo y algunos señoritos con zapatillos de Marshalls. Me sigo dando la medalla, pero con tragos cortos, para darle al día tiempo para que resuelva la gaviota que tiene en los ojos de la mañana. 

Me dicen que murió Rivera Cruz.  Hay frío, el cielo de mi patio está artificioso, lejos de ser una estructura poética. No se han cumplidos los 30 días de duelo por la muerte de: No puedo mencionar su nombre. Héctor Rivera Cruz muere en el mismo mes del innombrable.

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(San Juan, 12:00 p.m.) El gobernador Pedro Pierluisi anunció ayer su última Orden Ejecutiva en la cual pone fin al toque de queda a partir del próximo lunes 24 de mayo.  Luego de dos meses, una semana y dos días, entra finalmente a la narrativa social, que el estado ya no podrá intervenir en nuestras vidas privadas. 

Desde el pasado 16 de marzo de 2020, por vía de la Orden Ejecutiva 2020-023, el estado logró detener la vida de cada una de las personas que vivimos en la isla.  Ayer, por vía de la última Orden Ejecutiva, esto comienza a cambiar. ¿Seremos libres ahora?

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(San Juan, 11:00 a.m.) Algunos no se cansan del colonialismo. Ahora lo quieren sin cláusula territorial. Recibí la invitación de un nuevo embeleco llamado Frente Puertorriqueñista, con escudo y todo tipo de señas emblemáticas. Los principales actores son Luis Toro Goyco, el ex congresista Luis Gutiérrez, el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, y otros nombres que no quiero mencionar porque me dan pena. El motivo principal para crear esta agrupación o la razón principal es que se “resuelva definitivamente su estatus político con alternativas fuera de la cláusula territorial de la constitución de Estados Unidos, oponernos a la estadidad como opción descolonizadora y respaldar el proyecto de autodeterminación presentado por las congresistas Nydia Velázquez, Alexandria Ocasio Cortez en la Cámara y Bob Menéndez en el Senado del Congreso de Estados Unidos”.

Como pueden ver hay dos componentes que no quieren; primero la cláusula territorial y tampoco la estadidad o la integración que no necesariamente son lo mismo. Una cosa es entrar como estado y otra como territorio incorporado. No dicen la verdad cuando respaldan el proyecto de Velázquez y Menéndez. Es más, se contradicen porque pretenden unir a los puertorriqueñitas en contra de la puertorriqueñidad. 

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(San Juan, 9:00 a.m.) Decía el fenecido líder independentista, Juan Mari Bras, que el colonialismo es interno y externo. El interno, para una relación de dominación de un grupo por otro, dentro de una frontera común; para el externo, una relación de subordinación con un pueblo externo, fuera de la frontera nacional.  Esta historia de Mari Bras, nos sirve para entender el proyecto de las fuerzas estadistas y el Partido Nuevo Progresista (PNP). El mismo intenta forzar por vía de una situación irreversible la anexión de Puerto Rico a los EE.UU. Sin el apoyo de nadie en Washington, ellos fuerzan las condiciones para asemejar que la estadidad está a la vuelta de la esquina.  Es un chiste, combinado con otro chiste.  Pero en la gracia hay que detenerlos.

Las elecciones especiales realizadas en el día de ayer, para seleccionar seis delegados congresionales (ahora seis al senado y cuatro a la cámara de representantes), es un absurdo sumamente bien pensado.  Utilizando el aparato del estado, fuerzan este proceso para enviar unos delegados a Washington al costo económico del erario público de la isla.  Se dice pronto, pero es una afrenta para un país que no tiene fondos para pagar por más policías, más hospitales públicos, y más aun para mantener un sistema de educación pública de excelencia.

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(San Juan, 9:00 a.m.) El gobernador de turno, Pedro Pierluisi, nos anunció el pasado jueves, que el toque de queda que nos ha acompañado durante los pasados 15 meses, llega hoy a su fin.  Lo celebramos.  Pero también nos anuncian, que los seis cabilderos electos, entre otros el controversial Ricardo Rosselló, van a recibir un sueldo del gobierno de Puerto Rico para “merodear” en el Congreso, pues son ciudadanos privados sin ninguna función pública autorizada.

Esta es nuestra nueva normalidad: libertad personal ante un gobierno que en cada uno de sus actos profundiza en el mal gobierno, la mala utilización de los fondos públicos, y en la cultura de la corrupción ligera, la cual ya nadie protesta, pero que no deja de sorprender. ¿Alguien sabe qué van a hacer esos cabilderos desde las gradas?

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(San Juan, 11:00 a.m.) El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, reclamó al gobernador Pedro R. Pierluisi que, siendo la Asamblea Legislativa la rama de gobierno “más representativa de la democracia expresada en la urnas por los puertorriqueños… exigimos que se entienda y se respete cuando tomamos una determinación”.

El planteamiento del senador Dalmau Santiago surge a raíz de las críticas generadas por el informe negativo de la Comisión de Nombramientos con relación a los designados secretarios Magaly Rivera (Educación), Ana González Magaz (Familia), Ray Quiñones (Recreación y Deportes) y Bomberos (Javish Collazo Fernández).

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(Montevideo, 10:00 a.m.) Las elecciones chilenas de los pasados 15 y 16 de mayo dejaron mucho material de análisis de lo que acontece en el país trasandino, pero también genera insumos valiosos para todos los habitantes del continente latinoamericano. En Chile algo está cambiando.

Los resultados electorales no pueden interpretarse aisladamente. Son productos de circunstancias políticas, de momentos históricos, pero también tienen mucho que ver con los procesos que viven las naciones y sus ciudadanos a lo largo de los años. En el caso de Chile esta historia electoral puede remontarse hasta 1980 –o antes si se quiere–, cuando el 11 de setiembre de ese año la dictadura de Pinochet aprobaba la Constitución que sigue vigente hasta estos días.

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(San Juan, 9:00 a.m.) Una marcha de miles de trabajadores logró lo que parecía un imposible, cuando la Cámara de Representantes rechazó la orden de la Junta de Control Fiscal impuesta por Estados Unidos de entregar cientos de millones de dólares a la empresa designada por el Gobierno para quedarse con la Autoridad de Energía Eléctrica.
Fue una victoria en una primera escaramuza y todavía la Junta puede derribar de un plumazo la decisión de la Legislatura puertorriqueña, pero quedó claro que en la capital de Puerto Rico comenzó a hacerse visible el sendero hacia una nueva rebelión.
Eso pasó este12 de mayo, día en el que se conmemora el bombardeo de San Juan en 1898, con el que comenzó la ofensiva estadounidense contra Puerto Rico en la Guerra Hispanoamericana.
Mientras tanto y como si nada estuviera ocurriendo en San Juan, en Washington se lleva a cabo la preparación final para presentar ante el pleno del Senado la reforma electoral federal, que incluye un plan de reorganización electoral y mayor asimilación política de todos los territorios isleños bajo dominio de EEUU en el Caribe y el Pacífico. La propuesta pasó, el 11 de mayo, la etapa de revisión en el Comité de Reglas y, al cierre de esta crónica, el jueves13 de mayo, estaba en el calendario de trabajo del día atender el asunto por parte del caucus de la mayoría demócrata.
En la etapa de revisión del Comité, donde la votación final fue un empate nueve a nueve, quedó claro sin embargo que los demócratas fueron capaces de aprobar varias enmiendas con el concurso de votos republicanos. Eso abrió la posibilidad de acuerdos para evitar que los republicanos usen el arma de alargar el debate indefinidamente -conocida como “filibusterismo”- para obstaculizar la aprobación de la reforma.
Por supuesto, la distancia entre Washington y San Juan sigue fija en 2.560 kilómetros en los mapas geográficos, pero los mapas de la política son otra cosa.
En Puerto Rico, la institucionalidad política en general guarda silencio sobre la reforma, como si no existiera. Sólo Manuel Natal, que dirige el partido Movimiento Victoria Ciudadana, ha dicho estar al tanto y que, en un viaje reciente al Congreso estaba preparado para fijar su posición, pero que no hubo la oportunidad.
En Washington, el Comité de Reglas del Senado discutió muchas enmiendas, pero no hubo ni una sola mención al tema de los territorios.
A lo que sí se le ha dado cierta promoción, en la Cámara, es a una resolución para expresar desacuerdo con la jurisprudencia basada en la condición de “raza extranjera” inferior que se adjudica a los pueblos isleños, por lo que esas colonias “pertenecen a, pero no forman parte de” EEUU. El propósito es promover que el Tribunal Supremo actualice su evaluación y establezca que las colonias son parte de la nación, más cónsono con la política pública del nuevo gobierno demócrata.
Pero la situación real en Puerto Rico se ha deteriorado tanto que al repudio de la entrega de la AEE al consorcio norteamericano LUMA ya se han sumado la Asociación de Industriales, la Asociación de Mayoristas Importadores, la Iglesia Católica, denominaciones protestantes y diversos sindicatos, desde los de maestros y los gremios de la Universidad de Puerto Rico, hasta los de otras agencias y corporaciones públicas y de la empresa privada. La poderosa estación radial WAPA Radio emitió un editorial denunciando el contrato como un robo y un engaño.
En abril, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), comenzó las movilizaciones y aprobó un voto de huelga. El Primero de Mayo, media docena de caravanas de sindicatos y grupos sociales recorrieron la capital y esta semana se produjo la primera marcha multitudinaria de protesta desde que comenzó la pandemia, hace más de un año.
No se trata, sin embargo, que la UTIER y sus aliados sean los únicos que difunden mensajes. Un periodista muy influyente, que en el pasado aceptó un contrato para tratar de descarrilar protestas sociales, estaba el mismo día de la marcha planteando que la UTIER tiene el deber de rendirse para que los empleados de la AEE puedan entregarse sin temor a LUMA.
El presidente del Consejo Estatal de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, ha dicho desde el principio que si el gobernador, Pedro Pierluisi, no anula el contrato de entrega de la AEE a LUMA, tendrá que abandonar el cargo. Su declaración tenía como referente las intensas jornadas de protesta y levantamiento popular en 2019 que culminaron con el derrocamiento del entonces gobernador Ricardo Rosselló, en lo que se conoce como “el verano del diecinueve”.
Ya se oyen voces sobre “el verano del veintiuno”, pero Figueroa Jaramillo no esconde su conocimiento de que la UTIER está impulsando una lucha muy difícil.
“Esto se trata del futuro de Puerto Rico”, dijo durante la marcha de esta semana Figueroa Jaramillo.
En una entrevista durante uno de los piquetes previos a la marcha de esta semana, el veterano líder sindical Ricardo Santos -ex presidente de la UTIER- contestó preguntas sobre la perspectiva de la lucha y dijo que todo dependerá de si se logra la movilización del pueblo entero. Santos dijo que está firme en “la esperanza de que (a LUMA y el Gobierno) es posible derrotarlos”, pero que si se produjera una derrota “yo moriré con las botas puestas”.
El mismo día de la marcha, el gobernador Pierluisi se fue a Washington en lo que fue descrito como un “viaje oficial” y estará en la capital de EEUU hasta la semana que viene.
El mismo día también, una muchacha de escuela secundaria, salió de su casa al amanecer con una bandera de Puerto Rico y le dijo a su mamá que iba al castillo de San Felipe del Morro, en la entrada de la Bahía de San Juan, a protestar por el bombardeo de 1898 por parte de la Armada de Estados Unidos.

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