(San Juan, 12:00 p.m.) Con la participación de 23 académicos y 28 organizaciones políticas, excepto los partidos Fuerza del Pueblo, de la Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano, el Gobierno dominicano firmó el denominado Pacto Nacional para la formulación y ejecución de políticas de Estado frente a la situación de Haití.
En medio de la tensión actual entre la República Dominicana y la vecina nación por la construcción de un canal sobre el río Dajabón o Masacre en el lado occidental de la isla Hispaiola, fue suscrito el documento que abarca cuatro pilares, que versan sobre política de Relaciones Exteriores, política migratoria, política fronteriza y política económica.
El pacto tuvo una preparación de ocho meses y se ha dado la instrucción de que se lleve a todos los sectores de la vida nacional y que se cree una comisión que le dé seguimiento para que hayan modificaciones según la circunstancia de la crisis haitiana.
En el encuentro, el presidente Luis Abinader insistió que tras la rúbrica de este convenio, tiene que haber una comisión de seguimiento y un equipo para consultas rápidas, debido a la evolución constante de la situación en nación más empobrecida de occidente que se ha agravado luego del asesinado, en julio de 2021, del presidente Jovenel Moïse a manos de un grupo de mercenarios suramericanos.
El jefe Estado aprovechó la oportunidad para advertir que los momentos que vienen con la situación haitiana no van a ser diferentes a la actual, sino que serán similares o mayores, por lo que todos los sectores deben prepararse y unirse, teniendo en cuenta las características especiales con las que el país ha tenido que vivir con la vecina nación.
A continuación los puntos acordados:
La República Dominicana está dispuesta a estimular y respaldar a la comunidad internacional en el esfuerzo de rescate y reconstrucción de Haití, siempre y cuando las soluciones estén encaminadas a: primero, procurar la pacificación de Haití; segundo, asistir económicamente a dicho país y su población, por medio de un plan de crecimiento y desarrollo, a mediano y largo plazo; tercero, incentivar su institucionalización; y cuarto, garantizar el respeto de la integridad territorial y demográfica de las dos naciones que coexisten en la isla de Santo Domingo. En tal contexto, la colaboración de la República Dominicana con diversos miembros de la comunidad internacional ha de ser reconocida y debe estar subordinada a que efectivamente estos asuman un compromiso con la pacificación, rescate y reconstrucción de Haití.
Debido a lo anterior, reconociendo que se requiere colaboración internacional para lograr un estado de paz y de orden institucional en acciones enunciadas a continuación en materia de relaciones exteriores:
A.1 Promover el apoyo de otros gobiernos para que ayuden a la sociedad y organizaciones intermedias haitianas en la búsqueda de soluciones urgentes y sostenibles en ese país.
1.1 Enviar misiones especiales al exterior, dirigidas a lograr un mayor compromiso de la comunidad internacional con respecto a la reconstrucción de un orden institucional conducente progresivamente a la gobernabilidad y el respeto de los principios y valores democráticos y libertades fundamentales del ser humano.
1.2 Fomentar la cooperación Sur-Sur, por medio de los canales institucionales especializados para esos fines.
1.3 Ofertar, en ese tenor, la construcción y operación de tres hospitales en Haití -incluida la formación de su personal gerencial, médico y auxiliar-; además de otras obras estratégicas que impliquen aportes significativos, para reducir así la insostenible presión actual sobre los servicios públicos dominicanos; e invitar, al mismo tiempo, a otros países a realizar cada uno inversiones similares y/o superiores al aporte dominicano.
1.4 Instituir un grupo de trabajo experimentado, multisectorial y multipartidario, que devenga en el núcleo precursor del Instituto de Relaciones Dominico-Haitianas y que sea un órgano consultivo de los poderes públicos para fines de políticas públicas.
A.2 Insistir en que el peso principal de la solución de la crisis en cuestión está en las instituciones de la sociedad haitiana, con el legítimo soporte de la comunidad internacional; y, por ende, no nos asiste otro interés que el de colaborar en esa tarea común, salvaguardando siempre las decisiones y mejores intereses procedentes de Haití.
2.1 Respaldar la actual política exterior dominicana, en el sentido de que se debe priorizar la pacificación de Haití con el rescate de su economía e institucionalidad, así como solidarizarse con el proceso de estabilización y próxima celebración de elecciones nacionales; todo condicionado a que la soberanía nacional dominicana no se vea afectada en el proceso.
2.2 Publicación y amplia difusión de un libro blanco, elaborado por especialistas, con explicaciones exhaustivas de la posición nacional dominicana, que sería la guía de acción del cuerpo diplomático y consular dominicano.
La República Dominicana enfrenta en la actualidad un fenómeno que dejó de ser solo un problema de migración, para convertirse también en un impostergable reto a la seguridad nacional y regional; reto que impacta, por su magnitud y complejidad, a su ordenamiento jurídico e institucional. Y, por eso, en tanto que responsable primero y último de su orden constitucional y de sus compromisos internacionales, defiende en materia migratoria el principio de la debida regulación del ingreso y tránsito a través de sus fronteras, así como la permanencia y el libre desempeño del ejercicio laboral de nacionales extranjeros debidamente autorizados para habitar e interactuar en suelo dominicano, de conformidad con las disposiciones legales que rigen en todo el territorio nacional.
Materializar esa política implica resaltar ciertos principios y valores irrenunciables en la legislación del país, así como respaldarlos consistentemente con actuaciones que a continuación enunciamos.
B.1 Poner en vigencia un efectivo marco regulador migratorio.
1.1 Salvaguardar y robustecer la articulación coherente y eficaz de los actores del Sistema Nacional de Migración, -ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Policía, Trabajo y Defensa, así como sus respectivas dependencias y relacionados- en todo lo relativo a la ejecución de la política migratoria y sus fundamentos en el territorio nacional.
1.2 Presentar y publicar de manera íntegra la auditoría que ha venido realizando el Ministerio de Interior y Policía al Programa Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) y aplicarlo exclusivamente a quienes se inscribieron en ese programa, de conformidad con las disposiciones de la legislación vigente.
1.3 Elaborar o revisar -entre otros-con sentido restrictivo los siguientes protocolos: el de control fronterizo y del ingreso de trabajadores urbanos y agrícolas; el que asegure su transporte; los instructivos que establezcan pormenores para identificarse los pasajeros terrestres; y el listado de empresas transportistas.
1.4 Reforzar, en función de lo establecido por ley, la coordinación y articulaciones operativas entre los ministerios de Relaciones Exteriores, de Trabajo e Interior y Policía, y sus respectivas dependencias, así como el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), muy particularmente en lo que respecta al otorgamiento de visas a los trabajadores temporeros.
1.5 Ejercer, tanto el Consejo Nacional de Migración como el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, sus respectivas obligaciones, en estricto apego al orden jurídico establecido, en particular a la Ley General de Migración y su Reglamento de aplicación.
1.6 Desarrollar un programa de control biométrico de nacionales extranjeros para garantizar la seguridad nacional y ciudadana.Toda la información recabada deberá ser compartida en una base de datos conjunta de los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Policía, Trabajo, Salud Pública, Agricultura, el Departamento Nacional de Investigaciones y sus respectivos órganos. Esta acción no implicará un programa de regularización de estatus migratorio.
B.2 Gestionar un estricto control de las fronteras con Haití
2.1 Supervisar tecnológicamente desde la distancia, con cámaras o la forma más idónea a este propósito, al personal de campo responsable de labores de vigilancia de las fronteras terrestre y marítima nacionales.
2.2 Acompañar la valla fronteriza de dispositivos tecnológicos que minimicen el paso ilegal de personas, así como el tráfico de ilícitos en general, empleando incluso tecnología de observación satelital para una mejor y mayor cobertura de toda la región fronteriza.
2.3 Evaluar el desempeño de los agentes civiles y militares en el cumplimiento de sus tareas de control y regulación de los flujos en la zona fronteriza, estableciendo sanciones ejemplarizantes cuando correspondan, de conformidad con la ley.
2.4 Administrar un eficaz régimen de consecuencias que persiga y sancione a quienes mediante mecanismos y argucias promuevan, encubran o consientan cualquier tipo de corrupción, en correspondencia con lo previsto por la Ley núm.137-03 de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, al igual que la Ley núm. 344-98 que sanciona la organización de viajes ilegales desde y hacia el territorio dominicano, así como las leyes que castigan la falsedad en documentos de identidad para atribuir nacionalidad dominicana a extranjeros.
B.3 A propósito del ingreso y permanencia en el país:
3.1 Culminar por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores el proceso de modernización para la emisión de visas que garantice una mayor probidad en la emisión de estas.
3.2 Adoptar una política de visado consecuente con las realidades de la República Dominicana y las naciones desde las cuales recibe inmigrantes y turistas.
B.4 Planificar el mercado laboral dominicano y sus necesidades de mano de obra extranjera:
4.1 Fijar, en el Consejo Nacional de Migración, los requerimientos de mano de obra del mercado laboral dominicano y definir con criterios objetivos, según lo previsto en la Ley núm. 285-04, General de Migración, (Art. 49), qué sectores productivos requieren por el momento establecer «cuotas» de admisión anual por sectores de actividad» y, en cada una de ellas, el número de trabajadores temporeros asignados para cubrirlas; y, por tanto, en cuáles dominios laborales no procede conceder dicho permiso por ley. Esas cuotas deben concederse respetando las normas de nacionalización del trabajo, que tienen como fundamento la Constitución de la República y las prescripciones del Código de Trabajo, efectuando para tales fines las debidas consultas con representantes de los productores y empresarios, sindicatos y grupos ciudadanos, tal como lo dispone la Ley General de Migración y garantizando los mecanismos previstos en la referida ley.
4.2 Promover como indispensable un compromiso empresarial de cara a la planificación y ordenamiento del mercado de trabajo, de conformidad con las proporciones dispuestas relativas a las normas de nacionalización del trabajo.
4.3 Fomentar con los sectores empresariales la generación de compromisos de transformación productiva y la subsiguiente incorporación progresiva de la mano de obra dominicana en aquellos sectores donde se ha experimentado un proceso de desnacionalización de los mercados laborales.
4.4 Reformular la norma general núm. 97-2007 de la Dirección General de Impuestos Internos (DGIl), que permite a las empresas constructoras considerar como gastos deducibles los pagos de nóminas de trabajadores, sin anexar el listado de los contratados y sus datos personales, ni el monto de lo pagado efectivamente a cada trabajador.
4.5 Promover que la Dirección General de Impuestos Internos no admita como costos -para fines del impuesto sobre la renta- a extranjeros indocumentados que aparezcan en las nóminas.
4.6 Cesar a la brevedad posible y de manera ejemplar la contratación de mano de obra haitiana en condiciones migratorias contrarias a la ley en obras o actividades del Gobierno central, los organismos autónomos y descentralizados y de los municipios.
4.7 Supervisar que los trabajadores haitianos en condición de legalidad gocen de los mismos derechos laborales establecidos en las regulaciones para los dominicanos.
B.5 Deportaciones y salida del país.
5.1 Deportar, en los términos de las leyes 285-04 y 344-98 y con apego al debido proceso, a los extranjeros en situación migratoria contraria a la ley, sean estos desempleados o contratados en sectores de servicios no provistos de cuota de permanencia para extranjeros temporeros.
5.2 El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), a través de sus oficinas en todos los puntos fronterizos, constatará que en los procesos de deportación no están incluidos menores de edad no acompañados.
5.3 Velar por el cumplimiento de los requisitos previstos en el ordenamiento legal del país para la contratación de trabajadores temporeros, la cual sólo debe efectuarse ante los consulados dominicanos en Haití, con la presentación de carta emitida por la institución, organismo, empresa o persona física con la que se llevará a cabo el trabajo temporal. Además, debe contener compromisos de cumplir las condiciones y requisitos sobre derechos y condiciones laborales, comunicación de información.
Sobre los trabajadores, transporte, gastos de viaje, médico, repatriación y la garantía de fianza correspondiente.
5.4 Dotar a todos los trabajadores y empleados contratados de los documentos fehacientes que avalen su condición de formalidad.
5.5 Instituir oficinas de intermediación laboral en todos los municipios del país como servicio público gratuito, tanto para las empresas como para los trabajadores dominicanos, bajo la coordinación y supervisión del Ministerio de Trabajo.
B.6 Sostenibilidad y fortalecimiento institucional.
6.1 Procurar el buen funcionamiento de las relaciones y procedimientos interinstitucionales de las siguientes dependencias estatales: ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Policía, Trabajo y Defensa, además de sus dependencias en asuntos migratorios como el Consejo Nacional de Migración y la Dirección General de Migración, así como el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), en aras de una articulación armoniosa y eficaz.
6.2 Velar por la sistemática implementación de un sistema nacional de estadísticas migratorias para ser más efectivos en la toma de decisiones e implementación de políticas públicas.
6.3 Aplicar encuestas periódicas, además de otros procedimientos de obtención de información sobre la situación de la mano de obra, ingreso de ilegales, deportaciones, actualización de los requerimientos de cuotas de trabajadores temporeros y el desenvolvimiento del mercado laboral en general.
6.4 Garantizar la aplicación del Convenio Binacional del 31 de enero de 1938, mediante el cual Haití y República Dominicana se comprometieron a un modus operandi donde se establece el protocolo biunívoco de entrada de ciudadanos de uno y otro país.
6.5 Salvaguardar la seguridad, soberanía, integridad territorial y demográfica de la nación, a la vez que respetar el estándar de los derechos humanos de los extranjeros que ordena el Derecho Internacional Público.
6.6 Tomar medidas para asegurar que el espectro radioeléctrico dominicano prevalezca en toda la extensión de la frontera.
6.7 Exigir el cumplimiento del artículo 63, numeral 13, de la Constitución de la República, el cual dispone, entre otros asuntos, la enseñanza de los valores patrios y de los principios cívicos de convivencia pacífica, al igual que difundirlos por los medios de comunicación junto a los valores culturales del pueblo dominicano.
C. Política Fronteriza
En gran compromiso patrio de todo dominicano y, por ende, del Estado, es salvaguardar la integridad de sus fronteras, así como la convivencia en la misma, sin ceder ni retroceder en el dominio y gestión responsable de su territorio, como punto de encuentro y de separación, tanto con nacionales haitianos, como con otros extranjeros.
A la luz de este Pacto Nacional, en particular en el ámbito de su Política de Control Fronterizo, se destacan, sin por ello ser exhaustivos, los siguientes principios y acciones prioritarias para su debido manejo e implementación.
C.1 Respetar y hacer respetar el trazado de la línea fronteriza, tal y como está acordado en los convenios internacionales suscritos por Haití y la República Dominicana.
1.1 Cuidar, restaurar y/o reponer los bordes fronterizos desaparecidos o desplazados, así como resolver los problemas provocados por la expansión del lago Azuei o del Fondo hacia el territorio nacional, siguiendo el procedimiento consignado en los acuerdos internacionales que rigen la materia.
1.2 Finalizar, en el más breve plazo, la construcción de la verja perimetral fronteriza inteligente.
1.3 Facilitar el transporte seguro de mercancías por vía terrestre y marítima; y, cuando proceda, el transporte de carga aérea, hacia las ciudades haitianas que reúnan las condiciones de seguridad.
1.4 Si las circunstancias de inseguridad extrema lo llegan a requerir, respaldamos tomar las disposiciones extraordinarias previstas en el ámbito de la Constitución de la República y de las leyes que permitan a las autoridades enfrentar los eventos excepcionales de inseguridad.
C.2 Control de actividades ilícitas.
2.1 Instaurar la vigilancia satelital en tiempo real y de alta resolución sobre la región fronteriza dominicana, al igual que los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional y el resto del territorio nacional, conectados al C5I y a los centros de mando y control fronterizos, para la salvaguarda de parques nacionales y áreas protegidas, tanto como la vigilancia de flujos humanos y transporte de mercancías y sustancias prohibidas.
2.2 Evaluar el empleo de arcos detectores de armas, explosivos, municiones y componentes radiológicos y químicos, así como las demás medidas fitosanitarias y sanitarias que correspondan.
2.3 Controlar con más eficacia el tráfico ilícito hacia Haití de leña y carbón, así como el de árboles maderables de gran valor como el guaconejo.
C.3 Desarrollar una política de retención y atracción de población dominicana hacia la frontera.
3.1 Respaldar planes de desarrollo fronterizo de gran alcance que favorezcan la estabilidad, crecimiento, seguridad y prosperidad de la población que reside en el territorio de las provincias fronterizas, incluida una política salarial y un estatuto de servicio especial y diferenciado en favor de servidores públicos civiles, policiales y militares en dicha región.
3.2 Disponer por ley la creación de la Corporación de Desarrollo Fronterizo como ente público autónomo responsable de canalizar recursos y créditos a proyectos y empresas públicas, privadas, de alianza público-privada y sociales, comunitarias, medioambientales y cooperativas.
3.3 Impulsar la aprobación de la ley de régimen de propiedad fronteriza, previsto en el artículo 10, numeral 2, de la Constitución de la República, que descanse en una visión de seguridad nacional, con el objetivo de hacer viable el desarrollo fronterizo y el auge de un nuevo tipo de asentamiento humano, en tanto que asociado al crecimiento productivo y comprometido con el crecimiento poblacional dominicano en la frontera.
3.4 Diseñar e implementar una estrategia para el rescate, preservación y aprovechamiento de las aguas procedentes de las cuencas fronterizas (Pedernales, Artibonito, Dajabón) en armonía con los convenios internacionales respecto al uso razonable y sostenible de las aguas procedentes de fuentes compartidas que, en este caso, se originan dentro del territorio de la República Dominicana.
3.5 Contemplar la creación de una subred eléctrica fronteriza que sea alimentada fundamentalmente por fuentes renovables; en especial, las obras hidroeléctricas que pueden construirse sobre la cuenca del Artibonito, que a su vez debe ser preservada, junto a los demás recursos hidrológicos de la región, ya que deben compartirse con Haití, como lo disponen los convenios bilaterales, o el interés superior de que Haití cuente con energía y agua en las mejores condiciones posibles.
3.6 Incentivar la producción de biocombustibles, en particular biodiésel, para el mercado interno, producido en la zona fronteriza, dentro de una visión de seguridad energética y nacional.
C.4 Velar por la sustentabilidad de la organización social e institucional en la zona fronteriza.
4.1 Priorizar la delimitación con infraestructura perimetral y/o reubicación de los mercados municipales fronterizos en Dajabón, Pedernales, Jimaní y Comendador.
4.2 Coordinar, juntamente con las autoridades haitianas, un manejo más adecuado del intercambio comercial que tiene lugar de manera informal en sitios como Capotillo, Restauración, El Corozo, Tilori, Guayajayuco, El Carrizal, Los Cacaos, Bánica, Pedro Santana, Hato Viejo, Hondo Valle, Sabana Real, Mal Paso, Cañada Miguel y Cacique Enriquillo.
D. Política Económica
Las autoridades gubernamentales, apoyadas en el sector privado, tanto dominicano como internacional, han de incentivar y expandir el financiamiento competitivo, tanto para las exportaciones hacia Haití, así como para desarrollar proyectos en ese país, en particular los que empleen mano de obra haitiana e impliquen inversiones en zonas francas, agroforestales y de manejo integrado de recursos naturales renovables.
En la consecución de esa política de desarrollo, enarbolamos estos principios y exponemos algunos de los objetivos prioritarios:
D.1 Incentivar la producción, la inversión y el comercio:
Alentar y promover la reproducción del modelo vigente de CODEVI -en Ouanaminthe-Dajabón- para la instalación de industrias en el interior del territorio haitiano. Ese prototipo de inversión puede contribuir, al mismo tiempo, a generar riquezas, retener la población en sus lugares de origen y frenar la migración de mano de obra en condiciones de irregularidad hacia nuestro país.
1.2 Constituir el Fondo Nacional de Mecanización Y Tecnificación Agropecuaria, para financiar la adquisición de equipos y maquinarias que modernicen e incrementen la productividad de ese sector estratégico, dentro de una visión de seguridad alimentaria y nacional.
1.3 Crear el Fondo de Mecanización y Tecnificación de la
Industria de la Construcción, así como definir un programa de incentivos a la industria de la construcción de viviendas prefabricadas urbanas y rurales y de obras privadas asociadas a esquemas fiduciarios (Fideicomisos) con fondos del Estado.
1.4 Mejorar las tarifas laborales para la industria de la construcción, abrir en el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) cursos básicos para trabajadores dominicanos, así como facilitar los mecanismos de contratación, aplicar cabalmente sus normas de seguridad y reducir o eliminar cargas laborales.
1.5 Evaluar la liberación por 10 años a la agropecuaria de impuestos a la renta y a la propiedad para facilitar su modernización, condicionada a la implementación de tecnología a los métodos de producción nacional.
1.6 Establecer políticas para el equilibrio de los precios de sustentación en finca para alimentos básicos y enfrentar cualquier conato de escasez con estímulo a la producción nacional.
1.7 Incrementar las inversiones públicas en el campo para evitar que la juventud lo abandone y enfrentar cualquier conato de escasez con estímulos a la producción.
1.8 Reconsiderar y mejorar el funcionamiento de los mercados municipales fronterizos, tanto como su actual ordenamiento jurídico.
