Economía Solidaria

(San Juan, 10:00 a.m.) Los 14 líderes sindicales que acudieron la semana pasada a Washington divulgaron hoy, mediante comunicado de prensa, la información discutida y los documentos entregados a funcionarios del Departamento del Trabajo federal, a congresistas estadounidenses y funcionarios de Casa Blanca.

El presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), Emilio Nieves Torres, indicó que “le resumimos los daños que la junta de control fiscal (JCF) ha causado a los trabajadores del sector público y privado en relación a salarios congelados, derogación de leyes de justicia social (reforma laboral, retiro digno) y recorte a pensiones”.

“Planteamos otros daños que nos afectan como pueblo tales como los aumentos en tarifas de servicios esenciales, el cierre masivo de escuelas, la reducción del presupuesto a la UPR (Universidad de Puerto Rico), entre otros”, abundó.

El veterano dirigente sindical reveló que “entregamos y discutimos una Declaración que resume 18 daños causados por la Junta con el reclamo principal de sacar la JCF de Puerto Rico y derogar la Ley Promesa”.

“Reconocemos que esto requiere un proceso de informar y legislar, pero tiene que hacerse de forma acelerada porque mientras continúe la sumisión del gobierno y la Legislatura a la junta de control fiscal, la agenda de mayor pobreza y emigración continuará en Puerto Rico durante los próximos 5 a 10 años”, abundó.

Nieves Torres detalló como logros de esta etapa de la campaña contra la JCF:

1. Establecer con los congresistas enlaces de comunicación permanente y el compromiso de impulsar legislación a favor de nuestros reclamos. Incluso se comprometieron a solicitarle a la junta fiscal que se reúna con nosotros.

2. Abrir las puertas con funcionarios de Casa Blanca para investigar la realidad de la junta fiscal en Puerto Rico y atender el reclamo de su salida.

3. Lograr el respaldo de la organización CASA, que tiene más de 150,000 afiliados que apoyan a trabajadores latinos y a los inmigrantes.

4. Ampliar los esfuerzos con la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos, que está atenta a nuestras necesidades y la dictadura colonial que ejerce la junta de control fiscal. Esa diáspora es una fuerza política que va a incidir en la atención que los congresistas deben dar a los reclamos de los trabajadores y del pueblo de Puerto Rico.

5. Entregar un documento firmado por el presidente de la Asociación de economistas de Puerto Rico, Ricardo Fuentes, en el cual se identifican deficiencias de la JCF y la validez de las enmiendas a la reforma laboral.

“Acá en Puerto Rico nos corresponde reclamar a los que aspiran a la Gobernación, a la Comisaría Residente, a la Legislatura y a las alcaldías, su posición y compromiso con eliminar la junta de control fiscal. En ese aspecto no basta palabras con promesas. Evaluaremos su trayectoria de sumisión ante la Junta de Control Fiscal o de lucha para defender al pueblo y los trabajadores ante los abusos que ha cometido la junta de control fiscal”, expuso el líder sindical al concluir que “tal como lo expresamos frente al Capitolio en Washington, sacar la junta de control fiscal, ¡sí se puede!”

(San Juan, 11:00 a.m.) Residentes de la comunidad Miramar de Guayama catalogaron de “abuso” la intención del gobierno de Puerto Rico de rescatar económicamente a la corporación AES Puerto Rico, para mantener en operación su planta de carbón, aumentando el costo de la luz a las familias del país.

“La carbonera le pide un rescate y el gobierno está buscando la forma de darle ese rescate. A puerta cerrada han estado negociando todo eso. Los que sufrimos, los que estamos pasando esta terrible situación de salud, pues no les importa. O sea que las enfermedades y las muertes que hay en nuestro sector, no son tan importantes como salvar a esos criminales”, dijo Alberto Colón del Valle, residente de la comunidad Miramar.

El dirigente comunitario hizo estas expresiones en el programa radial “Agenda ambiental”, que tiene entre sus promotores es el Campamento contra las cenizas en Peñuelas.

Por su parte, Aldwin Colón Burgos, una de las personas que vive más cerca de la planta de carbón, recordó que la corporación colombiana AES frecuentemente ha rehusado cumplir con las leyes de Puerto Rico.

“Esta compañía ha demostrado a través de todos estos años que no respeta las leyes puertorriqueñas. Cuando los huracanes Irma y María, le ordenaron tapar la montaña de cenizas y ellos se negaron a hacerlo. En múltiples ocasiones se ha demostrado que esas cenizas tóxicas se salen fuera de sus (instalaciones) provocando que caiga al mar”, aseguró.

Colón Burgos, quien es sobreviviente de cáncer, argumentó que “el gobierno aún insiste, no solamente en la permanencia de esta compañía, sino de hacer nuevos contratos con estas personas dándole la espalda al ciudadano, a nosotros que vivimos cerca y a todo Puerto Rico, porque eventualmente esto afecta a todos los puertorriqueños”.

Durante la entrevista radiofónica a los guayameses afectados por AES, José Manuel Díaz Pérez, dirigente de la lucha en Peñuelas contra el depósito de cenizas, criticó la agenda de la corporación carbonera contra la seguridad y vida de las familias cercanas a sus proyectos.

(San Juan, 10:00 a.m.) El gobierno dominicano demandó de la comunidad internacional una acción decidida y un compromiso firme para movilizar recursos que permitan mantener el objetivo de un calentamiento global inferior a 1.5 grados centígrados y el acceso de los Estados en desarrollo a fondos para enfrentar desastres naturales.

El pedimento lo hizo la viceministra de Cambio Climático y Sostenibilidad de República Dominicana, Milagros De Camps, durante la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP28) que se efectúa en Dubái, ciudad de los Emiratos Árabes.

“El camino a seguir exige una acción decidida y un compromiso firme para movilizar recursos. Nuestro compromiso compartido, acción colectiva y determinación inquebrantable pueden producir y producirán resultados positivos”, dijo la funcionaria caribeña en su discurso al participar en el Segmento de Alto Nivel para Jefes de Estado y de Gobierno.

Destacó la importancia de mantener la confianza en el cumplimiento de la meta del calentamiento global, ya que un aumento superior a 1.5 grados centígrados implicaría consecuencias devastadoras, como acumulaciones de lluvia e inundaciones que provocarían pérdidas de vida, daños millonarios en infraestructura y agricultura, huracanes más fuertes e imprevisibles, olas de calor recurrentes, reducción de la productividad laboral, impactos en la salud de la población y disminución de la calidad de vida.

La viceministra también resaltó que el fenómeno conlleva sequías más largas y un aumento considerable de los incendios forestales, afectando la reserva forestal y los medios de vida de millones de personas que dependen de la pesca y el turismo.

República Dominicana lidera las negociaciones en la COP28 y está exigiendo a los países desarrollados un mayor financiamiento para hacer frente a los impactos del cambio climático.

La representante isleña agradeció el compromiso de los países desarrollados, reconociendo que “aunque las promesas son encomiables, no son suficientes en comparación con las pérdidas y daños experimentados por las naciones afectadas”.

La citada conferencia de este año se considera una oportunidad crucial para tomar el rumbo correcto y acelerar la acción para afrontar la crisis climática, teniendo en cuenta los récords de las temperaturas a nivel mundial y los fenómenos temporales extremos que afectan a la población del planeta.

En esta ocasión, se informó, el mundo hará balance del progreso establecido por el Acuerdo de París (tratado climático histórico firmado en 2015) y trazará el plan de acción para reducir las emisiones de forma drástica y proteger vidas y sustentos.

La cumbre reúne a líderes de gobiernos, negocios, ONG y sociedad civil para alcanzar soluciones concretas a una problemática decisiva actual.

“La ciencia es clara: para mantener un clima soportable, se debe reducir cuanto antes la producción de carbón, petróleo y gas y triplicar la capacidad de energía renovable (eólica, solar, hidráulica y geotérmica) para el año 2030. Al mismo tiempo, se requiere de un aumento sustancial de la financiación para la adaptación e inversión en resiliencia climática”, indica un comunicado de la Organización de las Naciones Unidas colgado en su página web.

Según el Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA), casi siete billones de dólares de financiación pública y privada se destinan cada año a actividades que perjudican directamente a la naturaleza, una cantidad 30 veces superior a la que se gasta anualmente en soluciones verdes, según un impactante informe presentado este sábado en la Conferencia sobre Cambio Climático de Dubái.

El organismo también revela que, a pesar de décadas de llamamientos para poner fin a los flujos financieros hacia sectores que dañan algunos de los bienes más valiosos de la humanidad, estas inversiones representan actualmente el 7% del Producto Interno Bruto mundial.

La publicación este sábado se produce en un momento en que se aceleran las negociaciones sobre el texto final de la conferencia (que se clausurará el próximo martes) y con el telón de fondo de la mayor acción en favor de la justicia climática. En el cónclave se escuchan llamamientos a poner fin a la dependencia mundial de los combustibles fósiles y a exigir reparaciones por “pérdidas y daños”.

El informe sobre el estado de las finanzas para la naturaleza es el primer estudio de este tipo y se centra en lo que se conoce como “flujos financieros negativos para la naturaleza”, subrayando la urgencia de abordar las crisis interconectadas del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación del suelo.

(San Juan, 10:00 a.m.) Un informe  revela que en el 2022 el sector turismo local agregó valor agregado por 22,190 millones de dólares al Producto Interno Bruto (PIB), representando alrededor del 19%, con una capacidad de multiplicarse hasta tres veces en la economía.

Así lo señala el estudio “Impacto del sector turismo en la economía dominicana”, realizado por la firma Analytica y la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), un análisis que busca dimensionar el impacto directo, indirecto e inducido de esa actividad en el país.

Durante la presentación de la investigación en el marco del sexto Foro de Inversión Turística de Asonahores, la viceministra técnica de Turismo, Jacqueline Mora, indicó que el 50% de este o valor añadido (unos 11,171 millones de dólares) fue generado de manera inducida, a través del consumo de los empleados del sector.

Precisa que el 35% fue obtenido de manera directa con la venta de bienes y servicios en ese renglón, equivalente a 7,692 millones de dólares, mientras que 3,327 millones se generaron de forma indirecta a través de las compras que generó a otros sectores, para el 15 %.

“Uno de cada cinco pesos de valor que genera el turismo está vinculado a la economía”, enfatizó Mora, fundadora de la firma Analytica.

La especialista, quien es economista, destacó que el impacto de la industria en el PIB nacional se distribuye en el siguiente orden: 17% en los hoteles, 11% en el sector construcción, 10% en las pymes de servicios (pequeñas y medianas empresas) y el 10% en el transporte interurbano y turístico.

Sin embargo, agrega el reporte, al tomar en cuenta la participación del turismo en la generación de valor agregado de otros renglones de la economía, esta industria aporta el 44% del PIB en transporte interurbano y turístico, el 33% de la elaboración de productos textiles, de vestir y de calzado y el 28% del Producto Interno Bruto de los bares y restaurantes, siendo estos los tres sectores más impactados.

El valor agregado es un concepto utilizado en economía, finanzas y contabilidad con dos significados diferentes: desde el punto de vista contable, la gran diferencia entre el importe de las ventas y el de las compras, es decir, la diferencia entre los precios de mercado y costos de producción.

Destaca que la industria turística cuenta con una participación importante en el área de las pymes, al aportar el 24% de aquellas destinadas a la manufactura local y el 22% de las que ofrecen servicios.

Según el análisis, los aportes de esa arteria de la economía al Producto Interno Bruto se explican en un 78% por el flujo de los visitantes que eligen este destino de inversión, mientras que el 22% proviene del gasto focalizado.

Además, los hoteles son responsables de haber generado el 59% de ese valor agregado durante 2022, mientras que el 41% se distribuye en el resto del sector. En tanto, las operaciones de la banca contribuyeron en un 8%.

(San Juan, 10:00 a.m.) El alcalde Manuel Jiménez informó la adquisición, mediante un proceso de licitación pública, de 50 nuevas unidades de camiones compactadores de desperdicios sólidos que serán incorporados de inmediato a las jornadas de aseo en sectores del municipio Santo Domingo Este.

Los vehículos, que estarán concentrados en las limpiezas de la circunscripción 3 de esa demarcación, la más grande y compleja del país, fueron presentados a los presidentes de Juntas de Vecinos y a la comunidad en un acto protocolar.

Los primeros 36 de los vehículos se integrarán de manera progresiva a dar el servicio en el mes de diciembre, mientras que los 14 restantes entrarán en operaciones a principios del año 2024, cuando se concluyan los compromisos contractuales con las últimas empresas privadas que operan en Santo Domingo Este.

Un comunicado de prensa servido a los medios indica que la flotilla tiene un costo de RD$380 millones (unos 6,6 millones de dólares estadounidenses) y está compuesta por 25 camiones de 25 yardas, 10 de 20, 5 de 6 y 10 camiones volteos de 4.5.

Estos equipos darán el servicio en Los Frailes y la Franja de Las Américas, la Autopista de San Isidro (avenida coronel Rafael Fernández Domínguez), Hainamosa, Invivienda, El Almirante, Villa Carmen, El Tamarindo, y los demás sectores que conforman la Circunscripción ubicada entre la avenida Charles de Gaulle, así como los municipios de Boca Chica y Guerra.

El acto de presentación inició en la explanada norte del histórico Faro a Colón para luego continuar con un recorrido de los aparatos por avenidas y calles principales de la zona beneficiaria.

“Con esa iniciativa, la gestión del alcalde Manuel Jiménez pone fin al modelo de contratación privada que por más de 20 años ha funcionado en el municipio Santo Domingo Este, provocando que el Ayuntamiento pagara un servicio caro, poco eficiente e inestable.”, dice el comunicado.

Jiménez explicó que en las zonas donde ya el cabildo recoge la basura, “las mejoras son continuas y el costo del servicio se ha reducido en más de 40%, incluyendo los gastos para dar mantenimiento a la flotilla y evitar las paralizaciones recurrentes que provocaban algunas empresas para presionar por pagos u otras exigencias”.

(San Juan, 11:00 a.m.) La secretaria de Recursos Naturales y Ambientales, Anaís Rodríguez Vega, anunció hoy que firmó un acuerdo con la organización Caribbean Regenerative Community Development (CRCD) para la producción cooperativa de 60 mil árboles de sombra nativos.

“Esta unión novedosa entre la protección ambiental y el desarrollo agrícola nos muestra que es posible la conservación de la naturaleza y el fomento económico cuando se establecen mecanismos creativos para ambos sectores. La función ministerial del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) es la conservación y protección de nuestra naturaleza, sin que eso signifique necesariamente detener los distintos desarrollos económicos necesarios, siempre y cuando sean armoniosos con las leyes y reglamentos que hemos dispuesto”, afirmó la funcionaria.

Mediante el acuerdo, la CRDC coordinará las plantaciones para establecer o mejorar la sombra en 2,000 acres de tierras agrícolas existentes. CRDC lidera el “Proyecto Smart AgPR” como parte del “Partnerships for Climate Smart Commodities Program”, que comenzó en abril pasado y continuará hasta marzo de 2027.

La CRCD coordinará la plantación de 60,000 árboles de sombra nativos en 2,000 acres de tierras agrícolas existentes para establecer sistemas de agrosilvicultura (agricultura forestal), la cual reduce la sedimentación del suelo, mejora la retención de agua y promueve la biodiversidad en las tierras de trabajo.

Se plantarán árboles nativos para lograr una densidad de aproximadamente 36 a 40 árboles nativos por cuerda en áreas de producción de café y cacao donde aún no se ha establecido sombra o es necesario mejorarla.

Los árboles recomendados para esta práctica incluyen, entre otros, Inga vera, Andira inermis, Inga laurina, Anadenanthera peregrina y Cordia alliodora.

La siembra de 60 mil árboles nativos avanza la misión del DRNA de proteger, conservar y gestionar los recursos naturales y ambientales del país de manera equilibrada, para garantizar el disfrute de las próximas generaciones y estimular una mejor calidad de vida.

Asimismo, se derivan beneficios ecológicos pues estos árboles ayudarán a capturar el dióxido de carbono que produce la quema de combustibles fósiles y los cuales causan el calentamiento global, aportando a su mitigación. De esta manera, el DRNA apoya las prácticas de conservación relacionadas con la agricultura climáticamente saludable y ecológica.

“Con esta nueva alianza, el DRNA aporta a su red de colaboradores de reforestación árboles nativos; como parte de la política pública de conservación de la administración del gobernador Pedro R. Pierluisi. Mientras, CRDC llevará a cabo y coordinará programas de monitoreo y evaluación que aliente a los científicos de una variedad de instituciones a trabajar juntos para comprender los impactos de la implantación de prácticas beneficiosas y mejorar los esfuerzos para apoyar prácticas agrícolas climáticamente inteligentes, mitigar cualquier impacto negativo aguas abajo y proteger los ecosistemas vulnerables”, sostuvo Rodríguez Vega.

También, esa organización destacará personal en el Vivero Cambalache en Arecibo para apoyar la producción de viveros de árboles nativos. CRCD producirá 9,000 de los 60 mil árboles de sombra nativos necesarios en sus viveros.

El restante será producido por el DRNA, mientras que la vigencia del Acuerdo se extiende hasta abril de 2028.