Justicia Social

(San Juan, 10:00 a.m.) La senadora María de Lourdes Santiago Negrón, portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), tuvo reparos en cuanto a la nominada para ocupar la secretaría de Educación, Yanira Raíces, dado su estrecho vínculo con Julia Keleher, condenada por corrupción.

“Resulta preocupante que la nominada haya sido colaboradora estrecha de la exsecretaria de Educación Julia Keleher, cuya nefasta gestión resultó en el cierre de cientos de escuelas que servían a la niñez más necesitada de nuestro país”, expresó.

La portavoz del PIP en el Senado aseguró que “todavía hoy nuestras niñas y nuestros niños sufren los estragos de las actuaciones de Keleher que, a su vez, Raíces tuvo a cargo implementar”.

También recalcó que le parece inaceptable que, tras la salida de Keleher en abril de 2019 y su posterior acusación a nivel federal en junio de 2019, Raíces ─quien era secretaria auxiliar de Transformación y Planificación y Rendimiento del DE durante la incumbencia de Keleher─ no haya producido ningún informe sobre la eficacia o el fracaso del cierre de los planteles.

(San Juan, 12:00 p.m.) Una mujer residente de Cataño, arrestada en la noche del miércoles en una megatienda en Bayamón por hurtar mercancía, fue imputada hoy por las autoridades federales de trata humana.

Daryanna González Montañez, de 30 años, apresada en Walmart, en Bayamón, quedó bajo custodia de la Oficina de Seguridad Nacional (HSI, siglas en inglés), pues un gran jurado federal había emitido hace una semana una orden de arresto en su contra.

La mujer fue acusada de producir pornografía infantil y tráfico sexual de menores, entre otros cargos relacionados con la trata humana.

La directora de HSI en Puerto Rico, Rebecca González-Ramos, aclaró que este caso se remonta a abril de 2023, cuando una trabajadora social alertó sobre una menor de 13 años con discapacidad que alegó que “una prima la había expuesto a cometer actos sexuales con unos adultos a cambio de dinero”.

(San Juan, 11:00 a.m.) Curiosamente,  a la 1:15am del la madrugada del sábado hubo otra trifulca más en la Placita de Santurce.  Allí un grupo de personas, todo indica, que eran americanas, protestaron por algo que aún no se ha entendido, y fueron agradidos por un grupo de personas vestidas todas de rojo y parcialmente encapuchados.  Pero, no pasó nada, porque la policía municipal del alcalde Miguel Romero indicó que nadie presentó una querella, por lo que no había nada más que hacer.

Ahí yace el problema. En que no hacemos nada cuando la violencia es “normalizada”, pues los jóvenes agredidos “se lo buscaron” (ver la prensa comercial de Puerto Rico, como describió el evento). Mas aun, para la policía municipal, es normal esto, siempre y cuando nadie presente una querella.  Sólo si hay una querella, entonces es que se debe de actuar. ¿En serio?

Pues bien, esto pasa mientras el presidente de una asociación de vendedores de armas, le pide a las mujeres que se defiendan, comprando armas, de la violencia doméstica. Muy ilustre el pensamiento del susodicho. Lo correcto sería transformar todas las violencia, y promover una cultura tolerable a la diferencia, y donde la cultura machista y patriarcal no lo colonice todo.

Siendo así, hoy sí podemos decir, que pese a todos los fondos destinados a controlar la violencia de género, no somos exitosos. Hace unos días, en el plazo de siete días seis mujeres y dos hombres fueron asesinados por asuntos relacionados a la violencia de género.  Pero las tres personas agredidas en la Placita de Santurce, para quien el alcalde Miguel Romero no tiene nada que ofrecer, son parte de una cultura profunda de la destrucción de la vida.  Es momento de cambiar tanto a los políticos incapaces, como la cultura machista y patriarcal que promueve la violencia. Pensemos.

(San Juan, 9:00 a.m.) El gobierno dominicano cerró este miércoles el paso de la frontera por Dajabón (región noreste del país), que limita con Haití, luego de la persistencia de trabajadores haitianos en continuar la construcción del canal para el desvió hacia su territorio de las aguas del río Masacre que cruza entre las dos naciones.

La orden fue dada por el presidente de la República, Luis Abinader, quien precisó que la medida responde a dos propósitos fundamentales y que la apertura eventual dependerá de los resultados que se logren.

“La frontera se cerró por dos objetivos fundamentales y esos objetivos están en proceso de cumplirse y vamos a evaluar al final del día si podemos abrirla de nuevo”, indicó, al advertir que lo más importante es que tienen que cumplirse los tratados internacionales sobre el manejo de las aguas fronterizas.

Señaló que el segundo propósito es capturar a los haitianos todavía prófugos, acusados de participar en la muerte de cuatro personas de una familia en la comunidad de Aminilla, en Dajabón, demarcación que está ubicada a 305 kilómetros (189 millas) desde Santo Domingo.

Los fallecidos son el hacendado Ramón Eugenio Medina (Papito), de 60 años, su esposa Carmelina Antonio Cabreja Ramos, de 49 años y un hijo del matrimonio, Daniel Medina Cabreja, de 19. Otro resultó herido y es atendido en un hospital.

Abinader afirmó que su intención “es dar un mensaje, como lo estamos dando, de que van a tener resultados drásticos los que incurran en ese tipo hechos”.

SELLARON EL PASO

Después de implementarse la ordenanza ejecutiva, que fue ejecutada por el Cuerpo de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), el vocero de la Presidencia y director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Homero Figueroa, informó que ciudadanos haitianos están sellando el paso del agua desde el río Masacre, cumpliendo la exigencia expresada por el Gobierno dominicano.

Agregó que la gestión del jefe de Estado ha reforzado su política de control fronterizo para garantizar la seguridad y la integridad de sus ciudadanos, en línea con las medidas de seguridad nacional.

Figueroa, además, destacó la importancia de mantener un diálogo y una colaboración pacífica entre las naciones vecinas, y reafirma el compromiso del Gobierno dominicano “de abordar las preocupaciones fronterizas de manera privativa, constructiva y en beneficio del interés nacional”.

(San Juan, 9:00 a.m.) El senador independiente José Vargas Vidot desaconsejó al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) la renovación del contrato de servicios de salud a la población correccional con Physician Correctional ante la investigación que realizó la Comisión de Salud Mental en torno a los sucesos relacionados a la muerte de la confinada Shannel Colón Ponce.

“Ha pasado un año desde la muerte de Shannel, al igual que el inicio de la investigación por esta Comisión, y en este tiempo se han levantado muchas preguntas con pocas respuestas, al igual que muchos problemas en búsqueda de soluciones de manera inmediata”, dijo el senador independiente.

Vargas Vidot opinó que la lamentable muerte de Colón Ponce y el pobre manejo en su caso ha arrojado luz acerca de los servicios y protocolos de salud mental en las instituciones carcelarias, al igual que el poco personal para atender estos servicios apremiantes.

“Desde el inicio el caso de Shannel fue manejado de manera violenta e invalidante al no tomar en consideración su diagnóstico de salud mental. A Shannel se le sumarió en un área de seguridad máxima, nunca se le hizo la evaluación de salud mental, se dejó desatendida a tal punto que su vida culminó a sus 23 años dejando a una niña y a una familia que desde el principio toda acción que tomó fue pensando en el beneficio de Shannel con la idea que el sistema la ayudaría, no que crearía las circunstancias injustas que desataron una cadena de sucesos que terminaron en esta trágica muerte”, sostuvo Vargas Vidot.

Como parte del trabajo de la Comisión de Salud Mental, el senador detalló que se realizaron varios requerimientos de información al DCR, a Physician Correctional, a Ciencias Forenses, al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) y a LUMA Energy. Este último nunca respondió el requerimiento relacionado a si era cierto que el 2 de junio de 2022, día en que falleció Shannel, el Complejo Correccional de Mujeres de Bayamón no contaba con servicio eléctrico. Por su parte, Ciencias Forenses solo envió una carta diciendo que la información investigativa era confidencial y no se compartió. En cuanto al NIE, aún la Comisión sigue esperando que compartan sus hallazgos.

Asimismo, se realizó una Audiencia Pública, donde el DCR se limitó en sus respuestas al ampararse en la confidencialidad del proceso investigativo, y de igual manera Physician Correctional al afirmar que el expediente médico de Shannel era confidencial.

Durante esta Audiencia, el senador Vargas Vidot le preguntó al doctor Raúl Villalobos, presidente de Physician Correctional, si era cierto que a Shannel no fue atendida por un psiquiatra para que le revertieran los síntomas, lo cual Villalobos dijo que suministraría información confirmando que sí fue atendida, pero esa información nunca le llegó a la Comisión, denunció Vargas Vidot.

“Un obstáculo gigante para obtener esta salud emocional es precisamente Physician Correctional. El tiempo en el cual Shannel estuvo ingresada en el Centro de Rehabilitación para Mujeres este contaba con solo 0.5 psiquiatras y un psicólogo. Sí, 0.5 psiquiatras… ¿Qué querrá Physician Correctional decir con esto? ¿Cómo es posible que este número sea suficiente para atender la población correccional? Este número refleja cómo la falta de atención y de personal pudo haber sido un factor decisivo en el caso de Colón Ponce, y que pudiera estar viva de Physician Correctional haber intervenido de forma correcta y no haberla devuelto a la institución hasta no revertir síntomas. Esta negligencia es imputable tanto al DCR como a Physician Correctional”, reiteró el presidente de la Comisión de Salud Mental del Senado.

Como conclusiones y recomendaciones puntuales el senador planteó que el Departamento de Corrección y Rehabilitación incumplió con su deber de salvaguardar la seguridad de Shannel Colón Ponce.

Physician Correctional igualmente incumplió su deber contractual al no tener el personal adecuado para atender los problemas de salud mental de Shannel y de forma negligente darle una alta médica y devolverla a la institución correccional donde posteriormente se privó la vida a causa de no haber revertido síntomas.

Además, Physician Correctional ha estado en incumplimiento material con el contrato con el Departamento de Corrección y Rehabilitación al incumplir con las obligaciones del Artículo 12 sobre los informes mensuales.

El Departamento de Corrección y Rehabilitación también ha incumplido su deber fiscalizador frente a Physician Correctional tanto en la ausencia del cumplimiento de los informes mensuales, como con la pobre o ninguna fiscalización a las facturas que somete Physician Correctional, tratándolas como un trámite proforma.

El Departamento de Corrección y Rehabilitación debe cancelar el contrato de Physician Correctional y no renovar el mismo, así como asegurarse de que la compañía contratada garantice el bienestar físico y emocional de la población privada de libertad, hombres, mujeres y menores.

“Ha quedado evidenciado que Physician Correctional es incapaz de lograr esto”, dijo Vargas Vidot, quien propuso gestionar una colaboración entre los departamentos de Corrección y Rehabilitación y el de Salud a los fines de que la institución carcelaria tenga acceso a los expedientes médicos de personas privadas de su libertad, ya que esto ayudaría a manejar de manera eficaz el tratamiento de la persona desde un principio.

Pidió que se elabore un protocolo que adiestre al personal del Departamento de Corrección y Rehabilitación sobre el manejo de personas con salud mental, bien sean sumarios o privados de libertad posterior a una sentencia.

Colón Ponce falleció el 2 de junio de 2022, donde se planteó que fue un suicidio, luego de que en enero de ese año comenzara a padecer de un diagnóstico de salud mental para el cual recibía tratamiento médico y que requirió un proceso de hospitalización involuntaria, a través de la Corte del Condado de York en Pensilvania.

Fue hospitalizada en el York Hospital donde recibió tratamiento para su condición y finalmente dada de alta. Luego, en abril llegó a Puerto Rico, mismo mes que su tía Cheilian Rosario se entera mediante noticias que su sobrina estaba siendo vinculada al hurto de un auto.

Al comunicarse con ella, Colón Ponce le dice que la estaban persiguiendo, por lo que para escapar de sus perseguidores había tratado de utilizar dicho vehículo.

(San Juan, 12:00 p.m.) La violencia en Puerto Rico, es muchas veces invisibilizada por las narrativas de otras violencias, o por la incapacidad del estado de atenderlas.  Por tanto, lo sucesos de agresión contra tres jóvenes, por parte de un grupo de cinco jóvenes en la Placita de Santurce, no le importa a mucha gente hoy. En particular, no le importa el alcalde de Municipio de San Juan, Miguel Romero, ni al principal opositor, Manuel Natal.  De eso trata el desprecio de la clase política del país: no se interesan por los problemas sociales que confrontan las personas a diario. Uno de ellos, es la violencia interpersonal irracional.

Según los estudiantes universitarios, a los cuales les consultamos el tema, y varios de ellos estuvieron físicamente a la hora de los sucesos, todos estos hablaron que se estaba pasando bien. Pero cuando rompió la violencia, decidieron alejarse y evitar problema.  Para los jóvenes, la violencia es normal y prevalente en sus vidas diarias. Lo que no es normal, es intentar  detener la violencia.  No hay cultura de prevención, ni tampoco un estado que le diga a los jóvenes que intervengan para garantizar la paz de todas y todos.

Lo interesante, es que cerrado el incidente, pues la policía municipal indicó que nadie quería radicar una querella, se murió el dato.  Es esperar hasta el próximo fin de semana, que vuelva a haber un incidente de violencia, para que los jóvenes vuelvan a sufrir en carne propia lo que es ser víctima o victimario.

(Santo Domingo, 1:00 p.m.) El médico infectólogo Clemente Terrero advirtió que el incremento en la República Dominicana de los casos de dengue apunta hacia una epidemia en expansión, enfermedad que ataca más a la población infantil en la geografía nacional.

“Todos sabemos qué hace cuatro años fue la última epidemia de dengue en la República Dominicana”, dijo Terrero quien expresó preocupación por lo que está sucediendo.

Explicó que en el país, desde hace dos años, “cuando se reinició el proceso de reactivación social y económico tras la pandemia Covid-19, se están creando las condiciones para que haya una gran población de mosquitos”.

“La situación que vive en este momento la República Dominicana con relación al dengue es grave y compleja”, indicó Terrero, al tiempo que sostuvo que desde hace dos semanas es cuando ha iniciado el incremento de casos, pero los efectos de esa enfermedad se pueden prolongar por meses y el panorama actual podría agravarse en los próximos días o semanas.        

Sostuvo que, a pesar de que hay que esperar las cifras oficiales para saber la cantidad de hechos, “actualmente la saturación que se observa en los hospitales pediátricos, como el materno infantil de Los Mina, el Robert Reid Cabral y el Hugo Mendoza en el municipio Santo Domingo y el Distrito Nacional, así como los centros de salud de otras provincias y los del sector privado son un indicador de que ha subido la incidencia, que hasta a mitad de este año se mantenía igual que el pasado año”.

Citó las provincias Santiago, Barahona y Santo Domingo como en las que más incrementos se perciben de esa patología.

Las estadísticas gubernamentales actualizadas  detallan que este año han ocurrido 5,145 casos probables de dengue, en comparación con 4,716 registrados en el 2022, en el mismo período.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó la semana pasada que el virus ha causado al menos 4 muertes en lo que va de año y se investigan otras 27. Indicó que las demarcaciones en las que se ha detectado mayor frecuencia son Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, Barahona, San Cristóbal y Montecristi.

El dengue es un virus que es transmitido por la picadura de las hembras de la especie de mosquitos Aedes Aegypti. Es un fenómeno sanitario similar a la gripe que afecta a la pequeña infancia, niños, personas jóvenes y adultas.

Los síntomas son: Fiebre elevada (40º C), dolor de cabeza muy intenso, dolor detrás de los globos oculares, dolores musculares y articulares, náuseas y vómitos, agrandamiento de los ganglios linfáticos y salpullido.

Debido a la crítica eventualidad, el Colegio Médico Dominicano (CMD) suspendió los paros de labores a nivel nacional en hospitales públicos y privados que había convocado para el jueves y viernes de esta semana junto a representantes de las Sociedades Médicas.

El presidente de esa entidad, doctor Senén Caba, dijo que se mantendrán en sesión permanente para decidir las acciones a tomar en lo adelante en razón de que “nos encontramos en una situación sanitaria que amenaza con castigar a este sufrido pueblo.          

(San Juan, 11:00 a.m.)  El gobernador Pedro R. Pierluisi firmó la Orden Ejecutiva 2023-023 para ordenar la creación de un Plan Integral de Reconstrucción Social y Prevención de la Violencia en Puerto Rico.