Justicia Social

1. (Ciudad Panamá, 11:00 a.m.) Desde 2019, el Polo Ciudadano de Panamá advertía el carácter empresarial y antipopular del gobierno del PRD presidido por Laurentino Cortizo. Así lo evidenciaba tanto su programa como su composición, con ministros claramente relacionados con sectores capitalistas, empezando con el vicepresidente ligado al sector minero y ministro de economía al capital financiero neoliberal. Lo primero que hizo el presidente Laurentino Cortizo apenas llegó al gobierno viajó a reunirse con los dueños de los Bancos en Washington a pedir plata, endeudar el país y a ponerse a disposición de estos
2. Durante estos dos años de gestión se ha demostrado hasta la saciedad que se trata de un gobierno antipopular y antinacional, al servicio de los banqueros y del capital extranjero. El gobierno del PRD aprovechó la excusa de la pandemia de la COVID-19 para atacar derechos de la clase trabajadora conquistados con arduas luchas durante décadas: legalizando despidos y suspensión de centenas de miles de puestos de trabajo, anulando de hecho el Código laboral, permitiendo rebajas salariales, anulando las convenciones colectivas, etc.

(San Juan, 1:00 p.m.) Ahora que el cannabis se ha convertido en un producto medicinal, Colombia se ha desplazado a convertirse en el primer productor de la flor (su forma pura) del mundo.  Aún tiene que vencer a Canadá, pero todo indica que es cuestión de meses, sino días antes de que esto ocurra.
La razón del progreso de Colombia frente a Canadá y los EE.UU., son los costos de producción.  En Colombia un gramo de cannabis cuesta seis centavos de dólar. Mientras que en Canadá y en los EE.UU., un gramo cuesta $1.89.  Por lo tanto, sentido común, la inversión extranjera está llegando a Colombia en grandes cantidades.
Tan solo al presente, y a partir de la legislación que regula y legitima la producción de cannabis, Colombia ha recibido sobre $500 millones de dólares en inversión extranjera. Tanto Canadá como Colombia producen en cantidades masivas para el mercado de exportación.
Sea lo que sea, el cannabis se impone como un monocultivo más en la historia de la agricultura en América Latina.  En el caso de Colombia, lo que hay que investigar es si la transición del mercado ilegal de drogas al mercado legal de drogas, beneficia en algo a la población base de Colombia que es el campesinado. 

[Nota Editorial: La autora de este artículo, consternada por el suicidio de José “Fofito” Morales, socio fundador de la respuesta, por motivo de una campaña de acusaciones, fundadas o no, por las redes sociales, a través del portal “yoteacuso”, asume posición desde una mirada crítica, a partir de las luchas históricas por la igualdad, que se iniciaron por Rosa Parks en el 1954.  Nos dirige la comunicación en un tono personal el cual mantenemos, pero lo publicamos en esta sección dada la importancia del tema y el valor de la contribución.]

Querido Daniel:

(San Juan, 9:00 a.m.) Me gustó mucho que me invitaras a escribir.  Recientemente estuve leyendo sobre una gran mujer, negra, trabajadora, inquieta en su pensar.  Esta mujer es Rosa Parks.  Y observando toda la vorágine de eventos actuales, te comparto esta reflexión. 

(Santo Domingo El 62.3% de la población dominicana con edad de 10 años tiene dificultad para leer y entender un texto simple, lo que sitúa al país en serios desafíos educativos que resultan en pobreza de aprendizaje, según los resultados de una investigación levantada por el Boletín de Competitividad Sectorial (BCS) 2021, publicado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd),

El documento expresa, sin embargo, que a pesar de esos obstáculos, la República Dominicana ha avanzado al reducirse el porcentaje de niños por debajo del nivel mínimo de competencia lectora, con 18.5 %, con respecto al año 2013.

“Hay tres preguntas que destruirían la mayoría de los argumentos de la izquierda: 1. ¿Comparado con qué? 2. ¿A qué costo? 3. ¿Qué pruebas contundentes tienes? Hay muy pocas ideas en la izquierda que puedan aprobar estos tres tipos de cosas ".      

Thomas Sowell

(San Juan, 12:00 p.m.) Se supone que haya participación comunitaria, ciudadana, en la otorgación de los fondos de desarrollo comunitarios para revitalizar comunidades y que sean las propias comunidades, las que establezcan las prioridades.

Esa siempre había sido la idea. Hay varias ONG que han estado apoyando esos esfuerzos. Pero el gobernador, Pedro Pierluisi, en junio de un plumazo y creó un comité de sopla potes de Fortaleza para decidir qué proyectos se favorecerán y cuáles no.

Obvio que no me sorprende son fondos de subvención en bloques CSBG, bajo el Departamento de Vivienda, donde se encuentran los amigos del alma. Parece estos amigos, importan más que la participación comunitaria. Espero que la prensa lo investigative, al igual que la legislatura. A investigar se ha dicho.

(San Juan, 12:00 p.m.) El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico lleva meses, en discusiones internas evaluando qué hacer, si algo, con las llamadas listas de denuncia, en particular aquellas contra acosadores sexuales.  Hay un interés genuino de explorar este tema, al punto que la Comisión de Propiedad Intelectual pre-grabó un foro sobre la cultura de cancelación, censura y las redes sociales, el cual va a al aire la semana entrante.

Ante este cuadro de interés y preocupación, se da el  suicidio del empresario y gestor cultura, Jose “Fofito” Morales, a quien supuestamente acusaron en el portal/página de “yoteacuso”, que opera en las redes sociales. La acusación es una de naturaleza de denuncia, pese a que no existía acusación contra Morales ante la policía de Puerto Rico.

Mientras miles de familias se preguntan sobre las consecuencias del fin de la moratoria de desahucios, y en Puerto Rico se aproxima la temporada pico de huracanes, el gobernador Pedro R. Pierluisi acaba de vetar el proyecto 429, dirigido a prohibir los desahucios y ejecuciones por hasta 90 días tras la declaración de un estado de emergencia.

Esto, a la vez que se anuncian nuevas restricciones para atender una pandemia cuya principal recomendación fue #QuédateEnCasa. 

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos emitió en la noche del jueves una decisión deteniendo la aplicación de la moratoria federal de desahucios.

La moratoria, que protege la vivienda de cerca de 7 millones de personas inquilinas, se puso en vigor a través de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) bajo el entendimiento de que mantener un techo seguro es una asunto de seguridad pública ante la pandemia.

La decisión del Tribunal Supremo federal no establece que la moratoria es inconstitucional. Lo que señala es que los CDC no tienen autoridad para establecer un alto a los desahucios y que defender ese interés apremiante requiere acción legislativa.

Es decir, señala, toca al Congreso tomar acción para proteger los techos ante el Covid-19, por o que el presidente estadounidense Joe Biden salió al paso a pedirle a estados y jurisdicciones que actúen desde sus respectivas legislaturas para aprobar medidas que protejan el derecho al techo ante la emergencia.

“Nos parece inverosímil e insensible que mientras en Estados Unidos y Puerto Rico la primera plana es la crisis de desahucio, el gobernador Pierluisi elija vetar un proyecto sin siquiera reconocer en sus expresiones la crisis de vivienda, la gente que no sabe cómo pagar renta o hipoteca, a las personas sobrevivientes de desastres que siguen desamparadas”, recalcó la directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, Ariadna Michelle Godreau Aubert. 

La abogada acusó al mandatario de escoger la protección de la banca, ponerla sobre las familias puertorriqueñas desesperadas.

La licenciada Verónica Gonzalez Rodríguez señaló, por su parte, que entre 2017 y el primer trimestre de 2021, mientras numerosos desastres nos azotaban, se ejecutaron sobre 13,248 viviendas. En los últimos diez meses, se han presentado 668 nuevos desahucios.

“Los desalojos no esperan a que la emergencia pase”, acotó.

Las letradas agradecieron, a su vez, a las legisladoras y legisladores de los partidos PPD, PIP, PNP y MVC por avalar y hacerse coautores de la medida.

El proyecto peticionado por Ayuda Legal Puerto Rico, contó con el aval multipartita e incluyó enmiendas presentadas por la principal institución financiera del país.

“No nos toca a nosotras pedir la reconsideración del Gobernador. Nuestro espacio es seguir luchando por los derechos de las personas sobreviviente de desastres. En este proceso ganamos la aprobación de la legislatura de un proyecto histórico. Logramos que se solicitara y desembolsara asistencia de alquiler”, recalcó la directora ejecutiva. 

La licenciada Godreau Aubert amplificó aseguró que “amplificamos el reclamo por alquileres dignos y demostramos que las instituciones financieras jamás se autorregulan en beneficio de las personas en riesgo de perder su casa”.

“Desde Ayuda Legal Puerto Rico abriremos nuestras líneas para ofrecer apoyo legal gratuito a personas de ingresos limitados que enfrenten desahucios por impago. Lo haremos mientras seguimos fiscalizando a la banca y al gobierno porque la recuperación justa y la vivienda digna son derechos”, sostuvo.