(San Juan, 10:00 a.m.) El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, confirmó este lunes la conclusión de la investigación de la muerte de Javier Antonio Cordero Nevares, de 16 años de edad, durante una intervención realizada por agentes de la Policía en el área de Puerto Nuevo, en San Juan, el 1 de agosto de 2022.
“Confirmamos que la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia y el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) completaron la investigación sobre la muerte de Javier Antonio Cordero Nevares, quien falleció durante una intervención realizada por agentes del Negociado de la Policía en el área de Puerto Nuevo, en San Juan, el 1 de agosto de 20222, dijo el funcionario.
Agentes del NIE diligenciaron las citaciones correspondientes como parte del procesamiento penal que iniciará el Departamento de Justicia.
Emanuelli Hernández indicó que conforme a la política pública y a los fines de salvaguardar la integridad del proceso, no brindaremos detalles adicionales hasta la presentación de cargos.
En su momento, la organización Kilómetro 0 identificó a los agentes involucrados en la muerte de Cordero Nevares como Giovanny Santiago Avilés, Luis Vélez Mari, Carmen Cacho, Félix de Jesús Flores, Roxanne Ruiz Cisneros, Kevin Meléndez Monsegur, Paola Farría Santiago y el sargento Ángel Alicea.
El menor de 16 años, quien estaba desarmado, fue ejecutado en el interior de un vehículo tras recibir 15 balazos de los sobre 60 disparos que hicieron los agentes y el sargento de la Policía de Puerto Rico luego de una persecución vehicular en la noche del lunes, 1 de agosto de 2022.

(San Juan, 11:00 a.m.) El suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, al que la Oficina del Fiscal Especial Independiente (OFEI) atribuye utilizar su posición para que empleados suyos aportaran dinero para pagar un préstamos, lo que acogió este jueves el juez superior Daniel López González para determinar causa para juicio por enriquecimiento injustificado y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.
López González halló violación al Artículo 251 del Código Electoral, por enriquecimiento injustificado y al Artículo 4.2B de la Ley de Ética Gubernamental, que prohibe a un servidor público utilizar los deberes y las facultades de su cargo, ni la propiedad o los fondos públicos, para obtener, directa o indirectamente, cualquier beneficio.
El caso contra el suspendido alcalde Irizarry Pabón, quien enfrenta cargos de corrupción, tipificados como delitos graves en el Código Penal de Puerto Rico y Ia Ley de Ética Gubernamental, superó la etapa de vista preliminar, cuando el magistrado encontró causa probable para juicio por dos delitos graves.
El juez López González señaló la lectura de acusación para el 25 de abril de 2024, a las 9:00 de la mañana, y el inicio del Juicio para el 6 de junio de 2024, a las 9:00 de la mañana.
Irizarry Pabon enfrenta cargos criminales por violaciones a los artículos 4.2 (b) de Ia Ley de Etica Gubernamental, por obtener un beneficio personal utilizando su cargo público, y el 251 del Código Penal, por enriquecimiento injustificado, al solicitar y obtener dinero de empleados suyos para pagar un préstamo personal de $53.000.
El testimonio de una oficial bancaria confirmó que el préstamo era uno de naturaleza personal, aunque parte lo destinó a su campaña política, que le permitió a Irizarry Pabón devolver con el 68 por ciento de los votos la codiciada alcaldía de Ponce al Partido Popular Democrático (PPD), después de 12 años de control del Partido Nuevo Progresista (PNP) con María Meléndez Altieri.
Con parte de la prueba documental recopilada y los testimonios de los testigos de cargo, las fiscales Zulma Fúster Troche, lleana Agudo Calderón y Fabiola Acarón Porrata-Doria lograron prevalecer.
Los miembros del Panel del FEI reconocen el esfuerzo, dedicación y profesionalismo desplegado por las fiscales especiales independientes al descargar efectivamente la encomienda delegada.
Igualmente reconocen, que se hayan concentrado en fortalecer el sistema de justicia de Puerto Rico y la rendición de cuentas de los funcionarios electos por el pueblo, ignorando las voces contrarias a la labor de fiscalización que realizan las agencias de ley y orden.

(San Juan, 9:00 a.m.) La fiscalía de Caguas del Departamento de Justicia presentó cargos contra Manuel Ángel García Torres, de 54 años, imputado de haber asesinado el lunes a su madre, Yolanda Torres Rivera, de 87 años, en la urbanización Bairoa en Caguas.
La fiscal Inés Escobales Feliciano presentó un cargo de asesinato en primer grado y un cargo de portación y uso de arma blanca contra García Torres.
La jueza María Rojas Delgado determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $200,000. Además, ordenó que se le realice una evaluación al imputado.
García Torres, utilizando un cuchillo de cocina, le infringió varias heridas a su progenitora que le ocasionaron la muerte, según reveló la investigación del agente Alexander Meléndez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Negociado de la Policía.
La vista preliminar fue señalada para el 29 de abril.

(San Juan, 12:00 p.m.) Agentes adscritos a la División de Violencia Doméstica, del área de Arecibo, realizaron una investigación que culminó con la radicación de cargo, por parte de la fiscalía, por el delito de violencia doméstica, en la modalidad de maltrato contra Verónica Aletriz Serrano, de 27 años, residente del pueblo de Hatillo.

El viernes, 5 de abril, en el pueblo de Hatillo, la imputada alegadamente agredió con los puños en el área de la cara a su expareja.

Este caso se consultó con la fiscal Lucianne Sánchez Serrano, quien instruyó radicar el cargo mencionado, ante el juez Rafael I. Lugo Morales, del Tribunal de Primera Instancia en Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa y le fijó una fianza global de $8 mil, la cual prestó a través de un fiador privado, hasta la vista preliminar el 17 de abril del año en curso.

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(San Juan, 11:00 a.m.) Agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico se encuentran investigando un caso de asesinato, catalogado como feminicidio, y un herido de bala en la tarde de este sábado en los predios del Cuartel Municipal de Morovis.

Según información preliminar, una mujer llegó hasta el Cuartel Municipal de Morovis para presentar una querella en contra de su pareja por Ley 54 y actos seguido el sujeto llega hasta el cuartel portando un arma de fuego y le disparó, provocándole la muerte en el acto.

Uno de los policías municipales, que se encontraban en el área del retén del cuartel, repelieron la agresión e hiriendo al individuo.

El sujeto, que no ha sido identificado, fue transportado hacia una institución hospitalaria.

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(San Juan, 11:00 a.m.) La Oficina del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico (USMS) capturó en la Isla a Eloy Velásquez, quien era buscado por el Departamento de la Policía de Fort Worth, Texas.

El estado de Texas emitió el 8 de febrero de 2023 una orden de arresto contra Velásquez acusándolo de indecencia y contacto sexual contra una menor de edad, en hechos ocurridos el 3 de marzo de 2022.

La Policía de Fort Worth, Texas, recibió una querella de una posible agresión sexual contra una menor; luego de investigar, se identificó a Velásquez como el agresor de un menor de edad.

Continuada la investigación, se recibió información sobre el paradero de Velásquez en Puerto Rico.

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(San Juan, 10:00 a.m.) El exsenador Carlos Díaz Sánchez, actual aspirante al Senado por acumulación por el Partido Popular Democrático (PPD), puso al descubierto violaciones ambientales por parte de la empresa Silver Beach L.L.C., que de acuerdo con el registro de corporaciones del Departamento de Estado, pertenece a Anthony Pierluisi, hijo menor del gobernador Pedro R. Pierluisi.

Las dos propiedades, ubicadas en la bahía de Guánica, se mercadean en la plataforma de alquiler a corto plazo Airbnb, a un costo que fluctúan entre $950 y $1,800 por noche y ofrecen acceso directo al mar Caribe a través de muelles que atraviesan mangles rojos.

Mediante fotografías se aprecian las estructuras construidas en la Zona Marítimo Terrestre y la zonificación del área está clasificada RT-I (Residencial Turístico Intermedio), lo que no contempla, de acuerdo con la Junta de Planificación, actividad tipo Airbnb.

Díaz Sánchez mostró las fotografías, números de catastro, reglamentos y mapas oficiales de las agencias concernidas, a la vez que comparó el impacto ambiental al de Bahía Jobos y Cayo Matías en Salinas, Condominio Sol y Playa en Rincón, entre otros.

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El exdiputado dominicano Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, sentenciado el pasado jueves a 16 años de prisión por la corte del distrito sur de la Florida, Estados Unidos, al hallarlo culpable de distribuir sustancias ilícitas y de cometer lavado de activos, formaba parte de una estructura de narcotráfico que tenía como sistema operativo traficar drogas escondidas en cajas de cartón, que luego se utilizaban para transportar con productos en contenedores con destino a Miami.

Mediante esa modalidad introdujo más de cinco mil kilogramos de cocaína que el gobierno de Estados Unidos atribuye a la red.

Así lo explica una moción presentada por el gobierno norteamericano para solicitar el decomiso monetario de $2,171,000 dólares pendientes de un total de 13.5 millones que el exlegislador consintió para responder por la comisión de los delitos que le imputan.

La fiscalía del tribunal recomendó a la oficina de prisiones, que el ex parlamentario cumpla la penalidad  en la misma prisión federal a la que será enviado su hermano, Miguel Emilio Gutiérrez Díaz, en el sur de la ciudad Mississippi.

El documento con la decisión del juzgado, al que tuvo acceso el periódico local Diario Libre, explica que el político fue condenado a 192 meses de prisión por cada cargo del que fue acusado, pero tras ser otorgada una decisión recurrente, pero solo cumplirá 16 años de confinamiento y quedará bajo la custodia de un alguacil.

En el informe, que también es reseñado por los medios nacionales, se explica el método de ocultación que implementaba el criollo para introducir cargas de narcóticos desde la República Dominicana hacia Norteamérica.

“A la llegada de los contenedores, se retiraban las cajas de productos, se desechaban los productos y se entregaba la cocaína retirada de las solapas de la caja”, agrega el escrito.

Señala que el papel de Gutiérrez Díaz era “obtener la cocaína de fuentes de suministro en República Dominicana e invertir en los cargamentos que se importaban a Estados Unidos” y, agrega, dirigió y manejó a otros miembros de la red, quienes empaquetaban la cocaína  aquí y lo despachaba a Florida.

Una vez la sustancia se recibía, era vendida a co-conspiradores en el sur de Florida, Nueva York y Filadelfia, recibiendo Gutiérrez Díaz “porciones de las ganancias de la droga de otros miembros de la red”.

“El acusado también recibió comisiones por introducir y permitir que otros narcotraficantes y cómplices conspiradores para utilizar la red de distribución”, agrega la moción con fecha del 1 de abril de 2024.

El dossier jurídico, firmado por el juez del Distrito Sur de Florida Roy K. Altman, precisa que el antiguo parlamentario obtuvo varios cargamentos cuya venta le proporcionó $7,500,000 dólares en ganancias, monto que tiene que devolver a las autoridades estadounidenses.

Igualmente, la justicia norteamericana lo acusa de conspirar junto a otras personas para lavar el dinero proveniente de la venta de la citada sustancia, entre el 2014 hasta el 2020.

De acuerdo con la investigación, los fondos fueron depositados en cuentas a nombre de Gutiérrez Díaz, los familiares y sus negocios, mantenidas en instituciones financieras.

Las autoridades cifran en $6,000,000 dólares (monto que también debe retornar a EE. UU.), la cantidad de dinero lavado por el ex legislador y compinches durante el período de la conspiración.

PROPIEDAD HIPOTECADA

Como parte del dinero obtenido por la venta de narcóticos en Estados Unidos, Gutiérrez Díaz adquirió una propiedad en Miami, Florida, la cual fue transferida en 2016 a otra empresa suya en esa ciudad.

Después del arresto del político quisqueyano, en 2021, al arribar al suelo de Miami, éste obtuvo una sentencia firme de hipoteca, recoge la moción judicial.

El ex congresista, a través de su abogado, obtuvo ingresos excedentes por un valor aproximado de 396,965.52 dólares, los cuales seguían siendo confiscables como producto del delito y rebajados de los más de 10 millones que reclamaba el gobierno norteamericano.

Además de estos recursos financieros, Estados Unidos también confiscó costosos relojes Rolex Cellini Moon Phase rosa para hombre, otro Rolex Sky Dweller y una cadena de eslabones cubanos de oro de 14k, con crucifijo en oro de 4k, los cuales se aplicarán al decomiso del demandado.

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