Economía Solidaria

(San Juan, 12:00 p.m.) El 90% de las personas que en el país sufren eventos cardiovasculares (ECV) quedan con algún grado de discapacidad, lo que representa un alto gasto para el bolsillo familiar y para los sistemas nacionales de salud.

La observación la formuló el médico Cleto Ramírez, presidente de la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía, quien considera de vital importancia la atención oportuna de esos hechos.

Dijo que se registran unos 20 mil casos al año, lo cual es muy alto, dejando secuelas de discapacidad, muertes y alta carga en el hogar.

El galeno, que además es el director del Centro Cardio-Neuro-Oftalmológico y Trasplante  (CECANOT), ofreció esos datos al concluir, el pasado sábado, el XXXI Congreso Internacional de Neurología y Neurocirugía, que reunió a especialistas de 21 países, dedicado este año al doctor José Joaquín Puello.

Declaró que un paciente con invalidez física, fruto esa eventualidad sanitaria “descontrola el desenvolvimiento familiar, porque si es la persona que está en su vida productiva, sale del mercado familiar y a eso se suma que requiere de cuidados especiales, luego de salir del hospital, requiere ser atendido en la casa”.

El profesional de la medicina señaló que ese tema fue discutido ampliamente durante la actividad científica que se llevó a cabo en Punta Cana, región Este dominicana, con la asistencia de médicos de varios países.

Indicó Cleto Ramírez que es preocupante la carga hogareña que implica tener un individuo inhabilitado parcial o total por esas causas, lo que empeora, porque muchas veces ocurre en la persona que lleva el sustento.

Al referirse al Congreso Internacional, explicó que tuvo tema central la Neurociencia: Conocimiento, Experiencia y Tecnología al Servicio de la Humanidad y que coincidió con el 55 aniversario de la creación de la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía.

Entre los otros puntos a tratados citó los eventos cerebrovasculares, las enfermedades neurodegenerativas, la neuropediatría y neuropsicología, los movimientos involuntarios, las enfermedades de la columna vertebral, los tumores cerebrales, entre otros.

Destacó que la entidad médica tiene registrados alrededor de 300 neurólogos y unos 100 neurocirujanos, suficientes para la demanda nacional, pero que como ocurre con las demás especialidades médicas, la mayoría se concentra en Santo Domingo y las grandes ciudades.

(San Juan, 12:00 p.m.) Con la participación de 23 académicos y 28 organizaciones políticas, excepto los partidos Fuerza del Pueblo, de la Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano, el Gobierno dominicano firmó el denominado Pacto Nacional para la formulación y ejecución de políticas de Estado frente a la situación de Haití.

En medio de la tensión actual entre la República Dominicana y la vecina nación por la construcción de un canal sobre el río Dajabón o Masacre en el lado occidental de la isla Hispaiola, fue suscrito el documento que abarca cuatro pilares, que versan sobre política de Relaciones Exteriores, política migratoria, política fronteriza y política económica.

El pacto tuvo una preparación de ocho meses y se ha dado la instrucción de que se lleve a todos los sectores de la vida nacional y que se cree una comisión que le dé seguimiento para que hayan modificaciones según la circunstancia de la crisis haitiana.

En el encuentro, el presidente Luis Abinader insistió que tras la rúbrica de este convenio, tiene que haber una comisión de seguimiento y un equipo para consultas rápidas, debido a la evolución constante de la situación en nación más empobrecida de occidente que se ha agravado luego del asesinado, en julio de 2021, del presidente Jovenel Moïse a manos de un grupo de mercenarios suramericanos.

El jefe Estado aprovechó la oportunidad para advertir que los momentos que vienen con la situación haitiana no van a ser diferentes a la actual, sino que serán similares o mayores, por lo que todos los sectores deben prepararse y unirse, teniendo en cuenta las características especiales con las que el país ha tenido que vivir con la vecina nación.

A continuación los puntos acordados:

La República Dominicana está dispuesta a estimular y respaldar a la comunidad internacional en el esfuerzo de rescate y reconstrucción de Haití, siempre y cuando las soluciones estén encaminadas a: primero, procurar la pacificación de Haití; segundo, asistir económicamente a dicho país y su población, por medio de un plan de crecimiento y desarrollo, a mediano y largo plazo; tercero, incentivar su institucionalización; y cuarto, garantizar el respeto de la integridad territorial y demográfica de las dos naciones que coexisten en la isla de Santo Domingo. En tal contexto, la colaboración de la República Dominicana con diversos miembros de la comunidad internacional ha de ser reconocida y debe estar subordinada a que efectivamente estos asuman un compromiso con la pacificación, rescate y reconstrucción de Haití.

Debido a lo anterior, reconociendo que se requiere colaboración internacional para lograr un estado de paz y de orden institucional en acciones enunciadas a continuación en materia de relaciones exteriores:

A.1 Promover el apoyo de otros gobiernos para que ayuden a la sociedad y organizaciones intermedias haitianas en la búsqueda de soluciones urgentes y sostenibles en ese país.

1.1 Enviar misiones especiales al exterior, dirigidas a lograr un mayor compromiso de la comunidad internacional con respecto a la reconstrucción de un orden institucional conducente progresivamente a la gobernabilidad y el respeto de los principios y valores democráticos y libertades fundamentales del ser humano.

1.2 Fomentar la cooperación Sur-Sur, por medio de los canales institucionales especializados para esos fines.

1.3 Ofertar, en ese tenor, la construcción y operación de tres hospitales en Haití -incluida la formación de su personal gerencial, médico y auxiliar-; además de otras obras estratégicas que impliquen aportes significativos, para reducir así la insostenible presión actual sobre los servicios públicos dominicanos; e invitar, al mismo tiempo, a otros países a realizar cada uno inversiones similares y/o superiores al aporte dominicano.

1.4 Instituir un grupo de trabajo experimentado, multisectorial y multipartidario, que devenga en el núcleo precursor del Instituto de Relaciones Dominico-Haitianas y que sea un órgano consultivo de los poderes públicos para fines de políticas públicas.

A.2 Insistir en que el peso principal de la solución de la crisis en cuestión está en las instituciones de la sociedad haitiana, con el legítimo soporte de la comunidad internacional; y, por ende, no nos asiste otro interés que el de colaborar en esa tarea común, salvaguardando siempre las decisiones y mejores intereses procedentes de Haití.

2.1 Respaldar la actual política exterior dominicana, en el sentido de que se debe priorizar la pacificación de Haití con el rescate de su economía e institucionalidad, así como solidarizarse con el proceso de estabilización y próxima celebración de elecciones nacionales; todo condicionado a que la soberanía nacional dominicana no se vea afectada en el proceso.

2.2 Publicación y amplia difusión de un libro blanco, elaborado por especialistas, con explicaciones exhaustivas de la posición nacional dominicana, que sería la guía de acción del cuerpo diplomático y consular dominicano.

La República Dominicana enfrenta en la actualidad un fenómeno que dejó de ser solo un problema de migración, para convertirse también en un impostergable reto a la seguridad nacional y regional; reto que impacta, por su magnitud y complejidad, a su ordenamiento jurídico e institucional. Y, por eso, en tanto que responsable primero y último de su orden constitucional y de sus compromisos internacionales, defiende en materia migratoria el principio de la debida regulación del ingreso y tránsito a través de sus fronteras, así como la permanencia y el libre desempeño del ejercicio laboral de nacionales extranjeros debidamente autorizados para habitar e interactuar en suelo dominicano, de conformidad con las disposiciones legales que rigen en todo el territorio nacional.

Materializar esa política implica resaltar ciertos principios y valores irrenunciables en la legislación del país, así como respaldarlos consistentemente con actuaciones que a continuación enunciamos.

B.1 Poner en vigencia un efectivo marco regulador migratorio.

1.1 Salvaguardar y robustecer la articulación coherente y eficaz de los actores del Sistema Nacional de Migración, -ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Policía, Trabajo y Defensa, así como sus respectivas dependencias y relacionados- en todo lo relativo a la ejecución de la política migratoria y sus fundamentos en el territorio nacional.

1.2 Presentar y publicar de manera íntegra la auditoría que ha venido realizando el Ministerio de Interior y Policía al Programa Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) y aplicarlo exclusivamente a quienes se inscribieron en ese programa, de conformidad con las disposiciones de la legislación vigente.

1.3 Elaborar o revisar -entre otros-con sentido restrictivo los siguientes protocolos: el de control fronterizo y del ingreso de trabajadores urbanos y agrícolas; el que asegure su transporte; los instructivos que establezcan pormenores para identificarse los pasajeros terrestres; y el listado de empresas transportistas.

1.4 Reforzar, en función de lo establecido por ley, la coordinación y articulaciones operativas entre los ministerios de Relaciones Exteriores, de Trabajo e Interior y Policía, y sus respectivas dependencias, así como el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), muy particularmente en lo que respecta al otorgamiento de visas a los trabajadores temporeros.

1.5 Ejercer, tanto el Consejo Nacional de Migración como el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, sus respectivas obligaciones, en estricto apego al orden jurídico establecido, en particular a la Ley General de Migración y su Reglamento de aplicación.

1.6 Desarrollar un programa de control biométrico de nacionales extranjeros para garantizar la seguridad nacional y ciudadana.Toda la información recabada deberá ser compartida en una base de datos conjunta de los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Policía, Trabajo, Salud Pública, Agricultura, el Departamento Nacional de Investigaciones y sus respectivos órganos. Esta acción no implicará un programa de regularización de estatus migratorio.

B.2 Gestionar un estricto control de las fronteras con Haití

2.1 Supervisar tecnológicamente desde la distancia, con cámaras o la forma más idónea a este propósito, al personal de campo responsable de labores de vigilancia de las fronteras terrestre y marítima nacionales.

2.2 Acompañar la valla fronteriza de dispositivos tecnológicos que minimicen el paso ilegal de personas, así como el tráfico de ilícitos en general, empleando incluso tecnología de observación satelital para una mejor y mayor cobertura de toda la región fronteriza.

2.3 Evaluar el desempeño de los agentes civiles y militares en el cumplimiento de sus tareas de control y regulación de los flujos en la zona fronteriza, estableciendo sanciones ejemplarizantes cuando correspondan, de conformidad con la ley.

2.4 Administrar un eficaz régimen de consecuencias que persiga y sancione a quienes mediante mecanismos y argucias promuevan, encubran o consientan cualquier tipo de corrupción, en correspondencia con lo previsto por la Ley núm.137-03 de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, al igual que la Ley núm. 344-98 que sanciona la organización de viajes ilegales desde y hacia el territorio dominicano, así como las leyes que castigan la falsedad en documentos de identidad para atribuir nacionalidad dominicana a extranjeros.

B.3 A propósito del ingreso y permanencia en el país:

3.1 Culminar por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores el proceso de modernización para la emisión de visas que garantice una mayor probidad en la emisión de estas.

3.2 Adoptar una política de visado consecuente con las realidades de la República Dominicana y las naciones desde las cuales recibe inmigrantes y turistas.

B.4 Planificar el mercado laboral dominicano y sus necesidades de mano de obra extranjera:

4.1 Fijar, en el Consejo Nacional de Migración, los requerimientos de mano de obra del mercado laboral dominicano y definir con criterios objetivos, según lo previsto en la Ley núm. 285-04, General de Migración, (Art. 49), qué sectores productivos requieren por el momento establecer «cuotas» de admisión anual por sectores de actividad» y, en cada una de ellas, el número de trabajadores temporeros asignados para cubrirlas; y, por tanto, en cuáles dominios laborales no procede conceder dicho permiso por ley. Esas cuotas deben concederse respetando las normas de nacionalización del trabajo, que tienen como fundamento la Constitución de la República y las prescripciones del Código de Trabajo, efectuando para tales fines las debidas consultas con representantes de los productores y empresarios, sindicatos y grupos ciudadanos, tal como lo dispone la Ley General de Migración y garantizando los mecanismos previstos en la referida ley.

4.2 Promover como indispensable un compromiso empresarial de cara a la planificación y ordenamiento del mercado de trabajo, de conformidad con las proporciones dispuestas relativas a las normas de nacionalización del trabajo.

4.3 Fomentar con los sectores empresariales la generación de compromisos de transformación productiva y la subsiguiente incorporación progresiva de la mano de obra dominicana en aquellos sectores donde se ha experimentado un proceso de desnacionalización de los mercados laborales.

4.4 Reformular la norma general núm. 97-2007 de la Dirección General de Impuestos Internos (DGIl), que permite a las empresas constructoras considerar como gastos deducibles los pagos de nóminas de trabajadores, sin anexar el listado de los contratados y sus datos personales, ni el monto de lo pagado efectivamente a cada trabajador.

4.5 Promover que la Dirección General de Impuestos Internos no admita como costos -para fines del impuesto sobre la renta- a extranjeros indocumentados que aparezcan en las nóminas.

4.6 Cesar a la brevedad posible y de manera ejemplar la contratación de mano de obra haitiana en condiciones migratorias contrarias a la ley en obras o actividades del Gobierno central, los organismos autónomos y descentralizados y de los municipios.

4.7 Supervisar que los trabajadores haitianos en condición de legalidad gocen de los mismos derechos laborales establecidos en las regulaciones para los dominicanos.

B.5 Deportaciones y salida del país.

5.1 Deportar, en los términos de las leyes 285-04 y 344-98 y con apego al debido proceso, a los extranjeros en situación migratoria contraria a la ley, sean estos desempleados o contratados en sectores de servicios no provistos de cuota de permanencia para extranjeros temporeros.

5.2 El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), a través de sus oficinas en todos los puntos fronterizos, constatará que en los procesos de deportación no están incluidos menores de edad no acompañados.

5.3 Velar por el cumplimiento de los requisitos previstos en el ordenamiento legal del país para la contratación de trabajadores temporeros, la cual sólo debe efectuarse ante los consulados dominicanos en Haití, con la presentación de carta emitida por la institución, organismo, empresa o persona física con la que se llevará a cabo el trabajo temporal. Además, debe contener compromisos de cumplir las condiciones y requisitos sobre derechos y condiciones laborales, comunicación de información.

Sobre los trabajadores, transporte, gastos de viaje, médico, repatriación y la garantía de fianza correspondiente.

5.4 Dotar a todos los trabajadores y empleados contratados de los documentos fehacientes que avalen su condición de formalidad.

5.5 Instituir oficinas de intermediación laboral en todos los municipios del país como servicio público gratuito, tanto para las empresas como para los trabajadores dominicanos, bajo la coordinación y supervisión del Ministerio de Trabajo.

B.6 Sostenibilidad y fortalecimiento institucional.

6.1 Procurar el buen funcionamiento de las relaciones y procedimientos interinstitucionales de las siguientes dependencias estatales: ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Policía, Trabajo y Defensa, además de sus dependencias en asuntos migratorios como el Consejo Nacional de Migración y la Dirección General de Migración, así como el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), en aras de una articulación armoniosa y eficaz.

6.2 Velar por la sistemática implementación de un sistema nacional de estadísticas migratorias para ser más efectivos en la toma de decisiones e implementación de políticas públicas.

6.3 Aplicar encuestas periódicas, además de otros procedimientos de obtención de información sobre la situación de la mano de obra, ingreso de ilegales, deportaciones, actualización de los requerimientos de cuotas de trabajadores temporeros y el desenvolvimiento del mercado laboral en general.

6.4 Garantizar la aplicación del Convenio Binacional del 31 de enero de 1938, mediante el cual Haití y República Dominicana se comprometieron a un modus operandi donde se establece el protocolo biunívoco de entrada de ciudadanos de uno y otro país.

6.5 Salvaguardar la seguridad, soberanía, integridad territorial y demográfica de la nación, a la vez que respetar el estándar de los derechos humanos de los extranjeros que ordena el Derecho Internacional Público.

6.6 Tomar medidas para asegurar que el espectro radioeléctrico dominicano prevalezca en toda la extensión de la frontera.

6.7 Exigir el cumplimiento del artículo 63, numeral 13, de la Constitución de la República, el cual dispone, entre otros asuntos, la enseñanza de los valores patrios y de los principios cívicos de convivencia pacífica, al igual que difundirlos por los medios de comunicación junto a los valores culturales del pueblo dominicano.

C. Política Fronteriza

En gran compromiso patrio de todo dominicano y, por ende, del Estado, es salvaguardar la integridad de sus fronteras, así como la convivencia en la misma, sin ceder ni retroceder en el dominio y gestión responsable de su territorio, como punto de encuentro y de separación, tanto con nacionales haitianos, como con otros extranjeros.

A la luz de este Pacto Nacional, en particular en el ámbito de su Política de Control Fronterizo, se destacan, sin por ello ser exhaustivos, los siguientes principios y acciones prioritarias para su debido manejo e implementación.

C.1 Respetar y hacer respetar el trazado de la línea fronteriza, tal y como está acordado en los convenios internacionales suscritos por Haití y la República Dominicana.

1.1 Cuidar, restaurar y/o reponer los bordes fronterizos desaparecidos o desplazados, así como resolver los problemas provocados por la expansión del lago Azuei o del Fondo hacia el territorio nacional, siguiendo el procedimiento consignado en los acuerdos internacionales que rigen la materia.

1.2 Finalizar, en el más breve plazo, la construcción de la verja perimetral fronteriza inteligente.

1.3 Facilitar el transporte seguro de mercancías por vía terrestre y marítima; y, cuando proceda, el transporte de carga aérea, hacia las ciudades haitianas que reúnan las condiciones de seguridad.

1.4 Si las circunstancias de inseguridad extrema lo llegan a requerir, respaldamos tomar las disposiciones extraordinarias previstas en el ámbito de la Constitución de la República y de las leyes que permitan a las autoridades enfrentar los eventos excepcionales de inseguridad.

C.2 Control de actividades ilícitas.

2.1 Instaurar la vigilancia satelital en tiempo real y de alta resolución sobre la región fronteriza dominicana, al igual que los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional y el resto del territorio nacional, conectados al C5I y a los centros de mando y control fronterizos, para la salvaguarda de parques nacionales y áreas protegidas, tanto como la vigilancia de flujos humanos y transporte de mercancías y sustancias prohibidas.

2.2 Evaluar el empleo de arcos detectores de armas, explosivos, municiones y componentes radiológicos y químicos, así como las demás medidas fitosanitarias y sanitarias que correspondan.

2.3 Controlar con más eficacia el tráfico ilícito hacia Haití de leña y carbón, así como el de árboles maderables de gran valor como el guaconejo.

C.3 Desarrollar una política de retención y atracción de población dominicana hacia la frontera.

3.1 Respaldar planes de desarrollo fronterizo de gran alcance que favorezcan la estabilidad, crecimiento, seguridad y prosperidad de la población que reside en el territorio de las provincias fronterizas, incluida una política salarial y un estatuto de servicio especial y diferenciado en favor de servidores públicos civiles, policiales y militares en dicha región.

3.2 Disponer por ley la creación de la Corporación de Desarrollo Fronterizo como ente público autónomo responsable de canalizar recursos y créditos a proyectos y empresas públicas, privadas, de alianza público-privada y sociales, comunitarias, medioambientales y cooperativas.

3.3 Impulsar la aprobación de la ley de régimen de propiedad fronteriza, previsto en el artículo 10, numeral 2, de la Constitución de la República, que descanse en una visión de seguridad nacional, con el objetivo de hacer viable el desarrollo fronterizo y el auge de un nuevo tipo de asentamiento humano, en tanto que asociado al crecimiento productivo y comprometido con el crecimiento poblacional dominicano en la frontera.

3.4 Diseñar e implementar una estrategia para el rescate, preservación y aprovechamiento de las aguas procedentes de las cuencas fronterizas (Pedernales, Artibonito, Dajabón) en armonía con los convenios internacionales respecto al uso razonable y sostenible de las aguas procedentes de fuentes compartidas que, en este caso, se originan dentro del territorio de la República Dominicana.

3.5 Contemplar la creación de una subred eléctrica fronteriza que sea alimentada fundamentalmente por fuentes renovables; en especial, las obras hidroeléctricas que pueden construirse sobre la cuenca del Artibonito, que a su vez debe ser preservada, junto a los demás recursos hidrológicos de la región, ya que deben compartirse con Haití, como lo disponen los convenios bilaterales, o el interés superior de que Haití cuente con energía y agua en las mejores condiciones posibles.

3.6 Incentivar la producción de biocombustibles, en particular biodiésel, para el mercado interno, producido en la zona fronteriza, dentro de una visión de seguridad energética  y nacional.

C.4 Velar por la sustentabilidad de la organización social e institucional en la zona fronteriza.

4.1 Priorizar la delimitación con infraestructura perimetral y/o reubicación de los mercados municipales fronterizos en Dajabón, Pedernales, Jimaní y Comendador.

4.2 Coordinar, juntamente con las autoridades haitianas, un manejo más adecuado del intercambio comercial que tiene lugar de manera informal en sitios como Capotillo, Restauración, El Corozo, Tilori, Guayajayuco, El Carrizal, Los Cacaos, Bánica, Pedro Santana, Hato Viejo, Hondo Valle, Sabana Real, Mal Paso, Cañada Miguel y Cacique Enriquillo.

D. Política Económica

Las autoridades gubernamentales, apoyadas en el sector privado, tanto dominicano como internacional, han de incentivar y expandir el financiamiento competitivo, tanto para las exportaciones hacia Haití, así como para desarrollar proyectos en ese país, en particular los que empleen mano de obra haitiana e impliquen inversiones en zonas francas, agroforestales y de manejo integrado de recursos naturales renovables.

En la consecución de esa política de desarrollo, enarbolamos estos principios y exponemos algunos de los objetivos prioritarios:

D.1 Incentivar la producción, la inversión y el comercio:

Alentar y promover la reproducción del modelo vigente de CODEVI -en Ouanaminthe-Dajabón- para la instalación de industrias en el interior del territorio haitiano. Ese prototipo de inversión puede contribuir, al mismo tiempo, a generar riquezas, retener la población en sus lugares de origen y frenar la migración de mano de obra en condiciones de irregularidad hacia nuestro país.

1.2 Constituir el Fondo Nacional de Mecanización Y Tecnificación Agropecuaria, para financiar la adquisición de equipos y maquinarias que modernicen e incrementen la productividad de ese sector estratégico, dentro de una visión de seguridad alimentaria y nacional.

1.3 Crear el Fondo de Mecanización y Tecnificación de la

Industria de la Construcción, así como definir un programa de incentivos a la industria de la construcción de viviendas prefabricadas urbanas y rurales y de obras privadas asociadas a esquemas fiduciarios (Fideicomisos) con fondos del Estado.

1.4 Mejorar las tarifas laborales para la industria de la construcción, abrir en el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) cursos básicos para trabajadores dominicanos, así como facilitar los mecanismos de contratación, aplicar cabalmente sus normas de seguridad y reducir o eliminar cargas laborales.

1.5 Evaluar la liberación por 10 años a la agropecuaria de impuestos a la renta y a la propiedad para facilitar su modernización, condicionada a la implementación de tecnología a los métodos de producción nacional.

1.6 Establecer políticas para el equilibrio de los precios de sustentación en finca para alimentos básicos y enfrentar cualquier conato de escasez con estímulo a la producción nacional.

1.7 Incrementar las inversiones públicas en el campo para evitar que la juventud lo abandone y enfrentar cualquier conato de escasez con estímulos a la producción.

1.8 Reconsiderar y mejorar el funcionamiento de los mercados municipales fronterizos, tanto como su actual ordenamiento jurídico.

(San Juan, 11:00 a.m.) Me apunto para rescatar con mi arte El Hotel Normandie Eddie Ferraioli Saludos. En un rotativo del país, en la sección de Negocios, leí el siguiente artículo: “Inversión para sacar del olvido al parque Luis Muñoz Rivera” porque entre otras cosas el espacio “sirve como puerta de entrada a la turística isleta de San Juan”.

Ese título me sirvió de pie forzado para escribir una de mis conocidas reflexiones en Facebook. Mis seguidores saben que siempre he criticado las gestas patrióticas, y más cuando se pide mucho, porque con la boca es un mamey. Repito se pide mucho pero no se ofrece nada a cambio. Como dicen en inglés:"Put your money where your mouth is”. En otras palabras, estamos dispuestos a meternos la mano en el bolsillo para que la idea pueda concretarse o solo queremos que sea el gobierno quien la realice. A mi edad puedo poner mi trabajo y mi pecunio al servicio de la Patria.

San Juan, 12:00 p.m.) La representante del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en la República Dominicana, Gabriela Alvarado, presentó el martes el panorama sombrío que vive la humanidad con el aumento del hambre a nivel global, aunque precisó que la República Dominicana es una de las pocas excepciones.

El último informe sobre el progreso en cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) publicado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) respecto al problema muestra que el número de personas que enfrentan hambre e inseguridad alimentaria va subiendo en el mundo.

Destacó que en la región del Caribe la comida escolar apoya aproximadamente a 3.8 millones de niños diariamente, de los que dos millones se encuentran en República Dominicana, casi el 53%.

“En el 2022, un 9.2 % de la población mundial padecía hambre crónica. Aproximadamente, en ese momento eran 735 millones de personas a nivel global. Esto es un incremento de 122 millones de personas más que en el 2019”, señaló.

Afirmó que el escenario global sigue complicándose a siete años para llegar al 2030, con la pandemia Covid-19, los conflictos bélicos de los últimos años y la crisis climática.

“La República Dominicana, al igual que otros países, siempre estamos enfrentando desafíos nutricionales, pero hemos logrado disminuir la desnutrición en niños y niñas. Sin embargo, nos enfrentamos a un reto bastante grande, y es el aumento en sobrepeso, obesidad y la deficiencia de micronutrientes, llamada hambre oculta”, indicó Gabriela Alvarado.

En ese orden de ideas, Mariela Ortega, especialista en esos asuntos, sostuvo que, según el reporte “el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2022”, entre 691 y 783 millones de personas en el mundo enfrentaron hambre en el 2023.

Hizo la observación de que la República Dominicana, por el contrario, refleja un descenso de un 6.3% en la prevalencia de ese indicador. Ambas hablaron en la celebración del “Día Mundial de la Alimentación”, en un acto desarrollado en el Palacio Nacional.

EL ACUERDO

Por otro lado, como una apuesta a la calidad de los sustentos comestibles que reciben los estudiantes del sistema educativo pre universitario en el país, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) firmaron la pasada semana un acuerdo para garantizar que los avituallamientos servidos a los escolares cumplan con las especificaciones de calidad e inocuidad.

El pacto fue suscrito por el director del Inabie, Víctor Castro, y el representante local de la FAO, Rodrigo Castañeda, en presencia de los ministros de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, y de Industria y Comercio, Víctor (Ito) Bisonó.

Se trata de un paso fundamental dado por el Inabie en búsqueda de fortalecer el Programa de Alimentación Escolar (PAE), ya que con el laboratorio se aumentará la capacidad de la institución para analizar muestras de alimentos cocidos, así como los lácteos y otros líquidos que son servidos a los estudiantes, para verificar que contengan los nutrientes exigidos.

“Este acuerdo es parte del nuevo Inabie que estamos construyendo, un Inabie que proporcione a los estudiantes lo que realmente necesitan en materia de alimentación con calidad e inocuidad que redunda en real bienestar”, resaltó Víctor Castro.

En tanto que Rodrigo Castañeda expresó que, desde la FAO, existe la voluntad de contribuir con los esfuerzos del gobierno para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional.

Consideró que los programas de alimentación escolar son claves para lograr el derecho humano de los niños a la alimentación, la educación y la salud.

Con esta iniciativa también se establecerá un laboratorio gastronómico en la sede de la institución y algunos centros priorizados que servirán para desarrollar capacitaciones acerca de alimentación y nutrición dirigidas a los suplidores, así como a estudiantes y personal docente.

Además, se creará y ejecutará un programa sobre buenas prácticas de manipulación, técnicas culinarias, nutrición, preparación de los alimentos y estrategias para reducir los desperdicios de alimentos.

En ese punto, se desarrollará una encuesta de seguimiento de aceptabilidad y desperdicios del PAE en 30 centros pilotos para establecer estrategias dirigidas a que se aumente el consumo de los alimentos servidos en la escuela, así como desarrollar una serie de acciones dirigidas a implementar una educación alimentaria y nutricional en los centros educativos.

(San Juan, 12:00 p.m.) Como parte de la política pública establecida por el gobernador Pedro R. Pierluisi sobre la niñez temprana en Puerto Rico que se enfoca en proporcionar oportunidades de desarrollo óptimo a través de un sistema integral de servicios de alta calidad, se reactivó el Consejo Multisectorial para la Niñez en Edad Temprana, a través de la Orden Ejecutiva 2023-28.

El Consejo Multisectorial para la Niñez en Edad Temprana se establece mediante la Ley 93 de 2008, como la estructura de gobernanza que integra la política pública y el sistema mixto de prestación de servicios para la niñez temprana.

Además, establece una serie de áreas para ser atendidas incluyendo nacimiento seguro, educación, familia, salud, recreación y deportes, seguridad, y arte y cultura.

Esta ley reconoce la vital importancia de la familia en la vida de los niños y la necesidad de proporcionarles conocimiento y herramientas para que desempeñen un papel protagónico en el desarrollo de sus hijos.

“La visión del gobernador Pierluisi para la niñez temprana se enfoca en proporcionar oportunidades de desarrollo que atiendan las necesidades de nuestros menores de manera equitativa, a través de un sistema integral de servicios de excelencia”, expresó Ciení Rodríguez Troche, secretaria del Departamento de la Familia.

Agregó que hoy, Acuden, se propone transformar, en colaboración con el Consejo Multisectorial, el sistema de cuidado y educación temprana en Puerto Rico para satisfacer de manera efectiva las necesidades de los niños, sus familias y los proveedores en la isla.

La Acuden llevó a cabo un estudio de necesidades que guiará los esfuerzos sistemáticos de programas existentes de cuidado y desarrollo para la niñez temprana en el país.

Con el fin de asegurar el cumplimiento del proyecto, se busca implementar un sistema integrado y holístico de servicios que permita garantizar que el cuidado y la educación temprana responda a las necesidades existentes de todos los niños, familias y proveedores.

Este plan estatal estratégico es respaldado con fondos del Programa de Subvención para el Desarrollo Preescolar desde el Nacimiento hasta los Cinco Años (PDG B-5), el cual está aprobado por el gobierno federal.

El plan estatal estratégico es el esfuerzo colectivo de un grupo de profesionales, expertos, investigadores, maestros, padres y cuidadores, además delinea visión, misión, valores, metas, objetivos y estrategias para maximizar tres años de fondos para alentar un sistema accesible y de calidad.

El administrador de la Acuden, Roberto Carlos Pagán, manifestó que “los tiempos que vivimos son históricos y desafiantes, pero también nos brindan oportunidades sin precedentes para transformar los servicios de cuidado y educación temprana en Puerto Rico”.

La especialista dijo que prevalece un brote que sobrepasa la capacidad hospitalaria debido al comportamiento epidemiológico variable, por lo que recomendó al gobierno dominicano implementar las medidas de prevención.

“En el hospital infantil Robert Reid Cabral esta semana se ha pasado con más de 60 casos todos los días; en el Hugo Mendoza, este jueves me dijeron que había casi 100, y los centros privados por igual”, indicó.

Abreu, quien es además pediatra, declaró a los medios que el incremento de los casos inició a finales de julio y desde entonces los hospitales se han mantenido abarrotados.

Explicó que  “los centros públicos y privados están llenos de personas con síntomas sospechosos de dengue, en su mayoría niños, pero también afecta a la población adulta, o sea, no hay discriminación”.

Atribuyó el repunte del mal, que es endémico de países tropicales como la República Dominicana, a que en ciertos años ocurre un incremento de las condiciones ambientales.

“Todo el año nosotros tenemos casos de dengue. Pero la enfermedad tiene un tipo de comportamiento variable desde el punto de vista epidemiológico; hay años que se incrementan los casos y se conoce que en periodos de tres a cinco años pueden producirse brotes y epidemias, entonces eso es lo que estamos viviendo en este momento”, explicó.

La doctora  Rosa Abreu dijo que luego de producirse la picadura del mosquito, los síntomas de la enfermedad suelen aparecer a los cinco o siete días. Añadió que al cuarto o séptimo día de iniciarse el cuadro febril, el mal epidémico entra en su periodo crítico.

Recomendó a la población buscar asistencia médica sin pérdida de tiempo ante presencia de fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares, dolor detrás de los ojos.

“En ese periodo crítico, que generalmente se verifica de 4 a 7 días de haber iniciado el cuadro febril, es cuando suelen presentarse las complicaciones y el paciente que va a tener dengue con signos de alarma presenta vómitos, dolor abdominal, mareos, debilidad o somnolencia”, precisó.

La galena manifestó que “en los niños es muy común que presenten irritabilidad, entonces el niño está inquieto, lloroso, no come, y la presencia de vómitos son también señales de alarma”.

Alertó particularmente a los padres en cuanto a síntomas en los infantes, como fiebre alta que no cede, o cede por momentos solo con la medicación, no querer comer ni ingerir líquidos, vómitos, debilidad general o somnolencia.

“Si no ingiere líquido o sólido hay que acudir inmediatamente, desde que comienza a disminuir la ingesta. Si el niño orina poco, es otro signo de alarma también, significa que se está deshidratando o ya está deshidratado, y eso puede incrementar la mortalidad”, advirtió.

LA ACCIÓN OFICIAL

Debido a la gravedad del caso, el Poder Ejecutivo dio inicio a un plan para combatir la reproducción del mosquito Aedes aegypti, que transmite la enfermedad.

En un acto encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, el ministro de Salud, doctor Daniel Rivera y los titulares de las instituciones que conforman el “Gabinete de Acción contra el Dengue”, empezaron la jornada de “Acción Nacional contra el Dengue.

“Vamos a movilizar el país con la integración de las diversas instituciones y entidades de la sociedad civil; promoveremos la prevención de enfermedad del dengue y otras producidas por vectores, porque nuestra población merece estar sana y en bienestar”, indicó la vicepresidenta Raquel Peña.

(San Juan, 11:00 a.m.) Exactamente un mes después de que el presidente de la República tomara la decisión de suspender las actividades comerciales y migratorias en la zona fronteriza con Haití, este domingo se reanudó el comercio en el mercado de Dajabón, comunidad localizada en la región noroeste dominicana.

Desde las primeras horas del día, una comisión de comerciantes de haitianos y dominicanos trabajó en los detalles finales de las conversaciones que tenían como objetivo alcanzar un acuerdo que facilitara la reactivación del comercio en esta área.

Se recuerda que como represalia a la decisión del gobierno de República Dominicana, los haitianos bloquearon las entradas que dan acceso al mercado bilateral por las provincias locales de Pedernales, Independencia, Elías Piña y Dajabón impidiendo el acceso de sus comerciantes al territorio nacional.

El cierre de la frontera ordenado el 15 de septiembre por el presidente Luis Abinader y posteriormente con flexibilización en lo que respecta a actividades comerciales, se relaciona con las demandas del gobierno dominicano para detener las obras de construcción de un canal de trasvase en el río Masacre, en la parte haitiana.

Se argumenta que la obra traerá graves consecuencias medioambientales y económicas debido a su impacto negativo en la producción agrícola de miles de agricultores situados río abajo.

El gobierno dominicano mantiene canceladas la parte migratoria por tiempo indefinido, la suspensión de visados a los ciudadanos del vecino país e impedimento de entrada a este territorio de unas 46 personalidades consideradas una amenaza para la República Dominicana, entre estas empresarios, ex ministros, antiguos legisladores y los líderes de las pandillas que promueven la violencia y la inseguridad en Haití.

Las conversaciones con los empresarios haitianos fueron promovidas por la delegación local liderada por el empresario Héctor Kilderes Taveras en las que estuvo presente el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza y Terrestre (Cesfront).