Economía Solidaria

El día 20 de marzo, el Tribunal Supremo emitió una opinión nefasta para el Pueblo de Puerto Rico. Según el juez Martínez, Puerto Rico es un territorio no incorporado de los Estados Unidos y, por lo tanto, no tiene soberanía propia. La opinión se emite en un caso sobre doble jurisdicción, en el cual personas juzgadas en el foro federal reclaman que juzgarlas en el foro estatal es una violación del principio que prohíbe la doble exposición. Tradicionalmente, y bajo un caso anterior, Pueblo v. Castro García, 120 DPR 740 (1988), Puerto Rico podía juzgar a un acusado por los mismos delitos por los cuales fue juzgado en el foro federal bajo el principio de la doble soberanía. En el esquema federal existen dos soberanías, la federal, que tiene poderes limitados y delegados, y la estatal, que es la soberanía primigenia. De acuerdo al Tribunal Supremo de Puerto Rico, nosotros seguimos siendo un territorio bajo la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos y, por lo tanto, no tenemos, ni nunca hemos tenido, soberanía propia.

La discusión, de corte democrático, que produjo el proyecto de ley de la Cámara Núm. 2329, conocido popularmente como el impuesto del IVA, merece todo nuestro respeto. Realmente hablando, a partir de la presentación del mismo por el gobernador, Alejandro García Padilla, del oficialista Partido Popular Democrático, todo el mundo asumió posiciones a favor o en contra, y salieron a la calle a protestar.

Un informe de la casa crediticia Moody’s expresa que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no tendrá el 1 de julio fondos para cumplir con sus bonistas y a la vez comenzar un programa de mejoras en sus instalaciones.

El País quiere captar empresas que quieran una puerta de entrada a los Estados Unidos.

En Puerto Rico hay empresas catalanas y españolas. Pero prácticamente todas son grandes. De catalanas, serían claros ejemplos Abertis y Gas Natural Fenosa. De españolas, Acciona, Mapfre o el Santander. Pero la isla caribeña, que tiene un estatus único de estado libre asociado a los Estados Unidos, quiere captar más inversión, entre otras cosas para enderezar su economía.

En toda la discusión sobre el IVA el gobierno ha insistido en que la única solución a la crisis fiscal es la de ellos. Usted escucha constantemente al gobernador colonial de turno, Alejandro García Padilla, y a legisladores de la mayoría decir que las personas que se oponen no presentan o tienen propuestas. Lo dicen por dos razones, primero porque ellos son intermediarios de los bonistas y segundo porque menosprecian al pueblo. Para ellos lo que usted diga no es importante solo lo que ellos dicen o creen vale.

San Juan- La ministra de Agricultura, Myrna Comas, advirtió ayer sobre la vulnerabilidad alimentaria de Puerto Rico ante la salida del mercado de la empresa naviera Horizon, que trasiega productos comestibles desde Estados Unidos.

Ayer, no hubo una vista sobre asuntos de Puerto Rico ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sino dos en Washington D. C. Por un lado, tenemos la vista donde se discutieron asuntos relacionados con los derechos de los niños, los inmigrantes, las mujeres, la pena de muerte, la trata humana y la comunidad LGBTT. Por otro lado, tenemos la vista, en la cual participó el profesor y licenciado Carmelo Campos de la Universidad del Sagrado Corazón, sobre la pena de muerte en el Gran Caribe. Dicha vista, obviada por los medios en Puerto Rico, reveló que en el Gran Caribe tenemos más territorios retencionistas, es decir que retienen la pena de muerte en sus códigos, que abolicionistas. Como afirmó el licenciado Campos, todos los territorios son abolicionistas, excepto los territorios de Estados Unidos. Entre esos territorios que no son abolicionistas está Puerto Rico. Ese tema adquirió visos políticos cuando César Miranda, secretario de Justicia de Puerto Rico, en la vista sobre los derechos humanos en la Isla, afirmó que era irreal que tuviera que responder por actos del Gobierno federal.

San Juan- Diputados del oficialista Partido Popular Democrático (PPD) anunciaron ayer siete medidas legislativas, entre ellos una reforma constitucional, que permita la reestructurar la deuda de más de 73 mil millones de dólares que tiene Puerto Rico.