Economía Solidaria

En el concierto Adentro el sábado pasado, el grupo musical más contestatario en América Latina y el Caribe, y de origen puertorriqueño, Calle 13, por vía de su cantante René Pérez, hizo manifestaciones abiertas en contra del último impuesto del Gobierno, llamada la “crudita”. Se trata de un impuesto, el número 85, que impone la administración del oficialista Partido Popular Democrático (PPD), y su gobernador Alejandro García Padilla, que se le adhiere al precio del barril de crudo de petróleo antes de entrar a la jurisdicción de Puerto Rico.

El 5 de noviembre de 2014 el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en un raro evento, emitió una opinión acerca de la crisis económica de Puerto Rico que contó con el apoyo de todos los miembros de dicho Tribunal. En el caso Oriental Bank vs. Parapi, S.E, (2014 TSPR 133), el Tribunal Supremo, por medio de la opinión escrita por la juez Pabón Charneco, dijo que la crisis económica en Puerto Rico no es base suficiente para reclamar la aplicación de la doctrina “rebus sic stantibus” en caso de una reclamación hipotecaria. Esta cláusula, “rebus sic stantibus”, constituye una defensa extraordinaria, según el Tribunal, que permitiría cambiar las disposiciones de un contrato y podría liberar a un deudor, en este caso un comerciante, del pago de una deuda o del cumplimiento de las disposiciones contractuales específicas.

Es curioso, pero la principal razón por la cual los boricuas se están yendo masivamente del País, sobre todo las personas en edades de 20 a 40 años y educadas, es por motivos económicos. No hay oportunidades en Puerto Rico. Así las cosas, la gente se va y se relocaliza en los EE. UU., donde todos y todas alegan que les va mejor. Esto independientemente que trabajan más horas a la semana, que tienen menos días de vacaciones al año y que, sobre todo, en algunos casos, tienen que recurrir al pluriempleo para poder vivir con cierta calidad. Dicho lo anterior, no existe cultura en Puerto Rico de transitar de la Isla a otras islas en el Caribe, donde la calidad de vida, utilizando exclusivamente el indicador de ingreso por habitante, es decir per cápita, es mejor que en Puerto Rico.

En un informe de la Reserva Federal del Banco de Nueva York, fechado el 31 de julio de 2014, se hacen recomendaciones que deberían ser miradas con detenimiento si queremos lograr un desarrollo social adecuado para Puerto Rico. El informe, que responde a ciertas perspectivas ideológicas capitalistas, es parte de las propuestas que el mercado está impulsando para promover la competitividad de Puerto Rico. Una de las debilidades de las respuestas de las autoridades de Puerto Rico es la selectividad con la que responden a este tipo de propuestas.

Esperando a que me atendiese el médico en la sala de espera de una oficina cerca de una zona turística me entretuve hablando con una señora mayor sobre varios temas. Ella tenía un sentido de humor privilegiado, pero me dejó pensando cuando me dijo que una vez saliese de la oficina del médico iba a ir al casino de un hotel cercano a botar su dinero en las máquinas de juego. Por poco le imploro que no lo hiciera, pero la verdad es que el asunto no era de mi incumbencia.

Santo Domingo- Los viajeros dominicanos que regresan después de seis meses en el exterior son beneficiados por el programa Gracia Navideña de la Dirección General de Aduanas.

La Universidad de Puerto Rico (UPR) ha sido fundamental en desarrollar el talento puertorriqueño a través de las décadas. De eso, para mí, no hay duda, a pesar de que en el escalafón mundial, la UPR está rezagada. En un mundo en que la tecnología está cambiando en años luces, cualquier universidad tiene que expandir sus programas de estudio e investigación en el renglón de las ciencias.

Ante la urgencia irresponsable, ambos cuerpos legislativos en Puerto Rico se fueron de vacaciones el pasado lunes. No aprobaron, a petición del gobernador Alejandro García Padilla, un nuevo impuesto sobre el barril de petróleo a ser importado a Puerto Rico de 4 centavos el barril. Parece una tontería, pero la misma se convierte en una millonada, que permitiría paliar la deuda que la Administración de Carreteras y Transportación (ACT) tiene con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF). La deuda de la principal agencia del Gobierno, con respecto a transporte vehicular, marítimo y de tren urbano, es con el banco del Gobierno, y la misma ronda sobre $2,200 mil millones de dólares.