La Habana- Cuba impulsa hoy (ayer) proyectos de desarrollo de energía renovable, a fin de modificar la estructura de la matriz energética, reducir la dependencia a los combustibles fósiles importados, los costos y la contaminación ambiental.

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SAN JUAN, Puerto Rico, 4 de julio de 2014 (NCM) – Mientras se acerca la posible quiebra del Estado en medio del asedio de acreedores y obreros, el Gobierno mantiene en secreto la información sobre la nueva ronda de despidos de empleados públicos, en tanto que la baja general sostenida en la creación de puestos de trabajo amenaza con retrasar ese aspecto del mercado laboral a lo que era hace cuarenta años.

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Actualmente, muchos de los gestores de proyectos que se encuentran en una etapa de germinación acuden a lo que se conoce como “crowdfunding” o financiamiento colectivo. Iniciativas que quizás no hubieran podido llevarse a cabo por ausencia del capital necesario, han logrado materializarse gracias a esta dinámica.

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Decía el viejo Carlos Marx en el siglo 19 que la historia se repite primero como tragedia y luego como farsa. Es decir, si no conocemos nuestro pasado, colectivo y humano, estamos condenados a repetir una y otra vez nuestros errores. De algo trata la presente situación en Puerto Rico, donde ayer la casa acreditadora Moody ́s degradó nuevamente los bonos, todos en esta ocasión, garantizados por el Gobierno de Puerto Rico. Lo lamentable es que tanto el capital corporativo de Puerto Rico, por su silencio, y la prensa corporativa del País, por su falta de compromiso crítico con la historia, se ven inmersos en un círculo de nunca saber cómo vamos a terminar.

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Con mucho entusiasmo, el Gobernador de Puerto Rico firmó el pasado viernes la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas. Dicha ley, conocida popularmente como la ley “criolla de quiebras”, estableció un sistema bastante sui generis para Puerto Rico, por el cual cada corporación cobijada por la ley puede reestructurar su deuda con sus acreedores, establecer planes de suspensión del pago de la deuda, y podrían establecer mecanismos de privatización parcial de ciertos componentes de la corporación. Lo que todos los políticos han reafirmado, incluyendo la secretaria del Departamento de Hacienda, Melba Acosta, es que esta ley no está para promover despidos de empleados.

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